El gobernador Héctor Astudillo Flores
se ha negado a hablar de la fosa común de Acapulco, donde autoridades
ministeriales han depositado decenas de cuerpos sin control alguno y violando
el protocolo para el tratamiento e identificación forense.
“Le voy a pedir al fiscal (Xavier
Olea Peláez) que dé alguna información, porque es la primera ocasión que
escucho eso”,
expresó el mandatario en una entrevista al término de un acto oficial en esta
capital.
Con esa
declaración, Astudillo hizo caso omiso a
la exigencia de familiares de personas desaparecidas de Acapulco para que se
abra la fosa común ubicada en el panteón municipal de El Palmar, con objeto de exhumar
todos los cuerpos y revertir las irregularidades cometidas por el gobierno
estatal.
De acuerdo
con un trabajo realizado por Apro esta semana, el caso de la fosa común del puerto es similar al de las tumbas
clandestinas halladas en Jojutla, Morelos, donde autoridades ministeriales
inhumaron cuerpos sin cadena de custodia.
Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre “personas desaparecidas y
fosas clandestinas en el país”, e informó que el estado de Guerrero ocupa el
primer lugar a escala nacional en número de fosas clandestinas documentadas
oficialmente, con 195 casos en 2016.
Familiares de víctimas han acusado al
gobierno de Astudillo de ser omiso e indolente frente al tema de los
desaparecidos, fosas y cuerpos sin identificar en la entidad.
Incluso integrantes de la Comisión Estatal de
Atención a Víctimas han protagonizado pleitos personales y se disputan el
presupuesto asignado por el gobierno estatal, que asciende a nueve millones de
pesos, en lugar de hacer un trabajo coordinado con familiares de desaparecidos.
El pasado
miércoles 5 Apro dio a conocer que las
víctimas que integran el colectivo denominado ‘Familias de Acapulco en busca de
sus desaparecidos’, reprocharon el “silencio cómplice” del mandatario.
“A ninguna autoridad le interesa
abrir la fosa de Acapulco porque no quieren afectar la imagen turística del
puerto y se niegan a darle respuesta a las familias que buscan a sus
desaparecidos”,
expresó el profesor Ciro Fuentes Urióstegui, padre de un joven docente
desaparecido desde 2013.
Y subrayó
que funcionarios de la Procuraduría
General de la República (PGR) se niegan a intervenir en el caso de la fosa
común de Acapulco, argumentando que los únicos tres peritos certificados que
tienen se encuentran realizando labores en Jojutla, Morelos.
El fiscal estatal Xavier Olea Peláez
y el gobernador Astudillo, agregó, no han mostrado voluntad por abrir la fosa
común para saber cuántos cuerpos fueron inhumados de forma irregular en bolsas
de plástico, amontonados, sin cadena de custodia ni perfil genético.
Fuentes
Urióstegui también dijo que la mayoría del personal que labora en la dirección
de Servicios Periciales –dependiente de la Fiscalía estatal y encabezada por
Pedro Ocampo Lara, quien además no cuenta con cédula profesional– no está
certificado, situación que calificó como grave.
El lunes 3,
Apro difundió el texto titulado “La pérdida de un cadáver en fosa de Acapulco
exhibe violación a normas del tratamiento forense”, en el que se indica que la batalla legal de un padre que busca a su
hijo desaparecido hace cuatro años exhibió el primer caso documentado sobre la
pérdida de un cadáver que oficialmente se encontraba en una fosa común ubicada
en Acapulco, donde el gobierno estatal ha inhumado desde 2010 y de manera
inadecuada –sin cadena de custodia, apilados y cubiertos con tierra– un número
indeterminado de restos humanos que permanecen sin identificar en ese destino
turístico.
Incluso
desde el año pasado Apro ha documentado los negocios al amparo del poder del
gobernador Astudillo, quien benefició a su compadre y actual dirigente estatal
del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, con recursos económicos destinados para
darle trato digno a los cuerpos que han sido exhumados en fosas comunes y
permanecen sin identificar.
En
septiembre pasado, funcionarios del gobierno de Astudillo anunciaron la creación del primer Panteón Forense Estatal, conocido
ahora como “el cementerio de botellas”, construido en medio de la opacidad en
un panteón particular propiedad de Huicochea Vázquez, al poniente de esta
capital.
A principios
de este año las autoridades proyectaron
depositar en “el cementerio de botellas al menos 460 cuerpos que permanecen sin
identificar en las unidades del Servicio Médico Forense de Iguala, Chilpancingo
y Acapulco.
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