Raymundo Riva Palacio.
La sucesión
presidencial del partido en el poder no comenzó el domingo, sino en las semanas
previas a las críticas elecciones en el Estado de México. Fue a finales de
abril, cuando el PRI anunció que la XXII Asamblea Nacional se adelantaba de
noviembre al 12 de agosto. A dos personas responsabilizó el presidente Enrique
Peña Nieto para armarla y preparar los consensos: la secretaria general del PRI,
Claudia Ruiz Massieu, y el ex miembro del gabinete, Jesús Murillo Karam, quien
fue el responsable de redactar la convocatoria. El documento, con una
estructura burocrática, no habría muchos márgenes para que se escucharan las
voces disidentes, pero Ruiz Massieu comenzó a hablar con diferentes figuras
dentro del PRI que habían presentado objeciones a la forma vertical como
querían desarrollar la asamblea y, como consecuencia, controlar la sucesión
presidencial.
La
preocupación del presidente, expresada por varios líderes del PRI, es la
existencia de candados para la nominación del candidato a sucederlo, donde se
mantiene la obligación a todos quienes aspiren a la candidatura a tener un
mínimo de 10 años de militancia probada en el partido, que es un requisito que
se arrastra desde la XVIII Asamblea Nacional de noviembre de 2001. A este
control contra neo-priistas se le ha añadido una presión de varios grupos
internos del partido, encabezados por Democracia Interna, que quieren que los
delegados aprueben el requerimiento de que quien aspire necesita haber ganado
un cargo de elección popular –de mayoría–, con lo cual los únicos miembros del
primer equipo de Peña Nieto que podrían aspirar son los secretarios de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Agricultura, José Calzada, o el
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.
Las
negociaciones de Ruiz Massieu tienden a evitar que los delegados a la Asamblea
pudieran añadir candados, así como eliminar el requerimiento de los 10 años de
militancia probada. Lo que varios dirigentes del PRI han contrapropuesto, es
que Peña Nieto abra el proceso de selección de candidato, que es un punto donde
hasta ahora, públicamente, el presidente no ha mostrado indicios de moverse. De
mantenerse rígida la posición de Peña Nieto, y si actúa como lo ha hecho
durante todos los procesos electorales bajo su mandato, el candidato sería
Osorio Chong. La explicación es que, si el presidente es consistente con su
forma práctica de decidir candidaturas, optaría por quien aparece mejor
colocado en las encuestas, donde el secretario de Gobernación ha figurado de
manera sistemática, salvo en algunas mediciones ocasionales donde el gobernador
Ávila lo supera como el priista mejor ubicado en la tabla de presidenciables.
Lo cerrado
del proceso electoral en el Estado de México no ha alterado el proceso de
sucesión presidencial, de acuerdo con lo que se está manejando en el círculo
interno de Peña Nieto. Antes incluso de la elección, el gobernador Ávila estaba
prácticamente descartado de la sucesión, por una pérdida de confianza en Los
Pinos, ante la sospecha de no haber trabajado a toda su capacidad a favor de la
campaña del candidato Alfredo del Mazo, donde uno de los argumentos que se
esgrimen es que en toda la contienda ni la candidata de Morena, Delfina Gómez,
su mentor Higinio Martínez, jefe del partido en el estado y viejo amigo del
gobernador, o el líder morenista, Andrés Manuel López Obrador, lo criticaron o
lo metieron en la fórmula de la mafia del poder.
El otro
elemento a discusión en los pasillos palaciegos es una fórmula similar a la que
utilizó el presidente Miguel de la Madrid durante la sucesión presidencial, en
1988, donde pese a tener en la mente dos candidatos posibles, los secretarios
de Gobernación, Manuel Bartlett, y de Programación y Presupuesto, Carlos
Salinas, organizó una pasarela con seis aspirantes ante el Consejo Político, en
1987, para que expusieran su visión de país y programa de gobierno. Una
pasarela de cuatro aspirantes es lo que se viene planteando como una
posibilidad, donde figurarían los secretarios Osorio Chong, de Gobernación; de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; de Salud, José Narro; y de Turismo,
Enrique de la Madrid.
La idea que
se está proponiendo, y que no ha sido mal vista por el presidente, es que la
pasarela no se haría ante el Consejo Político, sino en el país, para lo cual
tendrían que renunciar a sus cargos. La lista no incluiría al secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, que está siendo promovido para la presidencia del
Banco de México en otoño, cuando concrete su renuncia Agustín Carstens, ni al
secretario de Educación, Aurelio Nuño, que podría ir a Gobernación si, como se
menciona en los primeros niveles del gobierno, el secretario de Desarrollo
Social, Luis Enrique Miranda, es sustituido por Osorio Chong.
Uno de los
objetivos por los cuales se analiza abrir el proceso es oxigenar al partido y
recuperar el consenso interno. Los dos líderes del PRI que más éxitos
electorales tuvieron durante su presidencia, Beatriz Paredes y Roberto Madrazo,
fueron resultado de procesos internos que permitieron su legitimación. El
candidato de Peña Nieto tendrá que legitimarse y evitar una fractura dentro del
partido, como sucedió con Roberto Madrazo en 2006, que tiró la votación del PRI
para ese cargo a un histórico 22 por ciento. Según ha trascendido, no hay una
decisión tomada. Tampoco si el presidente modificará la forma como manejará el
proceso interno después de lo que sucedió en el Estado de México. Pero no falta
mucho para ver las señales. Un ajuste en el gabinete podría ser el principio de
todo.
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