Ezequiel
Flores Contreras.
En el binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo
el narco se pasea impunemente con fusiles tipo Barret en la mano y exhibe en
redes sociales sus excesos, así como los presuntos nexos de autoridades de los
tres niveles y el Ejército con la delincuencia.
Desde hace
una década, este lugar ha sido el escenario de una batalla entre bandas
criminales no solo por el control político de la región sino también para
imponer su hegemonía en esta zona considerada como de trasiego de cocaína y
precursores químicos para elaboración de metanfetaminas.
No obstante,
durante la administración de Héctor
Astudillo Flores, la crisis de inseguridad, violencia y descaro de la
delincuencia se agudizó.
Los criminales llevaron su guerra que
mantienen en las calles, la sierra y el mar, a las redes sociales donde han
difundido nombres de políticos y autoridades presuntamente vinculadas con el
narco.
También, se lanzan retos a través de perfiles en
Facebook donde los sicarios se exhiben con uniformes militares portando fusiles
de asalto, entre ellos el rifle Barret calibre .50, así como lanzagranadas en
franco desafío a las autoridades de los tres niveles y como muestra del nivel
de impunidad que existe en esta franja de la entidad.
La historia de complicidades que ha
salpicado a funcionarios del gobierno de Astudillo como el jefe de la oficina
del ejecutivo estatal, Alejandro Bravo Abraca, así como alcaldes priistas y
perredistas de la región de la Costa Grande, ha sido documentada por Proceso
durante los últimos cinco años.
En esta
zona, el mandatario estatal anunció uno de los cinco proyectos estratégicos de
su administración, enfocados en el desarrollo de un puerto marítimo en el
municipio de La Unión que será una ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas,
Michoacán, lugar controlado por el narco.
En mayo de
2016, Apro dio a conocer que el contexto
de violencia se había reactivado un mes antes en este corredor estratégico de
drogas de la Costa Grande de Guerrero, donde los grupos criminales que actúan
bajo el manto protector de las autoridades rompieron una tregua que mantenían
desde 2014.
Hasta hace unos meses esta franja de
la entidad estaba bajo control del grupo denominado Guardia Guerrerense
–dirigido por Alberto Bravo Barragán El Gavilán, afincado en el municipio de
Petatlán y detenido a principios de mayo de 2016–, señalado como una extensión
del Cártel Jalisco Nueva Generación, indican reportes oficiales.
La Guardia Guerrerense de El Gavilán
mantiene una brutal disputa por el control de Ixtapa-Zihuatanejo con el grupo
denominado Sangre Nueva Guerrerense (SNG), señalado como una extensión del
grupo delictivo de Los Viagras que presuntamente recibe protección de la
Marina.
En ese
entonces, dejaron una serie de mantas con mensajes en los municipios de José
Azueta y Petatlán, donde advirtieron
sobre el recrudecimiento de la violencia ante la disputa de esta plaza.
“A toda la Costa Grande en general.
Se les informa que no hagan caso de las publicaciones que hacen en Facebook ya
que las están haciendo directamente Los Viagras, Carlos Sierra Santana, El
Inge, El Tronado o El Trensas es Álvaro Beltrán del Facebook.
“Estas ratas las corrieron de
Michoacán y se refugian en Armenia, parte alta de la Sierra y se unieron a
Casto Cruz García y también se refugian en El Camalote y Las Ollas con Don
Chava Granados. Se le pide al secretario de Marina cambien al personal de Zihuatanejo
porque apoyan a Los Viagras”, señalaron en uno de esos mensajes.
En ese
contexto, el pasado 21 de abril, el
regidor de Morena en el municipio de Tecpan de Galeana, Víctor Manuel Camacho
Uriostegui, fue ejecutado junto con su chofer en esa región de la Costa Grande
donde dejaron un mensaje que decía: “Esto les pasará a todos los que cooperen
con Los Granados. Atte. Cartel Los Rodríguez. Ya estamos aquí”.
Los informes
oficiales refieren que Los Rodríguez son
integrantes de una familia dedicada al narcotráfico, originaria de San Luis La
Loma, y expulsada por la banda de Los Granados que dirige Salvador El Chava
Granados.
A su vez, el gobierno federal tiene identificado al
alcalde PRIISTA de Tecpan de Galeana, Leopoldo Soberanis, quien en reiteradas ocasiones
ha sido acusado por mandos de la Marina de presuntos vínculos con el
narcotráfico, como “lavador” de activos del grupo criminal denominado Los
Granados, que opera en el municipio de Tecpan.
No obstante, la jerarquía priista
protege a Soberanis, quien incluso fue nombrado por el gobernador Héctor
Astudillo Flores como miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
La Tregua.
Desde enero
de 2014, Proceso dio a conocer que Rogaciano Alba Álvarez –exalcalde priista de
Petatlán, compadre del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y preso por
narcotráfico– había pactado una tregua con el líder de Los Granados, Salvador
El Chava Granados, y ambos se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) para expulsar de la Costa Grande a Los Caballeros Templarios.
Alba y
Granados mantenían una sangrienta confrontación desde 2008, a partir de una
reconfiguración regional del Cártel de Sinaloa, indican los reportes oficiales
contenidos en la nota titulada “La lucha se extiende a Guerrero”.
El 30 de
septiembre pasado tuvo lugar una reunión en Jalisco donde participaron los
líderes del CJNG y operadores de Alba y de Rubén El Nene Granados, ambos presos
desde 2009 y 2011. Ahí se decidió
bautizar a su megabanda delincuencial como Fuerza Guerrerense, refieren
informes oficiales consultados por Proceso.
De esa
manera la nueva coalición abrió un
segundo frente de batalla para Los Caballeros Templarios, quienes en Michoacán
se enfrentan con los grupos de autodefensa y dos años después, los hechos
recientes advierten sobre el rompimiento de la tregua y el recrudecimiento de
la violencia en esta región donde operan las bandas criminales al amparo de las
autoridades.
Este año, luego de una serie de atentados registrados
en el periodo vacacional de Semana Santa donde fueron incendiados bares y
establecimientos comerciales, así como la ejecución de tres policías
municipales en el corazón turístico de Ixtapa, las autoridades reaccionaron.
Elementos del Ejército detuvieron el
martes pasado a 60 policías municipales de José Azueta (Zihuatanejo), acusados
de formar parte de la delincuencia organizada y portar armas oficiales sin
estar acreditados.
A través de
un comunicado, el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores informó que al
menos 42 uniformados son “sicarios infiltrados” en la corporación, tres más
fueron señalados como mandos de un grupo delincuencial y 15 policías estaban en
funciones a pesar de que no pasaron los exámenes de control y confianza.
Este hecho,
exhibe la falta de depuración policiaca en los 81 municipios que conforman la
entidad, a pesar de que fue un compromiso de las autoridades de los tres
niveles tras el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, registrada en septiembre de 2014.
Incluso Proceso dio a conocer que la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío millonario, que
sigue impune, de los recursos federales destinados al tema de seguridad durante
la administración de los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega,
así como del actual mandatario Héctor Astudillo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.