Con el argumento de que no causa
perjuicio directo, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desecharon dos denuncias
presentadas contra el decreto emitido por el Congreso del Estado de México para
entregar 64 apoyos sociales durante las campañas electorales en esa entidad.
La decisión
del Tribunal se tomó en la sesión del martes 11 de abril y luego de que los
magistrados resolvieron los juicios electorales presentados por el PAN y por
una ciudadana identificada como Gloria Hernández Vázquez, quienes impugnaron el Decreto 197, emitido por el Congreso del Estado
de México, que establece que el gobierno del estado mantendrá en operación
los programas por su naturaleza de
atención a grupos vulnerables.
Dichos
programas incluyen el reparto de desayunos escolares, becas estudiantiles, y
las acciones encaminadas a atender la alerta de género declarada en la entidad.
Además, el decreto autoriza también la
operación de programas de reparto de dinero en efectivo, bienes muebles y
materiales de construcción.
La decisión sobre la entrega de
apoyos se tomó sin una discusión, puesto que la Sala Superior del Tribunal
Electoral determinó que el decreto votado por el Congreso local no causa
perjuicio directo a los quejosos.
En el caso
específico del juicio presentado por Gloria Hernández Vázquez, el Tribunal electoral consideró que su
impugnación carece de interés jurídico.
“Se propone
desechar de plano los juicios electorales 21 y 22, promovidos contra la LIX
Legislatura del Estado de México por la emisión del decreto relativo a la no
suspensión de programas sociales durante el proceso electoral que se desarrolla
en la entidad, pues se estima que éste no causa perjuicio directo a los
promoventes por su sola entrada en vigor”, indicó el proyecto, el cual fue
desechado por unanimidad de votos.
“Aunado a que en el segundo de los
medios de impugnación referidos se considera que la actora carece de interés
jurídico para controvertir normas legislativas en abstracto”, agregó.
El pasado 3
de abril, Animal Político publicó que el
Decreto 197, emitido el pasado 31 de marzo, autoriza la operación de 64
programas de atención social durante el periodo de campañas electorales.
Este decreto
se dio tres días después de que la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR), diera a
conocer que en el Estado de México existen 117 denuncias por condicionamiento
de programas sociales, en el marco del proceso electoral.
Ese mismo 3
de abril, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, pidió a los
alcaldes y funcionarios mexiquenses garantizar que las leyes electorales se
cumplan en esa entidad de cara a la próxima elección de mandatario estatal.
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