Al
pronunciarse por la pronta aprobación de una Ley General contra las desapariciones
forzadas y por particulares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó la existencia de 855 fosas
clandestinas en 18 entidades del país de las que se exhumaron mil 548 cadáveres
del 1 de enero de 2007 a septiembre del año pasado.
De acuerdo a
información proporcionada por procuradurías y fiscalías locales, integrada en
el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas, del
que fue responsable el primer visitador, Ismael Eslava Pérez, dichas autoridades reportaron el rescate de
mil 548 cadáveres, de los cuales se habían identificado a 796 personas.
Al señalar
que en la documentación del informe especial, realizado durante varios meses y
que implicó, entre otras cosas, la elaboración de 589 oficios, el primer
visitador destacó que los estados con
mayor número de fosas reportadas oficialmente son Guerrero, con 195; Nuevo León
y Veracruz, con 191 cada uno; Zacatecas, 83; Coahuila, 51; Colima, 35; San Luis
Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17, y Sonora, 12.
Entre los
datos aportados por las fiscalías de Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz, destaca que se exhumaron o localizaron 35
mil 958 “fragmentos óseos y/o humanos”, de los cuales 13 mil 825 corresponden
al primero y 21 mil 874 al último estado.
Eslava,
quien expresó su “inconformidad e insatisfacción con la información remitida en
diferentes momentos por los órganos de procuración de justicia de las entidades
federativas del país”, apuntó que entidades
en las que las autoridades NO atendieron las solicitudes de información del
organismo nacional fueron Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sinaloa y
Tamaulipas, en tanto que en estados como Baja California, Chiapas, Guanajuato,
Michoacán, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y la Ciudad de México, “señalaron que no
contaban con antecedente alguno relacionado” con el hallazgo de fosas.
Llama la atención la falta de
información a la CNDH sobre la situación de fosas en esos estados, toda vez que
en el mismo documento se da cuenta de que entre algunos de ellos están entre
los 11 que acumulan el 82.7% de los reportes de desaparecidos en el Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que hasta
octubre del año pasado sumaba 29 mil 903 víctimas, de las cuales 28 mil 937 son
del fuero común y 966 del federal.
De los casos
del fuero común, Tamaulipas tiene 5 mil
563 casos, seguido del Estado de México, con 2 mil 984; Jalisco, con 2 mil 523;
Sinaloa, 2 mil 385; Nuevo León, 2 mil 374; Chihuahua, mil 933; Coahuila, mil
620; Sonora, mil 288; Guerrero, mil 155; Puebla, mil 080, y Michoacán, mil 029.
En una
amplia presentación del informe, que pugna por la conformación de un Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, bajo un esquema muy similar al
de la Comisión Nacional de Búsqueda, propuesta por familiares de víctimas,
Eslava destacó que en un ejercicio de revisión hemerográfica, del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre
de 2016, el organismo identificó mil 143 fosas clandestinas y la exhumación de
3 mil 230 cadáveres o restos humanos.
Entre los reproches que hizo el
visitador a los órganos de procuración de justicia consultados, es que no se
proporcionó información clasificada adecuadamente en los diferentes tipos de
desaparición, si eran forzadas o por particulares, extraviados no localizados o
ausentes “para referirse a todas aquellas personas de las que se desconoce su
paradero”, por lo que para el organismo “resulta
complejo conocer cuántos acontecimientos derivaron de una conducta delictiva
imputada y/o cometida por agentes del estado o particulares y cuáles obedecen a
otras circunstancias”.
Sobre expedientes de desaparición
forzada, Eslava dijo que a nivel federal se informó a la CNDH de la apertura de
137 averiguaciones previas, entre enero de 2014 y diciembre de 2015, de las
cuales 62 se cerraron por incompetencia; se declararon 12 no ejercicios de
acción penal, mientras que por información proporcionada al Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU, se sabe que hay seis sentencias.
A nivel de los estados, la CNDH tuvo información
de 260 averiguaciones previas por desaparición forzada hasta 2015, de las cuales, en mayo de 2016, 162
eran investigaciones en trámite; 19 en reserva; en 20 los agentes del
ministerio público se declararon incompetentes; cuatro fueron enviadas al
archivo; 20 más fueron declaradas como no ejercicio de acción penal, en una se
llegó a un acuerdo de “no investigar”, y en 24 casos no se tuvo información de
la situación jurídica.
Del total de
casos por los que las entidades federativas abrieron una averiguación previa, sólo
fueron consignados nueve a autoridades judiciales en los estados de Chihuahua,
Coahuila, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa, sin que al momento se sepa si existe
una sentencia.
En
conferencia de prensa, al ser
cuestionado por el número de quejas abiertas por la CNDH por desaparición
forzada, Eslava se limitó a decir que el organismo investiga al momento 24
quejas, en las que estarían involucradas tanto autoridades federales como
estatales, como ocurre en Papantla y Tierra Blanca, Veracruz, en los que tres y
cinco personas fueron víctimas de policías estatales el año pasado.
En su
informe, Eslava ofreció un diagnóstico de la serie de irregularidades
detectadas en las investigaciones sobre desapariciones, a partir de tomar una
muestra de 100 expedientes ministeriales, en los que fue evidente las fallas
estructurales así como que “los servidores públicos responsables de su
integración no realizaron una investigación pronta, exhaustiva e imparcial”.
Tras
reconocer la labor de familiares de desaparecidos y organizaciones sociales
para “colocar en la agenda nacional e internacional” la problemática de las desapariciones
en México, Eslava señaló que el
organismo emitió 102 recomendaciones dirigidas al secretario de Gobernación, al
Congreso del Unión, la Cámara de Senadores, gobernadores de los estados y jefe
de gobierno de la Ciudad de México, el comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México; a los titulares de la Procuraduría General
de la República y de las procuradurías y fiscalías generales de las entidades
del país.
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