Alejo Sánchez Cano.
Es de llamar la atención la facilidad
con que las autoridades se lavan las manos y el Poder Legislativo los solapa en
vez de dar transparencia y buscar solucionar un asunto que está bajo sospecha y
requiere ser transparentado hasta el más mínimo detalle.
Esta semana la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión rechazó una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual un grupo de
legisladores pedía la comparecencia del titular del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Mikel Arreola, para que, entre otras cosas, explicara las
prisas con que se dio trámite a la Licitación Pública Internacional
LA-019GYR019-E56-2017 para la contratación Plurianual del “Servicio de
Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, UMAE’s y Centros
Vacacionales”.
Y los
legisladores podrán argumentar que la licitación se inscribe en los programas
transexenales previstos en la ley, pero
el asunto no es menor si como dice el senador Isidro Pedraza Chávez (PRD) “Este
tema pareciera que no tiene trascendencia, pero en este tema se están
discutiendo 3 mil 721 millones de pesos en una licitación”.
“Esta licitación tiene que ver con la
compra, es una licitación internacional y que tiene que ver con la compra del
servicio subrogado a nivel central de delegaciones, Unidades Médicas de Alta
Especialidad, UMAE, centros vacacionales, por un periodo de 36 meses”,
argumentó en tribuna el legislador.
Pero como
con frecuencia sucede en los órganos parlamentarios, una mayoría rechazó la propuesta y con esa decisión los legisladores
creyeron proteger la imagen del joven funcionario, cuando en verdad a lo único
que están abonando es a la impunidad, falta de transparencia y posibles actos
de corrupción.
Y es que en
este asunto sigue aún sin entenderse la
urgencia con que la dirección general que encabeza Mikel Arriola aprobó la
referida licitación a escasos cuatro días de su publicación, lo que de alguna
manera despertó sospechas entre los empresarios participantes, y las quejas
forman parte ya de escrutinio público y de las autoridades.
Qué hay detrás de las irregularidades
detectadas o por qué los legisladores, principalmente del PRI, impiden que
Mikel Arriola comparezca y explique el procedimiento fast track de una
licitación que de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, este tipo de
trámites requiere de cuando menos de 40 días como plazo entre la publicación de
la convocatoria y la licitación pública.
Con toda
razón las quejas de algunos empresarios; con razón también la propuesta de
algunos legisladores para que el titular del IMSS dé respuesta a las dudas que
sobre el tema existen y responda a preguntas como el hecho de aprobar en tan
sólo cuatro días un trámite que por ley requería de más tiempo, pero no, la convocatoria se publicó el 18 de abril
y el 21 se dio el fallo aprobatorio. Así o más sospechoso.
Por lo
pronto los legisladores consideraron
suficiente que este tema quedara en manos de la Auditoría Superior de la
Federación y de la Secretaría de la Función Pública, y sean ellos los
encargados de fiscalizar el proceso que realiza el IMSS para contratar hasta
2020 el servicio de seguridad en más de 2 mil inmuebles de todo el país, y como
ya sabemos que este tipo de investigaciones son largas y tortuosas, por lo
caprichoso del tema y lo truculento con que se está manejando, lo ideal sería
que Mikel Arriola diera la cara y enfrentara con argumentos claros el
sospechoso asunto, porque hay un dicho muy popular que señala que “si el río
suena es porque algo lleva”.
Es cierto,
la emisión de boletines informativos ayuda,
pero en la medida que Mikel se escude en sus comparsas en el Congreso y siga
dando evasivas a quienes sospechan de la legalidad del referido trámite
administrativo, en esa medida seguirá poniendo un antifaz a todo el IMSS. Ese
es el problema.
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