El gobierno de Estados Unidos tiene
la prioridad sobre el de México en la solicitud de extradición a Italia del
exgobernador priista de Tamaulipas Tomas Yarrington, acusado en el estado de
Texas de delitos de relacionados al lavado de dinero y tráfico de drogas.
“Fue en el gobierno del expresidente
Barack Obama cuando solicitamos al de Italia la ubicación, arresto y
extradición del señor Yarrington”, explicó a Apro el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos.
Sin precisar
la fecha exacta del pedido a Italia –por tratarse de un proceso judicial en
curso-, el gobierno de Estados Unidos
está seguro de que recibirá a Yarrington en las próximas horas.
El encausamiento judicial contra el
exmandatario tamaulipeco en la Corte Federal en Brownsville, Texas, fundamenta
la solicitud de ubicación, captura y extradición que envió el gobierno del
expresidente Obama al gobierno italiano.
“Estados Unidos fue el primero en
pedir a Italia la extradición del señor Yarrington. Aunque hubo colaboración posterior
con las autoridades mexicanas, las italianas y la Interpol para la conclusión
de este caso”, subrayó el Departamento de Justicia.
El pasado 21
de marzo, el procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes, estuvo
en Washington realizando una visita de trabajo, durante la cual se entrevistó
con su homólogo estadunidense Jeff Sessions.
Funcionarios
del Departamento de Justicia confirmaron este lunes a Apro, que en dicha
reunión Cervantes solicitó a Sessions la colaboración de Estados Unidos para
fortalecer en Italia las tareas de ubicación y captura de Yarrington.
Desde el 17
de diciembre de 2012, el gobierno de México había pedido la participación de la
Interpol para capturar a Yarrington.
Pese a tener una antigüedad de cinco
años y tres meses, la emisión de la ficha roja pedida por México no había
resultado en nada, y el arresto de Yarrington vino 14 días después de la reunión
entre Cervantes y Sessions.
Por los delitos que le imputan en
Texas y de ser declarado culpable durante un juicio, luego de su extradición,
el exgobernador priista enfrentaría una sentencia mínima de 50 años de cárcel o
cadena perpetua como castigo máximo.
La reducción de sentencias en Estados
Unidos para el caso de criminales acusados de tráfico de drogas y lavado de
dinero es un mecanismo que podría estar al alcance de Yarrington, siempre y
cuando el exmandatario estuviera dispuesto a cooperar.
Para
convertirse en testigo protegido o recibir una sentencia menos severa a la que
le compete a los delitos que le achaca Estados Unidos, Yarrington tendría que proporcionar datos sobre la operación de los
cárteles del Golfo y Los Zetas en Tamaulipas durante su mandato, así como los
nombres de funcionarios públicos a todos los niveles de gobierno que recibían
dinero del narcotráfico.
Toda
información proporcionada por testigos protegidos o criminales que reciben
sentencias menos severas a cambio de su colaboración, el gobierno de Estados
Unidos la integra a expedientes criminales contra otras personas a quienes
investiga o sobre los cuales está elaborando encausamientos judiciales.
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