Malova.
EL HECHO:
Desde el año pasado, cuando aún era
candidato a la gubernatura de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel prometió que no
toleraría ni la corrupción ni la impunidad. Este año, en diversas ocasiones, lo
ha sostenido: no hay impunidad en el caso de la cuenta pública de la
administración de su antecesor, el ex Gobernador y ex priista Mario López
Valdez (“Malova”). No hay un pacto de impunidad entre su gobierno y el de
Malova (2011 a 2016).
Sin embargo,
López Valdez es investigado por una sarta de irregularidades cometidas durante
su gestión, que dejaron una deuda reconocida de 13 mil 130 millones de pesos
(con pasivos sin fuente de pago), según refiere el Informe sobre la situación
financiera y administrativa en la que se recibe el Gobierno del Estado (2017),
presentado por Carlos Ortega Carricarte, actual secretario de Administración y
Finanzas de Sinaloa. A pesar de las
irregularidades, al día de hoy, la Auditoría Superior del Estado (ASE) no
cuenta con un proceso de investigación en contra de Malova. Y de acuerdo con la
propia auditora del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, sólo se mantiene bajo
observación a las secretarías y sus responsables -sobre todo la Secretaría de
Administración y Finanzas, los Servicios de Salud y la Dirección de
Financiamiento y Protección Social del estado-.
Para #DichosyHechos, no queda claro
qué es lo que está haciendo la administración de Quirino Ordaz Coppel para que
“se aplique la Ley” y se resuelvan las irregularidades que dejó la
administración de Mario López Valdez. A continuación los hechos.
· Mucho
ruido y pocas nueces: Hasta la fecha, la ASE ha presentado 93 denuncias ante la
Fiscalía General del estado, mismas que corresponden a los años de ejercicio
comprendidos entre 2013 y 2016. Hace un mes, en el marco de la conferencia de
Patricia Galeana sobre la inclusión de las mujeres en la política en México, la
titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, comentó que sí hay elementos
para presentar denuncias en contra de Malova por irregularidades en la cuenta
pública. Sin embargo, dijo, “estoy realizando ahorita la investigación del
segundo semestre del 2016 y de acuerdo a los resultados que se tengan estén
seguros de que la ley se va a aplicar, sea el funcionario que sea”.
· Investigan
pero no procesan: Desde agosto del año
pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó en lo penal a Malova
por simular el reintegro de 135.6 millones de pesos. Eso quiere decir que el ex
Gobernador fue denunciado por intentar disfrazar algunas irregularidades. Según
la ASF, el mecanismo de simulación consistía en depositar el monto cuestionado
en una cuenta de banco, para luego darle parte a la Auditoría. Una vez que la
autoridad corroboraba el paradero del dinero (“desaparecido”), la
administración de Malova retiraban los fondos. Entonces el dinero sí
desaparecía. Asimismo, en marzo de
2016, la ASF reportó haber promovido ocho denuncias de hechos en contra del
Gobierno de Sinaloa ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el
desvío, simulación y aplicación irregular de 646 millones 536 mil 52 pesos,
entre 2008 y 2012, provenientes de fondos federales. Curioso, estas denuncias
incluyen al antecesor de Malova, el ex Gobernador priista Jesús Padilla Aguilar
(2005 a 2010), de quien Quirino Ordaz Coppel fuera secretario particular
(2005), luego Subsecretario de Administración (2005 a 2009), y después titular
de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa (2009 a 2010). Padilla
ha sido señalado por el posible desvío de 201 millones 625 mil 006 pesos
-dinero bajo la responsabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas,
los Servicios de Salud y la Dirección de Financiamiento y Protección Social del
estado-. A pesar de las indagatorias de la PGR, hasta ahora, ningún funcionario
de la administración de Malova ha sido acusado penalmente -ni siquiera por
simulación de devoluciones-.
· Impunidad
en Sinaloa: Quirino Ordaz Coppel ha
dicho que en Sinaloa no habrá “cacería de brujas”, y pese al cúmulo de
irregularidades legadas por la administración de Mario López Valdez (Malova),
el actual gobierno descarta investigar al ex mandatario o a sus ex
funcionarios, bajo el alegato de que el gobierno de Coppel se apegará a los
procesos que realizan la ASE y la ASF -que a diferencia del gobierno local,
sólo pueden concentrarse en indagar casos específicos y no en analizar la
totalidad de los recursos públicos-, como anunciara Carlos Ortega Carricarte,
secretario de Administración y Finanzas local. Sinaloa no cuenta con una
Fiscalía Anticorrupción, pero de acuerdo con el Artículo 8 del reglamento
interno de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), el
Ejecutivo, a través de la STRC, está facultado para ordenar investigaciones;
iniciar, tramitar y resolver procedimientos de sanción; y denunciar penalmente
las irregularidades detectadas. Además, este tipo de facultades le son
otorgadas a través de la Constitución Política de Sinaloa y la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa. Más
allá de los procesos que lleven las auditorías local y federal, la
administración de Coppel ya podría haber iniciado su propia investigación y
presentar sus propias denuncias. No parece que eso vaya a suceder.
· El paso de
la corrupción: “Sí había corrupción, no
lo podemos negar”, dijo este año Juan Pablo Yamuna, ex titular de la Unidad de
Transparencia y Rendición de Cuentas durante la administración de Malova,
en entrevista con Noroeste. De acuerdo con José Guadalupe Medina Romero,
titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Federales de la PGR, los desvíos de recursos públicos a nivel nacional, por lo
general, conllevan la persecución de delitos como lo son el ejercicio indebido
del servicio público y el peculado. En ese sentido, bastaría con que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa y la
PGR investigaran las cuentas bancarias y los bienes patrimoniales
(inmobiliarios) de los ex funcionarios de Mario López Valdez para destapar
posibles casos de corrupción. Así los casos de Ernesto Echeverría Aispuro, ex
secretario de Salud de Sinaloa, investigado por uso indebido de recursos (el
sector salud quedó con un pasivo de 1 mil 528 millones de pesos); Francisco
Castillo Herns, otrora subsecretario de ganadería, señalado por enriquecimiento
inexplicable; Juan Nicasio Guerra Ochoa, ex secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca, señalado por el posible daño a las arcas federales y
estatales por un monto de 80 millones 845 mil 155 pesos, a través del Fondo
para el Fomento Agropecuario de Sinaloa; José Luis López Montiel, otrora
titular de la Unidad de Inversiones; José Luis Sevilla Peredo, secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Alberto Gerardo Medrano Contreras, director
de Gestión y Administración Urbana; Alfredo Reyes Garzón, director de
Programación y Coordinación; Alvaro Millán Peraza, jefe del Departamento de
Normatividad Urbana; Ariel López Angulo, jefe del Departamento de Normatividad
de Obra; Armando Trujillo Sicairos, jefe del Departamento Concursos y
Contratos, todos investigados por la presunta adjudicación ilegal de la obra
pública de Sinaloa. O Gerardo Vargas Landeros, ex secretario General de
Gobierno de Malova, señalado junto con Víctor Manuel Lugo García, comisariado
del Ejido Ahome Independencia, por privar de sus tierras a los ejidatarios del
municipio de Ahome.
***
¿Verdad o
mentira? MENTIRA. En Sinaloa persiste la
impunidad. Los datos recabados sugieren que la administración de Quirino Ordaz
Coppel está demorando la investigación, al no ejercer sus facultades y dejar la
carga a la ASE y a la ASF. Aunque #DichosyHechos no pueda negar que se vaya
a “aplicar la Ley”, lo cierto es que
desde el año pasado, las autoridades tienen pistas para perseguir a los ex
funcionarios señalados por irregularidades. Sin embargo, al día de hoy, ninguno
ha caído.
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