En histórica sesión, como la
calificaron los propios legisladores, el Congreso local aprobó este viernes la
eliminación del fuero a todos los servidores públicos, la disminución de los
recursos a los partidos políticos, la ampliación de reconocimiento del derecho
a la identidad y la derogación de la ley de pensiones a exgobernadores.
Las cuatro iniciativas que ponen a
Yucatán “a la vanguardia” legislativa, fueron aprobadas por unanimidad.
Con el
primer dictamen se reformó la
Constitución Política del Estado de Yucatán para eliminar el fuero al
gobernador, diputados locales, presidentes municipales, y titulares de la
administración pública estatal y de los organismos autónomos.
También a los magistrados y los consejeros de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, pero en su caso se acotará su fuero
constitucional únicamente por la comisión de delitos contra la administración
de justicia y otros ramos del poder público, particularmente en resoluciones y
sentencias, establecidos en el Código Penal del Estado.
“La justicia imparcial no debe
existir como una simple expresión, hay que dotar de los elementos a quienes en
este país y estado se encargan de la impartición de justicia, por eso, para
garantizar esta imparcialidad, era necesario mantener el fuero a los
magistrados para que en libertad de conciencia puedan resolver sin temor de ser
influenciados”,
argumentó el diputado priista Henry Sosa Marrufo.
A su vez, el
perredista David Barrera Zavala planteó: “votar
a favor es dar el primer paso a lo que la sociedad nos reclama: acabar con esa
impunidad que reina en nuestro Estado. Debemos estar al pendiente que no exista
este privilegio y nuestras autoridades actúen conforme a la ley”.
No obstante,
para que la reforma cause efecto aún
debe ser sometida a la aprobación de los cabildos.
En el mismo
dictamen se hicieron reformas a la Constitución estatal para armonizarla con la
federal para que las personas nacidas en Yucatán sean registradas de inmediato
con una copia gratuita del acta correspondiente.
En el
segundo dictamen se plasmó el complemento a la reforma anterior con
modificaciones a la Ley de Registro Civil y la Ley de Hacienda, en las que se
establece que los certificados de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción
no tendrán caducidad y no podrán ser exigidos documentos con un periodo
determinado para trámites en instancias educativas, de salud y en general del
gobierno.
Además, dispone que todos los meses de enero las
actas de nacimiento tengan una reducción del 50% en su costo, y también se
otorgó la facultad al gobernador de reducir los precios de actas de nacimiento
mediante programas sociales en caso de que algún sector necesite de un apoyo.
“Su implementación a través del
registro de nacimiento trae consecuencias y beneficios directos a cada
ciudadano, como el acceso a la salud, la educación y el trabajo; en su aspecto
social asegura que niñas y niños puedan tener participación ciudadana, ejercer
sus derechos civiles y económicos, entre otros”, explicó el priista Daniel Granja
Peniche.
El tercer dictamen modifica la Constitución
del estado en materia de financiamiento a los partidos políticos para
reducirles hasta en un 50% sus prerrogativas en los meses y años que no sean
electorales, y los recursos provenientes de este recorte presupuestal serán
enviados al Patronato del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo
(Caimede).
Por último, se aprobó abrogar la Ley de Pensiones a
Gobernadores, con lo que se suprimirá el derecho a una pensión vitalicia a los
extitulares del Ejecutivo estatal.
Esta ley, que entrará en vigor el 1
de enero de 2018, se aplicará a los próximos mandatarios y no afectará a los
que ya adquirieron el derecho.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.