El alcalde perredista de José Azueta
(Zihuatanejo), Gustavo García Bello dijo que, “por temor a ser asesinado” y
falta de dinero, no despidió a los policías municipales que reprobaron los
exámenes de control y confianza, cifra que representa 60% de los 240 elementos
que conforman la corporación.
Sin
explicar, afirmó que “muchos” de los
uniformados reprobados que tienen varios años de antigüedad “han creado
intereses muy fuertes”, y pidió ayuda al gobierno federal y estatal para
diseñar un esquema de reevaluación y liquidación del personal no apto.
Además, afirmó que los 60 policías detenidos en
días pasados acusados por el gobierno de Héctor Astudillo Flores de usurpación
de funciones y presuntos nexos con el narco, son municipales registrados
legalmente: “ninguno era civil utilizando armas y uniformes oficiales”.
No obstante,
los 20 elementos señalados por el
gobierno de Astudillo de tener presuntos nexos con el narco, entre ellos Javier
“El Cadete”, exdirector de Seguridad Pública de Petatlán, fueron consignados
ante un juez de control y encarcelados esta madrugada en el penal de Las
Cruces, en el puerto de Acapulco.
Los delitos que les imputan a los
uniformados son delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso
exclusivo de las fuerzas armadas, acopio y contra la salud, indica un
comunicado oficial difundido este viernes.
Incluso, este día trascendió que la seguridad del
alcalde perredista fue reforzada por soldados, marinos y policías estatales
luego de que presuntamente fue amenazado de muerte tras el operativo del
Ejército que desmanteló su policía municipal.
Mientras que
los 31 uniformados que fueron consignados ante la Fiscalía General del Estado
(FGE), por el delito de usurpación de funciones, quedaron en libertad luego de
que acreditaron que están registrados oficialmente en la corporación, ninguno
ha pasado los exámenes de control y confianza.
A través de un comunicado, el
gobierno de Héctor Astudillo informó que se comprobó que los inculpados están
dados de alta en la Plataforma México, a pesar de que reprobaron las pruebas de
certificación oficial.
El alcalde
Gustavo García explicó que el pasado 10 de abril el Ejército realizó una
revisión del armamento de la policía municipal de Zihuatanejo.
El operativo arrojó varias
recomendaciones de tipo administrativo, dijo, entre ellas la necesidad urgente
de dar de baja a los policías que no están certificados porque legalmente no
pueden portar uniformes y armas oficiales.
García Bello afirmó que recibió una corporación
desarmada y que en sus casi dos años de administración no ha logrado certificar
a la totalidad de la agrupación, conformada por 240 elementos, de los cuales
60% no son aptos para desempeñar el servicio de policía.
“Tengo la obligación de liquidar a
los uniformados que no pasaron los exámenes pero no lo puedo hacerlo porque no
hay dinero para pagar los retiros y la vida del alcalde corre peligro porque
algunos elementos con años de antigüedad tienen intereses en la corporación”, justificó el alcalde perredista.
También dijo
que en este contexto se realizó el
operativo militar de esta semana donde fue desmantelada la corporación por
“incurrir en faltas administrativas”, aseguró.
Por ello, pidió al gobierno federal y estatal
“tolerancia” y volver a evaluar a los miembros de la corporación policiaca, así
como diseñar un programa de liquidación para los uniformados que vuelvan a
reprobar los exámenes de control y confianza.
El alcalde de José Azueta insistió en
señalar que teme despedir a los uniformados que no están certificados y dijo que
él nunca denunció a sus policías de tener presuntos nexos con el narco.
“Yo externé la preocupación de
regularizar la corporación porque no tengo dinero para liquidar a los que no
han acreditado los exámenes. No es fácil darlos de baja”, indicó García Bello.
También, refirió que tras el desmantelamiento de su
policía se ha desatado una campaña de críticas en redes sociales, donde incluso
difundieron una portada falsa de la revista Proceso, en la que lo exhiben de
tener presuntos nexos con el narco.
Luego dijo que los 60 policías municipales fueron
detenidos por los soldados porque se opusieron al desarme, ya que anteriormente
fueron asesinados tres agentes municipales en el corazón turístico de Ixtapa y
decidieron salir a las calles portando armas a pesar de que no están
certificados.
Reportes
periodísticos refieren que en la casa de García Bello, ubicada en la colonia El
Huajal de Zihuatanejo, observa un nutrido dispositivo de seguridad, así como en
las oficinas del ayuntamiento.
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