Raymundo Riva Palacio.
El asesinato
de Javier Valdez Cárdenas, esta semana, fue el catalizador de que 'algo' está
sucediendo en la guerra contra el narcotráfico.
No está
claro qué es, pero enseña que esa lucha no puede seguir analizándose con las
categorías hasta ahora utilizadas. El asesinato de Valdez Cárdenas fue producto
de una inteligencia criminal diferente.
El fundador
y director del semanario sinaloense Ríodoce no firmaba los textos más
penetrantes sobre el narcotráfico, por lo que la hipótesis sobre el qué había
escrito para buscar pistas sobre presuntos asesinos, es endeble. Es decir, pese
a haber realizado una crónica a través de varios libros sobre el narcotráfico,
no estaba directamente en la línea de fuego. Sin embargo, el respetado
periodista, galardonado internacionalmente, era un símbolo en esta profesión
que sobrevive en el ecosistema de la violencia y la inseguridad, por lo que se
puede argumentar que el crimen fue contra un objetivo de alto impacto, bien
pensado para que sacudiera todas las estructuras.
ASÍ FUE. La
posición de la Fiscalía de Sinaloa, que tiene como principal línea de
investigación el que haya sido un robo de auto, no se sostiene: la dispararon
12 tiros de cuando menos dos calibres diferentes, lo que habla de al menos dos
asesinos quienes, lo más importante, nunca intentaron llevarse el vehículo.
El crimen generó, como no había sucedido
desde el asesinato de Manuel Buendía, en 1984, un sentimiento de indefensión e
impotencia en el gremio, particularmente entre aquellos que, a diferencia de
los charlatanes y oportunistas en la profesión, saben cuándo las amenazas y
los entornos significan algo. El crimen de Buendía fue en un inefable mayo, al
cerrar un mes de inestabilidad política originada en Estados Unidos, con
denuncias nunca probadas de desvío de dinero del entonces presidente Miguel de
la Madrid, y pocas semanas después de que el
columnista había retomado una denuncia de los obispos del Pacífico, donde
alertaban que las estructuras políticas estaban coludidas con el crimen organizado.
Ese crimen abriría una década de
turbulencia narco-política. Casi una década después fue asesinado, en
Guadalajara, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, durante un extraño intento
de asesinato de Joaquín El Chapo Guzmán, por parte de matones de los hermanos
Arellano Félix, del Cártel de Tijuana. Posadas Ocampo fue acribillado en el
aeropuerto de esa capital, a donde había ido a recoger al nuncio apostólico,
Girolamo Prigione, quien lo iba a acompañar a la inauguración de una mueblería
de un amigo del obispo, Eduardo González Quirarte, lugarteniente de Amado
Carrillo, el inmortalizado –por las telenovelas– Señor de los Cielos, y quien
era el encargado del Cártel de Juárez para penetrar y reclutar a generales.
Visto en la línea de tiempo histórica,
el crimen Buendía comenzó una década de turbulencia, donde los sobresalientes
de esa época incluyeron el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena
Salazar, que había infiltrado al Cártel de Guadalajara, por lo que sus jefes,
Rafael Caro Quintero –por quien la PGR, en el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto, no actuó para impedirle que recuperara su libertad por un
tecnicismo jurídico–,
y Ernesto Fonseca, quien logró del Poder Judicial su liberación anticipada por
enfermedad, y la irrupción maldita del
narcotráfico en el Ejército, con la compra de protección del general de tres
estrellas, Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el zar contra las drogas en el
gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Esa época trajo el magnicidio del candidato del PRI a la presidencia,
Luis Donaldo Colosio, y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz
Massieu. Durante esos años, las instituciones se fueron debilitando y los
cárteles de la droga fortaleciéndose y penetrando las estructuras políticas
nacionales.
Lo que se sembró en aquellos años
llegó a niveles de rebase en el gobierno del presidente Vicente Fox, donde
Michoacán y Tamaulipas se habían convertido prácticamente en narco-estados, lo
que detonó la guerra contra las drogas en el gobierno del presidente Felipe
Calderón.
La llegada de Enrique Peña Nieto a la
presidencia trajo consigo una gran estrategia de lengua, que se hizo añicos en
el primer año de administración, y un rezago en la lucha contra la delincuencia
organizada. El
asesinato de Valdez Cárdenas se inscribe en el desbordamiento en el que se
encuentra el gobierno frente a los criminales, y la notable falta de estrategia
para combatirlos, pero no sólo como consecuencia de la ineptitud en materia de
seguridad pública, sino como un desafío al Estado mexicano.
Ese es el
algo que no se puede definir pero que existe, que cambió la dinámica del crimen
organizado y, por tanto, también deberían de cambiar las formas de combatirla.
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estuvo en Washington
este jueves para concretar una nueva estrategia con Estados Unidos en este
campo, donde se abordará el fenómeno desde el punto de vista del negocio que
representa, para atacarlo en todas sus facetas. Será un combate integral
–económico, financiero y social– que deje atrás el énfasis policial de
Calderón. Pero un día antes, en
respuesta a las presiones por el asesinato de Valdez Cárdenas, Peña Nieto
anunció un paquete de medidas para proteger a periodistas que sólo tiene
medidas policiales. La transversalidad acordada por Videgaray en Estados Unidos
fue ignorada por un presidente que, o no entiende lo que le plantean o no
escucha lo que le dice su canciller. En todo caso, qué preocupante. El
barco no tiene capitán.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.