Los bienes del exgobernador de
Quintan Roo, el aún priista Roberto Borge, deben ser confiscados para aligerar
la carga de lo robado al erario estatal, consideró la secretaria de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ivanova Pool Pech.
Borge Angulo
fue detenido el pasado sábado en Panamá por elementos de la Interpol local a
petición de autoridades de México, y la noticia fue dada a conocer la noche del
domingo, poco después de que las autoridades electorales dieran a conocer el
presunto triunfo del también priista Alfredo del Mazo en el Estado de México.
El cargo que
se le imputa a Borge es por lavado de dinero, razón por la que con el nuevo
sistema penal acusatorio el exgobernador, una vez que sea extraditado, podría
llevar el caso en libertad.
La secretaria de la Mesa Directiva
consideró que el decomiso de los bienes del exmandatario se justificaría
“porque es necesario revertir el daño patrimonial que el priista ha hecho a la
ciudadanía”.
Entre los bienes que se investiga si
pertenecen al exgobernador se encuentra la empresa naviera Impulsora Marítima
de Quintan Roo y del Caribe SA de CV.
Incluso, desde el pasado mes de
febrero las autoridades mantienen asegurada “la documentación oficial” de dicha
empresa, con el fin de evitar que pueda ser modificada su conformación, pues se
presume que los accionistas son prestanombres de Borge Angulo.
Los barcos de la empresa, por lo
menos cuatro valuados en un millón de dólares cada uno, se encuentran
encallados a lo largo de la península yucateca.
La diputada federal exhortó a la
Procuraduría General de la República para que pida al juez de control que
Roberto Borge enfrente su proceso “en prisión preventiva”, y no en libertad
como pudiera ser, “ante el riesgo de que pueda darse a la fuga, pues aún
existen diversos delitos por integrar”.
Borge, quien recibió una deuda
estatal de 10 mil 37 millones de pesos, al terminar su gestión la dejó en 22
mil 442 millones, recordó la diputada, pues el entonces mandatario “utilizó la
estructura del gobierno para despojar a ejidatarios, particulares y a
empresarios de inmuebles y dinero, a través de juicios laborales amañados y
mediante falsificación de documentos.
“Se trata de que no sólo sea una
cuestión mediática que sirva como distractor de las pasadas elecciones, ya que
Quintana Roo necesita que se haga justicia y que este caso sea un parteaguas
ante la corrupción y la impunidad, por eso considero que se podría empezar por
incautar los bienes de Borge, como una garantía de que le proceso será claro y
sin trucos”,
sentenció la legisladora.
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