Con motivo del Día Mundial de la
Libertad de Expresión, la ONU, a través de la Relatoría Especial sobre la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), emitieron sendos comunicados para poner de manifiesto
sus preocupaciones sobre las agresiones hacia los medios y los periodistas.
La CNDH expresó su alarma sobre el
número creciente de ataques a periodistas, que suman 125 homicidios de 2000 a
la fecha, 13 de ellos contra mujeres, y desde 2006, 20 desapariciones y 51
atentados a los medios de comunicación, casos que en su mayoría “no han sido
debidamente aclarados, ni los responsables sancionados.
Mientras los ataques continúen
impunes, apuntó el organismo, “se genera un ambiente impropio para el ejercicio
cotidiano de la actividad de los informadores y periodistas que propicia el que
se presenten nuevas agresiones”.
Al llamar a
hacer una revisión de los mecanismos de protección de periodistas para
“propiciar condiciones que les permitan ejercer su trabajo con mayor libertad y
seguridad”, la CNDH sostuvo que los
ataques a comunicadores y medios, “vulneran el derecho a la libertad de
expresión de quienes sufren los mismos, pero sus efectos trascienden a la
sociedad en general, que ve afectados sus derechos a la libertad de pensamiento
e información cuando se restringe su posibilidad de acceso a información veraz
y objetiva generada por la actividad periodística”.
Tras
reconocer la labor de los periodistas, el organismo insistió en que “la
violencia contra periodistas y comunicadores es una forma de censura, de
supresión de la verdad y un desafío para la justicia que la sociedad reclama”.
Por su
parte, el relator especial de la ONU para la Libertad de Expresión, David Kaye,
alertó sobre la existencia de una “crisis
mundial” por el acoso de gobiernos a medios de comunicación críticos e
independientes, por lo que hizo un llamado a “poner fin a la demonización
pública” de dichos medios.
El relator
de la ONU señaló que “muchos líderes
consideran el periodismo como el enemigo, a los reporteros como actores
malintencionados, a los usuarios de Twitter como terroristas y los blogueros
como blasfemos”.
Kaye apuntó
que “todos los días del año, incluido el
Día Mundial de la Libertad de Prensa, quienes ejercen el periodismo se
enfrentan a la censura, la criminalización, el acoso y, con demasiada
frecuencia, a ataques físicos o asesinatos”.
Tras reconocer “la esencial labor” de
reporteros y editores, Kaye consideró importante poner atención en “aquellos
gobiernos y líderes políticos que trabajan incesantemente para socavar no sólo
la práctica del periodismo, sino del derecho que goza todo el mundo en virtud
del derecho internacional de derechos humanos, de buscar, recibir y dar a
conocer información e ideas de todo tipo, independientemente de las fronteras y
a través de cualquier medio de comunicación”.
El relator
de la ONU describió un panorama en el que hay medios que han asumido “riesgos que no siempre valen la pena”
debido a la dependencia económica de la publicidad y de atraer visitas a un
sitio web; sobresale la concentración de medios de comunicación y la dominación
estatal de medios que “dificultan una labor informativa independiente”, además
de que hay periodistas independientes que “deben confrontar historias sesgadas
e intencionalmente engañosas (como las ‘fake news’ y la desinformación), y
subsecuentemente se ven forzados a dedicar sus limitados recursos a corregir
dichas noticias y proporcionar información precisa”.
Ante este
escenario y en era digital, “el papel
del periodismo como salvaguarda ante los gobiernos se ha vuelto cada vez más
difícil, pero cada vez más importante”.
El relator llamó a autoridades a liberar a personas
detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, derogar leyes
incompatibles con la libertad de expresión como aquellas que penalizan la
difamación, el insulto de las autoridades gubernamentales, que criminalizan la
denuncia de ‘noticias falsas’ o propagación de rumores, y que permiten el
enjuiciamiento “de quienes denuncian actividades en el marco del terrorismo”.
De manera
especial, el relator Kaye llamó a los
Estados a “tomar medidas para investigar y procesar a quienes sean responsables
de los ataques contra periodistas”, tomando en cuenta que el preocupante
incremento de víctimas, en algunos casos de grupos terroristas, “quienes llevan
a cabo tales ataques para silenciar a la oposición, laicos o ateos”, y apunta que en muchos casos de amenazas, las
fuerzas del orden no protegen de manera efectiva , y cuando se materializan las
amenazas, tampoco hay investigaciones ni enjuiciamientos genuinos. De ahí el
llamado a “hacer de la rendición de cuentas una prioridad”.
El relator llamo también a los Estados a “resistir a
la tentación de ordenar que los sitios web críticos eliminen contenidos o
bloquear fuentes de información en línea”, situación que se ha extendido de
manera frecuente con “solicitudes de
eliminación de contenidos y cierres de espacios informativos”, de manera
que “interfieren con la libertad de los
medios y niegan a individuos el acceso mundial que es de interés público”.
Kaye insistió en “poner fin a la demonización de
los medios críticos”, a la que recurren líderes políticos al describir a
comunicadores en términos degradantes, y advierte que “el alza de odio contra
los medios de comunicación puede servir a corto plazo a las ambiciones de los
poderosos, pero tendrá un impacto perjudicial a largo plazo sobre el derecho a
la información y el proceso democrático”.
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