De los 32 gobernadores que han administrado el país a la par
del sexenio de Enrique Peña Nieto, sólo
entre los 22 que son priistas han desviado alrededor de 258 mil 829 millones
185 mil pesos de los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y
resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Hasta el momento, sólo
cinco de ellos han sido detenidos o tienen orden de aprehensión y cuatro han
sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). Entre sus
señalamientos destacan ropa de lujo, mansiones, un banco o un rancho con lago
incluido.
De mayor a menor monto desviado, según lo que se ha
documentado, destacan las gestiones del ex Gobernador de Chihuahua, César
Duarte Jáquez (2010-2016), buscado por la Interpol, y la del ex Gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), recién detenido en Guatemala.
Pero los Duarte sólo
son una parte del desfalco total de los mandatarios emanados del PRI a las
entidades del país.
Un juez dictó un auto de formal prisión en contra del
chihuahuense a finales de mayo, pero desde que circuló una fotografía del
priista en Texas, Estados Unidos, se desconoce su ubicación.
Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre de 2014, la
Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos, que sumaron 80 mil
millones de pesos, de sus propios fondos públicos a la Unión de Crédito
Progreso, el banco del que Duarte Jáquez es socio. En un sólo día, el 2 de
diciembre de 2013, el Gobierno de Chihuahua depositó al banco mil 208 millones
de pesos.
Además, en noviembre
pasado, el panista Gustavo Madero denunció al ex Gobernador por el supuesto
desvío de al menos 500 millones de pesos a través de empresas fantasma.
La actual administración de Chihuahua ha evidenciado también
el desfalco de César Duarte. El Gobernador Javier Corral lo ha acusado de tener
una “red de corrupción”; y el Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes,
documentó que la deuda del estado creció 284 por ciento durante la gestión del
priista al pasar de 12 mil 547 millones a 55 mil millones de pesos. En relación
al Producto Interno Bruto Estatal (PIB), la deuda equivale a 8.3 por ciento, lo
que la pone como la más alta en todo el país.
Javier Duarte de Ochoa, también buscado por la Interpol y
localizado el 15 de abril en un hotel de Guatemala, es señalado por
delincuencia organizada y desvío de recursos tras 186 días de permanecer
fugado.
La ASF presentó 54 denuncias penales ante la PGR por
irregularidades en el manejo del dinero público en su administración en
Veracruz (2010-2016). Documentó un manejo irregular de 35 mil millones de pesos
y durante su audiencia en el país sudamericano se le señaló de manejar una red
de corrupción.
Por nivel de desfalco
le sigue el actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez. Este abril, la bancada del Partido
Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Coahuila denunció ante la PGR al
Gobernador por el desvío de 32 mil millones de pesos durante su administración
y la de su hermano, Humberto Moreira.
De acuerdo con información de la cuenta pública y del Sistema
Integral de Inversión Pública (SIP), de 2006 a 2011 se declaró esa cantidad
como inversión, pero no constan como realizadas en ningún lado. En septiembre
de 2016, el Blanquiazul también denunció penalmente a Rubén Moreira por el
presunto desvío de 160 millones de pesos a empresas fantasma.
El cuarto lugar es para
el priista Aristóteles Sandoval Díaz, quien ha gobernado
Jalisco desde 2013. La Auditoría Superior de la Federación llamó a aclarar
el uso de 17 mil 500 millones de pesos de 2011 a 2015.
Jalisco figuró entre los estados con más observaciones por
parte de la ASF a nivel nacional en sus cuentas públicas 2015, publicadas en
febrero de este año. En el ejercicio fiscal de 2015 la entidad fue alertada por
2 mil 290 millones de pesos.
El quinto sitio en
cuanto a mayor desvío lo ocupa la gestión del Gobernador del Estado de México,
Eruviel Ávila Villegas.
El Informe General de la Cuenta Pública 2015 de la ASF expuso
que su Gobierno debe rendir cuentas y aclarar el desvío de 3 mil 603 millones
de pesos que recibió a través de fondos y programas federales durante 2015.
De 20 observaciones, el gobierno mexiquense sólo ha aclarado
tres.
LOS QUE COMPLETAN EL TOP 10.
El erario público de Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Quintana
Roo y Colima también ha sido víctima del PRI.
Al norte del país,
Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León (2009-2015), estuvo en prisión
preventiva en el penal de Topo Chico, en Monterrey el año pasado. Fue acusado
por peculado y daño patrimonial al erario público por 3 mil 567 millones 967
mil 469 pesos por incentivos ilegales y exención de impuestos a la automotriz
coreana KIA, la cual estableció una planta en el municipio Pesquería.
Sin embargo, el priista salió libre en menos de un día porque
el juez consideró que no había riesgo de fuga, ya que se había presentado a
comparecer con anterioridad. Los delitos que se le imputan merecen penas de uno
a 12 años de prisión. Medina, no obstante, aseguró que no ha cometido ninguno y
acusó el daño a su imagen. El siete de abril acudió a la Fiscalía
Anticorrupción estatal a declarar.
En mayo del 2013, el programa “Telereportaje” de la estación
de radio XEVT en Villahermosa, Tabasco, difundió un audio en donde al entonces Gobernador Andrés Granier Melo
(2007-2012) se le escucha afirmar que tiene 400 pares de zapatos, mil camisas,
400 pantalones y 300 trajes de marca de lujo, los cuales, aseguró, compró en
tiendas de Rodeo Drive, en Los Angeles, California, y de Saks, en la Quinta
Avenida, en Nueva York. El priista aceptó haberlo dicho por estar “pasado de
copas”.
Granier Melo ha estado encarcelado desde 2013 en el penal de
Tepepan, en la Ciudad de México, por operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
La Procuraduría de Tabasco lo acusó de dañar las finanzas de
la entidad sureña al dejar una deuda pública por 20 mil millones de pesos y por
la desaparición de 2 mil 604 millones en efectivo de las bóvedas de la
Secretaría de Finanzas estatal a finales de su último año de sexenio. En julio
de 2016 un juez lo acusó de defraudación fiscal por 224 mil 352 pesos.
El último priista en
asumir una guberantura durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto fue
Fausto Vallejo Figueroa, ex Gobernador de Michoacán (2012-2014).
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán lo investiga
por desviar 2 mil 323 millones de pesos. El priista, quien también es señalado
por su relación con el crimen organizado, instruyó a su ex Secretaria de
Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, a desviar los recursos del erario público.
Al sureste del país,
Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo (2011-2016), es señalado por un daño
patrimonial al estado por más de 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con el coordinador del Eje de Finanzas y
Contraloría, Juan Vergara Fernández, el gobierno de Borge no ingresó mil 928
millones a los fideicomisos de promoción turística del Estado. Además, el
empresario Carlos Mimenza lo demandó ante la PGR por un supuesto desvío de 200
millones de pesos a través de 26 empresas fantasma.
El décimo lugar, en
cuanto a mayor monto desviado, le pertenece a Mario Anguiano Moreno, ex
Gobernador de Colima
(2009-2015). El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
(Osafig) estatal reportó que su administración desvío más de 2 mil 119 millones
de pesos.
El informe, que cubre 2013, 2014 y 2015, detalló que el
desvío más grande fue en el rubro de servicios personales, ya que mil 867
millones de pesos originalmente fueron presupuestados para obra pública.
También se detectaron gastos en alcohol, viajes y comidas no autorizadas por un
monto de 6 millones 578 mil pesos, así como un gasto de 2 millones 632 mil
pesos en cursos de capacitación para seguridad pública que nunca se llevaron a
cabo.
LOS DESVÍOS EN EL CENTRO DEL PAÍS.
Siguiendo con el orden de mayor a menor cantidad de recursos
públicos desviados por gobernadores del partido Tricolor, los cinco siguientes
priistas administraron entidades ubicadas al centro del país.
Miguel Alonso Reyes,
actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), enfrenta
una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por
delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y desvío por mil 307 millones
de pesos durante su gubernatura en Zacatecas (2010-2016).
De acuerdo con las dos denuncias de la ex candidata de
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Alcaldía de Zacatecas, María
Soledad Luévano, durante la administración del priista hubo un desvío de 307
millones de pesos de recursos públicos mediante 24 empresas fantasma, así como
un desvío de mil millones de pesos en gastos de Comunicación Social.
En Aguascalientes, la
Auditoría Superior de la Federación detectó durante el penúltimo año de la
gestión del ex Gobernador, Carlos Lozano de la Torre (2010-2016), un desvío por
812 millones de pesos.
Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, evaluó que de todo el
sexenio debe ser más. “800 millones es una cantidad mínima, deben buscarle más
y ser más enfáticos”, dijo.
El actual Gobernador, Martín Orozco Sandoval, declaró a la
prensa “moches” en el sector salud cometidos durante el sexenio de Lozano de la
Torre.
En noviembre del año pasado, el arquitecto Norberto Núñez
denunció penalmente a Lozano de la Torre y a funcionarios de su administración,
por la utilización sin su autorización de un eslogan de la entidad y un manual
de acciones para promoverse en propaganda.
Francisco Olvera, ex
Gobernador de Hidalgo (2011-2015), fue señalado por hacer un negocio por 600
millones de pesos con 3 mil concesiones de taxis, costear fiestas privadas de
300 mil pesos, así como asistir con su familia al Super Bowl.
En los últimos tres años de su gestión, Radio y Televisión de
Hidalgo fue dirigida por Sergio Islas, quien fue inhabilitado y multado por un
desvío por más de 100 millones de pesos.
En tanto, el ex
Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera (2010-2016), y tres de sus ex
secretarios presentaron amparos para evitar ser detenidos. De acuerdo con su sucesor, José
Rosas Aispuro, el priista le entregó una deuda pública por 15 mil millones de
pesos y se presumen malos manejos financieros, falta de transparencia e
irregularidades en las finanzas estatales.
En la dependencia de Salud estatal, documentó, existen
adeudos por alrededor de 450 millones de pesos principalmente con empresas
farmacéuticas que han dejado de abastecer a la dependencia. Además, en Obras
Públicas se hizo público el pago de obras inexistentes, deficientes e incluso
con sobre precios, así como la discrecionalidad en el otorgamiento de los
contratos de obra pública.
Durante la
administración del priista Fernando Toranzo Fernández (2009-2015), la Auditoría
Superior de San Luis Potosí investigó la desaparición de recursos del fondo de
pensiones de trabajadores de telesecundarias por 400 millones de pesos.
Asimismo, en agosto del 2013 el Gobierno de Toranzo Fernández
aprobó y contrató con recursos federales a un abarrotero, a una empresa que
vende aparatos eléctricos, a una agencia de publicidad, a una editorial, a una
compañía cuyo rubro principal es la venta de telas, y a una ferretera para que
le ofrecieran “servicios de consultoría especializada” en seguridad.
Todos ellos cobraron durante ese año al Gobierno de San Luis
Potosí casi 20 millones de pesos, provenientes del Programa Nacional de
Prevención del Delito, en el rubro “servicios de consultoría especializada”,
solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Y EL PILÓN.
El priista Egidio Torre
Cantú llegó a la gubernatura de Tamaulipas (2011-2016) porque su hermano,
Rodolfo Torre Cantú, quien era el candidato original, fue asesinado
presuntamente por un cártel.
El primer candidato independiente a Gobernador de esa
entidad, Francisco Chavira Martínez, probó con documentos que el ex mandatario
posee una casa valorada en 340 millones de pesos sobre una superficie de 8 mil
357 metros cuadrados, en el predio “La Ventura”, del municipio San Pedro Garza
García, Nuevo León.
“Nos dimos cuenta que no era una casa normal, que tenía
proporciones fuera de lo normal para un Gobernador, ni siquiera a un Presidente
de la República. Y caímos en la realidad de siempre, que los Gobernadores salen
de su cargo siendo millonarios”, expuso el también empresario.
Chavira Martínez ha exigido que se procese por desvío de los
recursos. El contralor de la entidad, Mario Soria Landero, dijo que la
Auditoría Superior de la entidad ya investiga.
La administración del priista Mariano González Zarur en
Tlaxcala (2011-2016) también fue señalada por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) por daño patrimonial a la Secretaría de Salud estatal por 71
millones de pesos.
Además, el Diputado panista Julio César Álvarez García acusó
la desaparición de casi 23 millones de pesos en fertilizante que no llegó a los
agricultores tlaxcaltecas durante su gestión.
En cuanto a Querétaro,
el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados denunció ante el Pleno
que la pasada administración del ex Gobernador priista, José Calzada Rovirosa
(2009-2015), desfalcó al erario con más de 73 millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, su
gobierno autorizó “pagos improcedentes” de 46 millones de pesos por obra pagada
que no se ejecutó, 22 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes
pagados y los cuantificados conforme al proyecto; y 3.1 millones de pesos por
servicios que no se prestaron.
Por su parte, la
gubernatura en Nayarit de Roberto Sandoval (2011), quien entregará el cargo en
unos meses, se salpicó con la detención del Fiscal General, Edgar Veytia,
acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Pero el martes un grupo de políticos lo denunciaron ante la
PGR por enriquecimiento inexplicable: es dueño del rancho El Ensueño con un
valor de 40 millones de pesos, ubicado en la comunidad de Aután, municipio de
San Blas. Abarca más de 30 hectáreas y cuenta con un lago y criadero de yeguas,
caballos y mulas.
“Hicimos un cálculo de sus ingresos de un año como Diputado
local, tres años como Presidente Municipal y un año de Gobernador (lo compró en
2012), y sus ingresos fueron por 4.7 millones de pesos, aproximadamente. Aun si
no hubiera gastado en nada, ese recurso tampoco alcanzaría para esa propiedad”,
apuntó el ex Secretario de Ayuntamiento de Tepic, Rodrigo González Barrios.
En Yucatán, el Gobierno
de Rolando Zapata Bello, que arrancó en 2012, desvió 30 millones 17 mil 800
pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, de acuerdo con la Auditoría Superior
de la Federación.
Además, el abogado Juan Ongay Lara lo denunció ante la
Procuraduría General de la República (PGR) por traspaso ilegal de tres mil
hectáreas de tierras de Ucú al Fideicomiso del Instituto de Seguridad al
Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey)
Finalmente, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de 6 millones 644
mil pesos de los programas federales en la Secretaria de Educación del Estado
de Campeche (Seduc) durante la gubernatura del priista Fernando Eutimio Ortega
Bernés (2009-2015).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.