Castillejos, otro leal que Peña Nieto quiere en la Suprema Corte.

Poco a poco, Enrique Peña Nieto ha conformado una Suprema Corte de Justicia de la Nación de lealtades en torno suyo, en detrimento del Poder Judicial y de la separación de poderes.

Desde que llegó, logró la designación en diciembre de 2012 de uno de los suyos como ministro del máximo tribunal: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, un recaudador de impuestos como titular del Servicio de Administración Tributaria.

Luego, en marzo de 2015, puso a Eduardo Medina Mora, un ex policía y ex diplomático hecho al vapor. Y a fines de ese mismo año a Javier Laynez Potisek, un persecutor fiscal que antes de ministro se convirtió en magistrado fiscal y administrativo por decisión presidencial.

Los tres tienen en común que son ajenos al Poder Judicial y su perfil, sobre todo de los dos primeros, está muy lejos de los jueces de un tribunal constitucional. Tres de 11 ministros suyos, a los que se suman los ministros de carrera reputados como oficialistas, entre los que destaca la ministra Margarita Luna Ramos.

Ese mismo 2015, Peña intentó la designación como ministro de la Suprema Corte del ex representante jurídico del PRI Raúl Cervantes, quien incluso se separó de su cargo de senador para cumplir el requisito de un año sin haber ocupado un cargo público. Pero con lo que no contó el aspirante a ministro fue que los cargos de elección popular son irrenunciables.

Frustrado, Cervantes regresó al Senado y ahora Peña lo tiene como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), el mismo cargo que Medina Mora ocupó durante la primera parte del sexenio de Felipe Calderón.

Fiel a su estilo, cuando Cervantes llegó a la PGR anunció a sus subordinados que estaban frente al próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Pero de nueva cuenta el rechazo en diversos sectores sociales lo tiene más bien como el último procurador, pero no necesariamente el primer fiscal general de la Nación.

Ahora, Peña Nieto va por otro espacio más; el que se abre con el retiro del ministro José Ramón Cossío, en noviembre próximo. Eso explica, en parte, la salida de Humberto Castillejos Cervantes como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

El exconsejero presidencial, quien es primo de Raúl Cervantes, y del titular de la Conade y también cercano a Peña, Alfredo Cervantes, se retira del cargo para litigar desde su influyente despacho y cumplir así con el requisito constitucional de la temporalidad.

Castillejos, quien fue coordinador de asesores de Medina Mora en la PGR, no tiene asegurado un asiento en la Corte. Primero, tendrá que enfrentar lo que desde la Secretaría de Gobernación se pueda contar de él.

El secretario Miguel Ángel Osorio Chong no lo tiene en bien. Aunque él mismo salga de la Segob en un eventual reacomodo del gabinete o en aras de la precandidatura del PRI, Osorio tiene mucho que contar de Castillejos.

Otra condición importante es que el PRI gane en el 2018. De no lograrlo, el partido que gane tendrá prioridad en la designación del nuevo ministro.

En el escenario de Peña hay otro factor que quiere explotar en la Corte. La designación del nuevo presidente de la Corte en enero de 2019, en sustitución del actual Luis María Aguilar.

Ahí hay otra carta favorable a Peña, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien además de ser muy cercano a Luis María Aguilar, fue juez y magistrado en el Estado de México en tiempos de Peña Nieto como gobernador. Ahí se conocieron y mantienen desde entonces relación.

Peña necesitará una Corte que en el menor de los casos defienda las reformas que el propio Castillejos diseñó. Y en el peor, lo proteja ante una eventual acción judicial en su contra como presidente.