Una revisión
independiente auspiciada por Amnistía Internacional (AI) confirmó la
autenticidad de los videos sobre la ejecución extrajudicial de un civil a manos
de un soldado del Ejército Mexicano, durante un operativo del 3 de mayo en
Palmarito Tochapan, Puebla, en el que murieron 10 personas, cuatro de ellas
militares.
“Todos los indicios señalan que
miembros del Ejército Mexicano han cometido una ejecución extrajudicial, que es
un crimen de derecho internacional”, sostuvo Ericka Guevara Rosas, directora
para las Américas de la organización internacional, al tiempo que exigió “una
investigación civil urgente” que esclarezca la responsabilidad de los mandos
superiores.
En un
comunicado, Amnistía Internacional
detalló que a partir de la publicación de videos en redes sociales y en
diversos medios, encomendó un peritaje independiente para analizar si esos
documentos fueron alterados o manipulados.
La
organización recuerda que en sendos comunicados oficiales, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el 3 de mayo pasado, tropas realizaron
dos operativos de seguridad en Palmarito Tochapan, resultando en la última de
ellas un enfrentamiento entre soldados y presuntos delincuentes con un saldo de
cinco muertos, dos de ellos militares. Unos días más tarde, se darían a conocer
los videos en los que se advierte a un soldado disparar a quemarropa a una
persona sometida en el suelo y al parecer herida.
“Amnistía Internacional ha verificado
de forma independiente las imágenes sin encontrar ningún indicio de que
hubieran sido editadas o manipuladas”, se destacó en el comunicado.
Añadió: “La organización también ha verificado que
las imágenes se tomaron en Palmarito Tochapan, que el video no se publicó en
internet antes del 4 de mayo de 2017, y que los uniformes, armas y vehículos
que aparecen en él coinciden con los de otras imágenes de las fuerzas armadas
de México”.
Tras
resaltar que las imágenes se dieron a conocer en el contexto de la intención
del gobierno de Enrique Peña Nieto de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que
le daría plenas facultades a las Fuerzas Armadas para mantenerse en las calles,
Guevara Rosas alertó que los videos confirman
lo que han denunciado los activistas de derechos humanos durante años: “las
fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les debería
encomendar operaciones de seguridad pública”.
La defensora
puntualizó que mantener al ejército en
las calles para detener personas e investigar delitos “es indignante a la vista
del trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas”, y
que haberlo hecho en los últimos 10 años “es una estrategia mal planteada que
ya ha demostrado su total ineficacia”.
Llamó a las autoridades mexicanas a
cambiar su modelo de seguridad, “en lugar de tratar de combatir la violencia
con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal,
las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los
derechos y la seguridad de todas las personas”, subrayó.
La
organización resaltó que “el caso surge
en medio de un debate nacional en torno a un proyecto de ley sobre ‘seguridad
interna’ que encargará a las Fuerzas Armadas su participación en algunas
operaciones de seguridad que debería llevar a cabo la policía y que incluye
conferirles facultades para detener a personas, reunir y procesar pruebas, y
participar en la investigación de los delitos”.
Al puntualizar que los indicios
apuntan a que miembros de la Sedena son responsables de una ejecución
extrajudicial en Palmarito, Amnistía Internacional insistió en su exigencia a
las autoridades de “una investigación civil, imparcial, independiente y
efectiva del personal militar implicado en el caso, incluidas las personas con
mando o responsabilidad superior”.
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