Jorge Zepeda
Patterson.
Ya tiene
entrada en Wikipedia y desde hace tres días forma parte de la conversación
pública gracias a los encabezados de periódicos y noticieros. El crimen
organizado ha conseguido, una vez más, ampliar nuestro glosario, ahora con la
palabra huachicolero. Dícese de alguien que se dedica a “la actividad ilegal de
robo de combustible (gasolina o diésel) en México. La palabra deriva de
huachicol una bebida alcohólica adulterada, y también se utiliza para nombrar
al combustible robado el cual puede estar igualmente adulterado. Generalmente
el robo de combustible es realizado directamente en los oleoductos de Petróleos
Mexicanos donde se extrae el combustible a través de perforaciones, a esto se
le conoce comúnmente como ordeña de ductos”.
Pero me temo
que lo de huachicolero es algo más que
una nueva palabra. Lo que sucedió en Puebla, en donde cientos de pobladores se
enfrentaron al ejército para defender una actividad claramente ilícita, representa
una nueva escala en el desdibujamiento
de los poderes del Estado que venimos padeciendo.
Las autoridades estiman que el monto
de la ordeña solo en esta región, conocida como el Triángulo Rojo, supera los
dos millones de pesos diarios. Se afirma que la venta de combustible en las
gasolineras ha caído a la mitad en Puebla, lo cual nos indica al menos de
bulto, el enorme impacto de este fenómeno y su repercusión económica. Al atacar al Ejército y bloquear la carretera,
los vecinos están defendiendo su modo de subsistencia. El único problema es que
se trata de una actividad criminal. Puedo entender que tiangueros, ejidatarios o transportistas
(y para el caso cualquier comunidad de interés) defienda con machetes y
garrotes lo que considera un patrimonio o un derecho. Salvo que en este caso se
defiende el derecho de apropiarse de lo que no es suyo y pertenece a todos.
Ups. Creo que acabo de definir a la
clase política (¿o no es eso la reivindicación de Hank González, el padre del
grupo Atlacomulco, cuando enunció su célebre “un político pobre es un pobre
político”?). Nos hemos acostumbrado tanto a la impunidad de las casas blancas y
las riquezas inexplicables, a que un gobernador sea millonario y a que un
diputado porte en ropa y reloj un valor superior a su sueldo mensual que
olvidamos que estamos frente a una actividad que violenta al Estado de derecho;
más o menos como el caso de los huachicoleros.
¿Una exageración de mi parte? Después
de todo estos vecinos, seguramente instigados e infiltrados por miembros del
crimen organizado, la emprendieron a balazos contra los soldados que llegaron a
desmantelar sus ordeñas. Pero la comparación no es del todo desproporcionada:
más de la mitad de las agresiones contra la prensa (desapariciones y asesinatos
incluidos) proceden de políticos y funcionarios. Como los huachicoleros, ellos
también se defienden de aquellos periodistas que al difundirlo ponen en riesgo
“su derecho” a robar el patrimonio público.
Enrique Peña
Nieto ha prometido que el crimen de los soldados no quedará impune (murieron
cuatro en el primer enfrentamiento). La ordeña de combustibles en esta región
será desmantelada, afirmó al país el mandatario mexicano. Bien. La mera
existencia de este Triángulo Rojo en el corazón del país es un síntoma
inadmisible de la posibilidad de derivar a un Estado fallido.
Pero no
puedo dejar de preguntarme ¿no es aún
más dañina la corrupción sistemática que infligen al país gobernadores,
presidentes municipales, funcionarios federales, partidos y legisladores?
Aquellos ordeñan con popote, estos con turbina. Los pobladores del Triángulo
trastocan la región; la corrupción política está pudriendo a la nación.
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