La Fiscalía General de Justicia de
Veracruz enviará a San Lázaro una solicitud de desafuero en contra del diputado
federal del PRI, Alberto Silva, para poder proceder en su contra por
irregularidades durante su gestión como coordinador de Comunicación Social en
la administración de Javier Duarte.
Autoridades
ministeriales confirmaron a Animal Político que tanto Silva como Gina Domínguez, también ex vocera de Duarte, figuran
como probables responsables en un mecanismo que permitió el desvío de más de 4
mil millones de pesos de doce dependencias distintas.
Domínguez
fue detenida con una orden de aprehensión girada por un juez local, sin embargo en el caso de Silva la
fiscalía no puede solicitarla debido al fuero con el que cuenta como legislador
federal.
En la
solicitud que el fiscal de Veracruz, Jorge
Winckler, presentará hoy en San Lázaro, se expondrá que Silva es probable
responsable de al menos tres delitos distintos, coalición, abuso de autoridad y
ejercicio ilegal, por lo que resulta necesario que rinda declaración ante el
Ministerio Público, y en su caso sea presentado ante un juez.
Una vez que
la solicitud del juicio de procedencia (como se le denomina al procedimiento de
desafuero) quede oficializada ante el Congreso, será turnado a una comisión
instructora para su análisis. Dicha comisión analizará los elementos que
presente la Fiscalía para determinar si es procedente o no el desafuero.
Esta será la segunda vez en el año
que la Fiscalía de Veracruz solicita el desafuero de un legislador federal que
antes fue exfuncionario del gobierno de Javier Duarte.
Previamente lo hizo con Antonio Tarek
Abdalá, también por un presunto caso de desvío de recursos públicos cuando era
secretario de Finanzas del Estado. La comisión instructora se negó a retirarle
el fuero bajo el
argumento de que el legislador tenía una demanda de amparo, sin siquiera
elaborar un dictamen.
La Fiscalía de Veracruz sostiene que
desde la coordinación de Comunicación Social del estado, encabezada primero por
Gina Domínguez y luego por Alberto Silva, se puso en marcha un mecanismo que
permitió el desvío de cuatro mil millones de pesos por lo menos, provenientes
de doce dependencias distintas.
El mecanismo
era el siguiente: Comunicación Social
solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos pertenecientes a varias
dependencias para el pago de supuestas campañas en medios de comunicación. Esto
sin que hubiera ningún tipo de dictamen que acreditara que había el presupuesto
suficiente.
El dinero iba a parar a compañías
escogidas directamente por Comunicación Social, sin ningún tipo de proceso de
adquisición transparente, y sin rendir cuentas ni al órgano de Fiscalización
del Estado, ni a la Contraloría, el Congreso o el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, lo que violaba múltiples disposiciones legales.
La evidencia con la que cuentan las
autoridades, entre ellas cientos de facturas, arroja que mediante este
mecanismo se desviaron recursos de las secretarías de Seguridad Pública,
Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario, Educación, Salud,
Protección Civil, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario,
Comunicaciones y la ex Procuraduría de Justicia del Estado.
Los recursos fueron a parar a
compañías fantasma o a empresas con alguna posible relación con los
funcionarios. Animal
Político publicó en abril pasado por ejemplo, que hubo recursos que llegaron a
compañías y medios vinculados directamente con Gina Domínguez.
Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad reveló ayer que incluso los dos ex voceros de Javier Duarte llegaron
al punto de usar la misma compañía, de nombre Cordocons SA de CV, para el
presunto desvío de recursos. En el periodo de Gina Domínguez se destinaron a
esa empresa 17 millones, y con Alberto Silva otros siete millones.
Los pagos a Cordocons SA de Cv fueron
para la supuesta difusión de actividades del gobierno (como en todos los casos)
y el dinero vino de diez dependencias distintas, pero esta compañía en realidad
se dedica a la construcción, carece de empleados y uno de sus accionistas es
familiar indirecto de la propia Domínguez.
En diciembre
pasado Animal Político documentó cómo más de 500 millones de pesos salieron de
múltiples dependencias del gobierno de Veracruz sin ningún contrato ni licitación, a un grupo de empresas fantasma
por supuestos pagos de difusión de actividades del gobierno.
La mayoría
de esas compañías pertenecían a la red de empresas fantasma reveladas hace un
año por este medio, la cual permitió desaparecer casi 650 millones de pesos.
Hoy nuevos documentos en poder de
este medio permiten demostrar que en la gestión de Gina Domínguez (de 2010 a
2014) esta misma red de compañías fachada recibieron casi 930 millones de
pesos. Estas empresas ya están corroboradas por el servicio de Administración
Tributaria como inexistentes.
La
administración de Duarte y sus equipos de comunicación pagaron al menos 8 mil 727 millones de pesos en la imagen del
exgobernador veracruzano, de los cuales casi mil millones, fueron autorizados y
pagados o refacturados bajo las órdenes de Gina Domínguez.
Las firmas
utilizadas por la ex vocera de Duarte son:
Centro de Recursos de Negocios S.A de C.V, Abastecedora Romcru S.A de C.V,
Anzara S.A de C.V., Cynamed S.A de C.V., Grupo Balcano S.A de C.V.,
Desarrolladores Mercalim S.A de C.V. y Pefraco S.A de C.V.
El listado incluye además a Ravsan
Servicios Múltiple S.A de C.V., Rinoxa S.A de C.V., Carrirey S.A de C.V.,
Marvercar S.A. de C.V y Diseños Tevet S de R.L. de C.V.
Reportes de
la Secretaría de Finanzas de Veracruz del 2010 al 2016 confirman que la mayor
parte de estas operaciones fueron realizadas de forma preferente entre los
bancos Bancomer, Banorte y Banamex.
Los pagos realizados aparecían como
adelanto urgentes a proveedores, sin contrato o sin licitación.
“Estamos
ante algo desconocido en este país por la magnitud y lo complejo del esquema
utilizado. Sólo se falsificaban
documentos y se procedía a hacer los pagos sin ningún respaldo en todas las
secretarías”, expuso una fuente con pleno conocimiento de caso, que por
razones de seguridad solicitó el anonimato.
Bancos y
compañías multiusos.
Este medio tuvo acceso a documentos
que muestran pagos millonarios desde cuentas de Bancomer al menos a doce
empresas fantasma de diciembre de 2010 a diciembre de 2013. También hubo
transferencias aunque en menor medida a cuentas en Banorte y Banamex.
“Por supuesto que los funcionarios de
los bancos en Veracruz sabían lo que estaba sucediendo. El siguiente paso debe
ser preguntarle a los bancos mexicanos o la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores sobre esos funcionarios”, expuso.
La empresa
Centro de Recursos de Negocios Cerene S.A. de C.V. registró entre el 13 de
enero de del 2012 al 31 de octubre de ese mismo pagos por 112 millones 726 mil
418. 56 pesos con conceptos como “Anticipo a Presupuesto 2012”.
Este concepto se repitió al menos
trece ocasiones entre el 23 de marzo de ese año y el 29 de junio de ese año.
En 2014
Cerene no varió mucho su forma de trabajar, pero añadió que en la Sefiplan de
Veracruz documentaron estos procesos como “Pago de Facturas a Medios de
Comunicación”.
“Por qué tendría que contratarse a
una agencia para pagarle a los medios de comunicación de esta forma”, cuestionó
la fuente, “el Gobierno tiene la capacidad de firmar contratos para ser cliente
directo, sin necesidad de intermediarios”.
En el año
2013, Gina Domínguez autorizó que
Sefiplan liquidara pagos con la empresa Publicidad Akkira S.A. de C.V. por
otros 120 millones de pesos, bajo el mismo esquema de “Anticipo a Presupuesto”
entre el 14 de mayo y el 6 de agosto.
Otra
compañía fantasma involucrada en estos supuestos pagos de difusión es Diseños
Tevet S.A. de C.V., que además recibió
en 2015 dos contratos de la Secretaría de Educación por algo totalmente
distinto: la compra de materiales escolares. La sede de dicha empresa se
encuentra en la Ciudad de México.
“Esas empresas fueron ocupadas para
todo. Se les fue de control porque el esquema era para un tema específico, pero
una vez que le encontraron el caminito también se dedicaron a vender grava y
arena y cemento”,
señaló la fuente.
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