Extraditarlo a México es un regalo no merecido.

Dolia Estévez.

México tiene un Estado de derecho disfuncional y plagado de corrupción. Su acusación contra el ex gobernador priista de Tamaulipas es pusilánime y sin pruebas. Acusarlo de “delitos contra la salud” es un despropósito. Un insulto a las miles de víctimas de los carteles para los que trabajó. Tomás Yarrington es un bad hombre que usó y abusó el ejercicio del poder público para cometer delitos graves en beneficio de su patrimonio personal.

En contrapartida, la acusación con once cargos criminales interpuesta en Texas en su contra es sólido y fundamentada en pruebas y testimonios de primera mano. No está politizada ni dulcificada. Yarrington, capturado en Italia el domingo por petición de EU, le pertenece a EU.

Sin embargo, EU y México están disputando su extradición. Qué decidirá la justicia italiana es fuente de especulación. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo estar trabajando conjuntamente con la PGR las estrategias jurídicas a fin de que Yarrington enfrente la justicia en ambos países, “de conformidad con la fuerte colaboración que existe en materia de procuración de justicia”. El declarante declinó abundar.

“Si fue acusado aquí y está bajo custodia en el extranjero, lo queremos en Estados Unidos. Sobra decirlo”, me dijo Rusty Payne, vocero de la DEA.

EU es donde Yarrington merece ser juzgado. EU garantiza que no volverá a ver la luz del día. El Chapo Guzmán, extraditado en enero, se pudre en una prisión de máxima seguridad en Manhattan a prueba de fugas; Alfredo Beltrán Leyva, extraditado en 2014, fue condenado a cadena perpetua en la capital estadounidense. La fiscalía argumentó que con menos años el ex socio de El Chapo podía regresar a México a la “misma vida”. Yarrington sería el segundo gobernador priista en ser extraditado a EU.

El temor de que México suelte a Yarrington no es fortuito. Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato de Camarena por quien EU ofrece 5 millones de dólares de recompensa, fue dejado en libertad por un tribunal jalisciense. Hoy es prófugo de la justicia estadounidense. No faltará el juez corrupto que le muestre la puerta a Yarrington ante la impotencia de la PGR.

Como Gobernador, de 1999 a 2005, Yarrington entregó Tamaulipas al Cartel del Golfo y su sanguinario brazo armado Los Zetas. A cambio de sumas millonarias recibidas durante y después de dejar el cargo, permitió el trasiego de cocaína a EU. Los fondos eran lavados en el sector inmobiliario y bancos texanos por una red de prestanombres a su servicio.

En diciembre de 2013, el gobierno de EU interpuso una acusación contra Yarrington y su prestanombre Fernando Cano Martínez (fugitivo) por once delitos criminales. Entre éstos destacan conspiración para distribuir drogas, tráfico de cocaína y conspiración para cometer delitos financieros. Poco después, EU solicitó a México la detención del político con fines de extradición, pero la PGR no hizo nada para impedir su fuga.

La investigación contra Yarrington empezó en noviembre de 2011 cuando Los Zetas dejaron sobre el cadáver de Alfonso Peña Argüelles una manta acusándolo de haberse robado 5 millones de dólares y de haber mandado matar a “RODOLFO TORRE CANTÚ [candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas] PORQUE AFECTABA LOS INTERESES DE LAS COMPAÑÍAS QUE TIENE OSIEL CÁRDENAS [preso en Colorado] Y TOMAS YARRINGTON QUE TIENEN SOCIEDAD”.

Antonio Peña Argüelles, hermano del ejecutado, salió huyendo de Nuevo Laredo a San Antonio, donde fue arrestado. Las autoridades dijeron que Peña Argüelles era el intermediario entre Los Zetas y Yarrington. Quedó en libertad en 2014 después de declararse culpable de lavado de dinero y cumplir dos años de prisión. Peña Argüelles, a quien se permitió quedarse en Texas, será uno de los testigos clave en el juicio contra Yarrington. Buena parte de la acusación se basa en su testimonio.

Hace apenas tres años Yarrington negaba vehemente y ofendido las imputaciones que atribuía a una persecución política del gobierno de Felipe Calderón. En 2013, reviró porque lo incluí entre “Los 10 Mexicanos Más Corruptos” que publiqué en Forbes (en inglés). Instruyó a Marco Tulio Ruiz, su abogado, enviar un comunicado a los medios diciendo que mi texto estaba basado en “percepciones” y la percepción, “no siempre es la realidad”.

‏Con 272 seguidores @contactotyr, “cuenta oficial” en Twitter de la defensa de Yarrington, se quejó de que sólo hubiera políticos, “cuando la corrupción invade todos los ámbitos de acción en el país”. Me acusaron de hacer periodismo para México, “un país inclinado a aceptar la percepción como noticia”.

Cuando tenía poder y conexiones con la élite del PRI, Yarrington era bien aceptado en EU. Mantuvo relaciones cercanas con gobernadores de los estados fronterizos. En las reuniones anuales de éstos y sus contrapartes mexicanas, participaba en cabalgatas con el entonces gobernador de Texas George W. Bush. Coincidió con Rick Perry, sucesor de Bush y secretario de Energía de Trump, en la conferencia de gobernadores de 2004.

Años después, cuando Barack Obama nombró a la ex Gobernadora de Arizona Janet Napolitano titular de Seguridad interna, en su despacho había una fotografía de Yarrington y otros gobernadores cabalgando sonrientes. Napolitano era la única mujer.

En Google hay fotos de Yarrington con Bush, Perry, Ernesto Zedillo y Peña Nieto. Testimonios del contubernio del acusado con la clase política en ambos lados de la frontera. “Tomás es fabuloso, trabajé con él mucho”, dijo Bush durante su campaña a la presidencia en 2000.

Para esas fechas, según la acusación, Yarrington llevaba dos años coludido con los cárteles. Tiempos de impunidad en los que los estadounidenses festejaban al narco gobernador tamaulipeco. No estaban enterados o hicieron como si no estuvieran enterados. Los políticos miran lo que quieren ver y ponen el rostro contra la pared para no ver lo que no quieren.