Ana Cristina Ledezma, secretaria
ejecutiva del Sistema y Consejo Estatal de Seguridad Pública en la entidad,
retomó las denuncias que ese organismo interpuso ante la Fiscalía General del
Estado (FGE) por el presunto desvío de 59 millones de pesos destinados a la
infraestructura del sistema policial.
En
entrevista con reporteros del Puerto de Veracruz, Ledezma destacó que la querella penal –de la que no proporcionó carpeta
de investigación en curso– es por recursos federales etiquetados para
construcción de edificios, infraestructura, mejoramiento de personal, de
equipo, el cual –acusó– no fue ejercido.
La querella
penal fue puesta en contra de quien resulte responsable, aunque Ledezma dijo que se podría citar a declarar a sus antecesores,
los duartistas Juan Antonio Nemi Dib (exsecretario particular de Javier Duarte
y extitular de Salud) y a Francisco Portilla Bonilla (exdiputado local y
alcalde de Córdoba en la gestión de Duarte de Ochoa).
La funcionaria panista señaló que por
esta malversación de fondos públicos quedaron pendientes la construcción de un
Centro de Prevención del Delito y un inmueble para el Sistema Estatal de
Coordinación.
Esta es la quinta denuncia penal que
recibe en un año la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de
Duarte, en el tiempo que fungió como titular Arturo Bermúdez Zurita,
actualmente en prisión, pero por los delitos de enriquecimiento ilícito,
peculado y abusado de autoridad.
En 120 días del gobierno de Yunes
Linares, sus funcionarios han caído en una estrategia de “denunciatitis”, en
donde presentan ante la Fiscalía querellas penales en contra de sus
antecesores.
Tan es así que el portal de
transparencia de la FGE da cuenta de casi 800 denuncias en contra de ex
servidores públicos del gobierno de Javier Duarte, e incluso el propio fiscal
Jorge Winckler ha dicho que hay 300 servidores públicos en investigación por
malversación de recursos, peculado, enriquecimiento ilícito, coalición y abuso
de autoridad, entre otros.
Actualmente se encuentran en prisión
el propio Bermúdez Zurita; el exgobernador interino Flavino Ríos –cuya prisión
preventiva la cumple en un hospital privado, pues tiene problemas
cardiovasculares–; el extesorero Mauricio Audirac, y el exsecretario de
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Francisco Valencia.
Prófugos de la justicia se encuentran
el exdirector del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, y el ex subsecretario de
Finanzas, Carlos Aguirre Morales.
En el caso
de Bermúdez Zurita, Apro resaltó que en cuatro años de gobierno (2011-2015)
gastó 393 millones 23 mil 483 pesos en parque vehicular, según revela la
solicitud de transparencia SSP/UAI/597/2015 –en poder del reportero–, recursos
de los que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quedó a deber más de 200 millones,
originando un daño patrimonial en la Cuenta Pública Consolidada 2014.
La compra del parque vehicular, tipo
de vehículos, costos, facturas y demás fue cataloga como “reservada”,
“confidencial” y “restringida” por la SSP, ello pese a que Duarte y Bermúdez
presumieron en noviembre del 2014 que “se compraron” tanques Gurkha, camionetas
Suburban con el techo semidescubierto para llevar un francotirador de avanzada
y con alto blindaje, camionetas pick up 4×4 todo terreno, vehículos deportivos
Charger, cuatrimotos, motocicletas BMW –para la escolta de altos funcionarios
del gobierno– y otras camionetas más austeras para el resto de la tropa.
De este
dinero, la ASF detectó un presunto “daño
patrimonial” de 98 millones 160 mil 600 pesos del subsidio para el
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando
Policial.
Sumado a
ello, los proveedores y distribuidores
de automóviles de Veracruz han venido publicando desplegados en periódicos
locales en los que continúan quejándose de que el gobierno compró decenas de
camionetas para seguridad que aún no liquida.
Además, la
ASF detectó otro manejo irregular de recursos. En el Subsidio para la
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 2014, el gobierno de
Duarte abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos, donde se
recibieron 29 millones 744 mil 900 pesos. De esa cantidad la entidad transfirió
28 millones 900 mil pesos “de manera anormal” a una cuenta bancaria a nombre
del gobierno del estado en dos ocasiones: el 15 de mayo y el 24 de octubre de
2014. Sin embargo, no especificó el
número de esa cuenta… y el numerario tampoco apareció.
En marzo de
2013 un grupo de legisladores del PAN, encabezados por el senador Fernando
Yunes Márquez, interpuso una denuncia penal en la PGR contra el gobernador
Javier Duarte y varios de sus colaboradores por su presunta responsabilidad en
el desvío de unos 5 mil millones de pesos.
De ese
desvío, en el rubro de seguridad pública, se hace énfasis en la dependencia que
dirige Arturo Bermúdez, pues el recurso detectado por la ASF fue de 98 millones
160 mil 600 pesos del subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, en 2011 y 2012.
En estos
pasivos resarcitorios ante la ASF no se consideraron las deudas a proveedores,
contratistas y terceros institucionales, y actualmente
la SSP debe unos mil 615 millones de pesos a más de 315 proveedores.
En este caso destaca un pasivo de 196
millones 234 mil pesos a Abastecedora de Víveres SA; 22 millones 225 mil pesos
a la empresa Cassidian México SA; 18 millones 417 mil pesos al Centro de
Investigación en Seguridad SA, y 27 millones 717 mil pesos a Comercializadora
Palveg, por mencionar sólo a algunos de quienes siguen esperando su pago.
Apro tuvo
acceso a la carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII, en la que se
detalla la evolución patrimonial de Bermúdez
Zurita –conocido al interior de la SSP como Capitán Tormenta–, quien reportó
ingresos por un total de 8 millones 229 mil pesos en el sexenio de Javier
Duarte de Ochoa, según recibos de nómina de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan).
Sin embargo,
adquirió bienes inmuebles por 42 millones
737 mil pesos, aunque con valor comercial de 86 millones 773 mil pesos, en el
mismo periodo.
Ello fue fundamental para que a
Bermúdez se le girara orden de aprehensión en su contra derivada de la causa
penal 13/2017.
Un dictamen de evaluación patrimonial
emitido por el perito Luis Miguel Olvera alude a que el funcionario priista
“incrementó” sus bienes comerciales en 64 millones 733 mil pesos, lo que es
discordante con los 8 millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el
sexenio, y con su percepción anual de 2011 –primer año del anterior sexenio–,
cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil 241 pesos.
El llamado Capitán Tormenta,
criticado por colectivos de familiares de desaparecidos, medios de comunicación
y reporteros de nota roja que padecieron en carne propia el ánimo represor de
la SSP, fue
protagonista en algunos memes en redes sociales este fin de semana.
En el oficio
406 del Poder Judicial del Estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, donde se
acuerda la orden de aprehensión en contra de Arturo Bermúdez, se puntualiza que
su declaración patrimonial sólo incluye
los bienes inmuebles adscritos a su persona, y no los del resto de sus
familiares, cuyos propiedades abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya,
así como operadoras de viajes turísticos.
Otra
observación relevante en la carpeta de investigación 236/2016 señala que al
término de 2012 Arturo Bermúdez registró adquisiciones de bienes inmuebles por
17 millones 496 mil pesos, aunque con un valor comercial de 20 millones 689 mil
pesos, mientras que en 2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial no registró
cambio alguno, pero en 2016 (con corte a agosto pasado), la fortuna del exjefe
policiaco ascendió a 42 millones 737 mil pesos en bienes inmuebles con un valor
comercial de 64 millones 733 mil pesos.
Entre los bienes de Bermúdez destacan
lavanderías, propiedades en Texas, Estados Unidos, así como casas en Xalapa,
zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y la propia Ciudad de México.
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