El ex fiscal Édgar Veytia y una historia de terror: el despojo de Flamingos Acqua.

En una de las historias de terror que salen a flote tras la detención del ex fiscal nayarita Édgar Veytia, el empresario inmobiliario Eduardo Valencia denuncia que es objeto de una persecución y del despojo de su patrimonio por mil 800 millones de pesos, encabezado por Veytia y con la complicidad de diversas autoridades municipales, estatales y federales.

Postrado en una cama de hospital, recuperándose de las heridas casi mortales que el pasado 27 de marzo le propinaron dos internos de nuevo ingreso en la cárcel municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, el desarrollador inmobiliario, Eduardo Valencia Castellanos, de 46 años, narra por teléfono cómo estuvo involucrado el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, en el despojo de su patrimonio estimado en mil 800 millones de pesos, así como en el encarcelamiento “ilegal” que padece desde hace tres años y medio.

Édgar Veytia, “fiscal de hierro” y hombre de confianza del gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, es señalado por Valencia no sólo de controlar las áreas de seguridad sino también el sistema judicial de Nayarit e incluso instancias federales en la entidad.

El pasado 27 de marzo, cuando Veytia fue detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, Valencia Castellanos creyó que iba a morir.

Desde hace siete años el empresario ha sido acusado de delitos como delincuencia organizada, despojo de inmuebles y fraude.

Cuando la fiscalía estatal le atribuyó lavado de dinero (averiguación previa AP/PGR/NAY/BUC-1/087/2010) también trató de implicar a su papá y a su tío, Eduardo y Javier Valencia Gallardo. Salieron bien librados porque la imputación se basaba en que su familia es originaria de Michoacán, de donde son originarios diversos narcotraficantes apellidados Valencia, y en su millonario patrimonio. Cuando comprobó que su dinero provino de transacciones mobiliarias, el caso se archivó.

No obstante, Valencia Castellanos está preso desde el 28 de noviembre de 2013 por un presunto fraude contra un grupo de extranjeros que le compraron unos condominios.

Estas propiedades se ubican en el desarrollo Acqua, de 43 mil metros cuadrados a pie de playa en la localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y cuestan entre 200 mil y 1 millón de dólares.

En las 142 querellas, los agraviados señalaron la mala calidad de sus propiedades y alegaron su derecho a usar áreas privadas como el spa, beach club y restaurante como si fueran comunes, así como la falta de escrituras.

Al respecto, el acusado envió a este semanario varios amparos que le concedió en diferentes fechas el Juzgado Segundo de Distrito. Los amparos 497/2015-IV y 1721/2013-III coinciden en que no se acredita el cuerpo del delito por fraude genérico y fraude específico, por lo que se le concede la protección federal contra el auto de formal prisión dictado el 4 de diciembre de 2013 por el juez de Primera Instancia de Ramo Penal de Bahía de Banderas.

El amparo 497 fue concedido por el secretario encargado de juzgado Octavio Ernesto Ponce de León, y el 1721 por la juez Margarita Nahuatt Javier. Mientras que en el amparo 1073/2015-IV, el juez Segundo de Distrito, Armando Díaz López, le concedió protección al encontrar que la resolución del juez de Primera Instancia incumple “con los requisitos de fundamentación y motivación que exige la Constitución dejando en indefensión al quejoso”, es decir Valencia Castellanos.

Éste comenta que desde su detención ha sido constante la violación a sus derechos humanos y jurídicos. Indica que Veytia rindió protesta como fiscal general de Nayarit el 18 de febrero de 2013 y a los pocos días él acudió a su oficina con su abogado y primo Francisco Valencia Camacho, pero al hablar con él se dieron cuenta de que era parcial:

“Cuando me entrevisté con Veytia él me decía: ‘Aquí yo soy la ley, aquí yo soy el poder y tus abogaditos de cuello blanco me vienen guangos. Aquí, si yo quiero, vas a estar el resto de tu vida preso, y si quiero te puedo expropiar todos tus bienes. Es mejor que negocies con nosotros’.

“Yo le decía ‘es que esto no es una negociación, es una extorsión, es un fraude. Yo no puedo negociar una situación que es en contra del derecho y que va en contra de mis intereses de forma injustificada e infundada’.

“Así se manejaban en Nayarit. Si les gustaban tus propiedades se las quedaban. Tengo amigos con hoteles en los que les han sembrado droga para asegurarles las propiedades y se las han quedado vía decomiso a valores. De risa”.

–Por lo que dice, Veytia no sólo tenía el control de la fiscalía, sino de varias instancias –se le comenta al indiciado.

–De todo. Los delegados de la PGR, de Hacienda, del Seguro Social, el Poder Judicial de Nayarit… No se movía nada sin que él diera la autorización.

Los padres de Valencia Castellanos interpusieron dos quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit (CDDH), que derivaron en la recomendación 07/2016 dirigida al presidente municipal de Bahía de Banderas, el priista José Gómez Pérez, porque se detectaron tratos crueles, inhumanos y degradantes contra reclusos de ese penal, entre ellos el empresario.

En esa recomendación se relata que el 27 de noviembre de 2015 el padre de Valencia Castellanos informó por teléfono a la comisión que su hijo fue llevado a una celda de castigo y se le mantenía aislado, por lo que el órgano autónomo abrió la queja DH/461/2015.

El 9 de diciembre, personal de la CDDH se entrevistó con el procesado, quien describió los hechos del 20 de noviembre anterior: un grupo de encapuchados, “sin mediar palabra y sin identificarse me trasladaron hacia el muro lateral de ingreso a las crujías, donde me gritaron que me quitara los zapatos (…) acto seguido, vuelven a sujetarme y me encierran en un calabozo que mis compañeros de prisión suelen llamar La Loba, lo que es una covacha que se hace bajo las escaleras que dan acceso a las celdas superiores”.

“Una vez dentro de mi cautiverio me percaté que el lugar estaba lleno de orines, ya que ese mismo día desalojaron del mismo espacio a un compañero, el cual padece de incontinencia urinaria”. La Loba, dijo, no contaba con iluminación ni baño, había cucarachas y alacranes, y por las tardes y noches atraía una gran cantidad de zancudos.

Añadió Valencia Castellanos que “fueron casi tres semanas que se me mantuvo bajo una fuerte presión psicológica (…) Hace una semana (1 de diciembre) se me concedió la suspensión provisional”.

Se refiere a que el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal le otorgó la suspensión provisional 2225/2015 para que el alcalde de Bahía de Banderas, así como el director y subdirector de la cárcel municipal lo sacaran de la celda de castigo, pero los funcionarios fueron omisos, aún bajo advertencia de que se les impondría una multa y se procedería en su contra por abuso de autoridad.

Por eso el empresario señala en su declaración ante la CDDH: “Si algo me llega a pasar o a mi familia, hago totalmente responsable a las personas y a las autoridades que me tienen detenido aquí, como lo son mis clientes y el personal de la Fiscalía y del Poder Judicial del estado de Nayarit”.

En la recomendación se lee que al día siguiente de que acudió la comisión, Valencia Castellanos se comunicó con el visitador general Roberto Lomelí para informarle que “una vez que nos retiramos de esa cárcel, un interno del mismo penal a quien apodan Sammy le robó una tarjeta telefónica”. Cuando le reclamó “lo ingresaron a la celda número 15, donde internan a los locos (…) Cabe hacer mención que quien realizó este movimiento de celda fue el alcalde, quien le informó que dicha determinación de cambiarlo de celda venía de muy ‘arriba’”.

En su respuesta a la recomendación, la directora de Seguridad Pública municipal de Bahía de Banderas descartó cualquier violación a las garantías y derechos de los internos, aunque 204 de ellos se hacinan en un espacio de 16 celdas varoniles y una femenil, planeado sólo para 95 personas.

El 16 de abril de 2016 la mamá de Valencia Castellanos presentó la queja DH/103/2016, según la cual desde que ingresó a la cárcel su hijo es objeto de maltrato psicológico por los custodios para que entregue el celular que tiene escondido. De nuevo la directora de Seguridad Pública tachó de falsa la acusación.

El 10 de agosto de 2016, personal de la CDDH acudió a la cárcel municipal para realizar sus actividades de Supervisión Nacional Penitenciaria, y encontraron a dos internos encerrados en La Loba, con lo que confirmaron que existen tratos crueles, inhumanos y degradantes en ese reclusorio.

Cuando los visitadores le hicieron la observación al alcalde de la cárcel municipal, “el servidor público giró instrucciones a un comandante a efecto de que pusiera a los referidos internos fuera de dicho espacio o covacha y fueran asignados a una celda”, se lee en el acta circunstanciada. También se asentó que el espacio de castigo carece de sanitario, no hay intimidad y por sus reducidas dimensiones los internos sólo pueden estar de pie cerca de la reja, pues “al interior el espacio se va reduciendo conforme la inclinación de la escalera”.

Por ese motivo el titular de la CDDH, Huicot Rivas Álvarez, emitió la recomendación 7/2016 dirigida al presidente municipal José Gómez Pérez para que se retiren los barrotes del área de castigo y se modifique el reglamento de la cárcel “para establecer un procedimiento disciplinario” y se elimine la suspensión de las visitas. Además, solicitó que se garantice “la integridad física, psíquica y moral de los presos”.

Eso último se incumplió con Eduardo Valencia, quien el 27 de marzo fue brutalmente golpeado por un par de internos.

Los hombres de Veytia.

En entrevista telefónica con Proceso Jalisco, el visitador general Roberto Lomelí dice que la CDDH abrió una queja por la agresión más reciente contra Valencia Castellanos. Estima que la investigación concluirá el próximo agosto y entonces se podría emitir otra recomendación. Por lo pronto se solicitó a la Dirección de Seguridad Pública aplicar medidas cautelares para garantizar la integridad física de Valencia Castellanos.

Al respecto el empresario señala que Ricardo Rosales, subdirector de la cárcel de Bahía de Banderas y gente de confianza de Veytia, permitió la agresión que casi le cuesta la vida. Sus atacantes, cuyos apellidos considera falsos (Hernández Hernández y López López), ingresaron al reclusorio por el delito menor de resistencia a la autoridad, que amerita fianza. Sin embargo, fueron enviados al área donde se encontraba Valencia Castellanos y –relata éste– “sin mediar palabra, a las 7:30 de la mañana, me golpearon, al punto que me dieron por muerto”.

Fue trasladado en una patrulla al Hospital San Javier Nuevo Vallarta con fractura de cadera, contusiones cerebrales y otras lesiones de consideración.

Apenas había ingresado al nosocomio cuando un enviado de Ricardo Rosales, llamado Antonio, pretendía sacarlo. Pero uno de los médicos le advirtió que el paciente estaba grave y si lo trasladaba a otro sitio tenía que firmar una responsiva por su vida. El enviado desistió.

“Tengo la sospecha fundada que intentaban rematarme”, comenta Valencia, quien se enteró que a los cuatro días de la agresión los dos golpeadores quedaron libres, “pese a que existe la tentativa de homicidio y sin reparar el daño. Ahí es donde se ve la impunidad”.

Posteriormente Valencia Castellanos solicitó seguir su proceso en libertad bajo caución, pues los delitos de que lo acusan no son graves y no tiene otros antecedentes penales, pero aún no hay respuesta. Hasta el momento ha erogado 700 mil pesos en gastos médicos y cada 12 años tendrá que cambiar la prótesis de cadera, además de que aún requiere operarse la nariz y un pómulo.

La intromisión del fiscal.

El complejo Acqua tiene un valor en el mercado de 100 millones de dólares, es decir, mil 800 millones de pesos. En 2005 Valencia Castellanos comenzó a vender 330 condominios distribuidos en dos torres y la construcción concluyó dos años después.

El desarrollo fue recibido por parte del departamento Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Bahía de Banderas y la mayoría de los compradores fueron extranjeros.

Uno de ellos fue el canadiense Charles André Baccichet, quien –a decir de Valencia– en 2005 compró en preventa ocho inmuebles, que pagó en efectivo. En 2009, un año después de que se terminó de edificar el complejo habitacional, Baccichet le hizo una petición inusual: “Que se los escriture a su nombre, cuando los contratos están a nombre de diversas personas”.

El empresario se negó “porque sería doble venta. Además, en ese año entró en vigor la ley contra el lavado de dinero, donde los notarios y los desarrolladores teníamos que avisar de operaciones sospechosas en efectivo”.

En respuesta, el canadiense contrató al abogado Raúl Ruiz González, quien en 2011 “instruyó a Baccichet a que generara inconformidad con muchos condóminos extranjeros a quienes les había prevendido para que presentaran denuncias penales por fraude”, prosigue Valencia Castellanos.

Sostiene que Ruiz y Baccichet le pidieron 2 millones de dólares para retirar las querellas, además de que el segundo les prometió a otros extranjeros que les iban a dar más departamentos si denunciaban al vendedor.

En ese proceso legal los acusadores “suben al barco a (Édgar) Veytia y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, (Pedro Antonio) Enríquez Soto, para justificar mi aprehensión por medio de las inconformidades, que ya estaban prescritas porque las denuncias son de 2011 y los contratos de 2005. Son temas de interpretación de contrato y son civiles, no penales”, argumenta Valencia Castellanos.

Enfatiza que al entrar Veytia al proceso, sus demandantes ya no pedían 2 millones de dólares sino todo el complejo inmobiliario. Se giraron varias órdenes de aprehensión en su contra y, ante la imposibilidad de defenderse jurídicamente, se trasladó a la Ciudad de México, desde donde interpuso amparos.

La contraparte no se quedó quieta: “Me doy cuenta de que comienzan a hacerme fraude falsificando pagarés, que habían presentado para su cobro, otra vez a mis espaldas y en juicios espurios de 90 días. Una de las sentencias es por más de 600 millones de pesos, subvalúan mis bienes y se adjudican más de mil 500 millones nada más en una de cinco sentencias”. Aun así, sus acusadores afirman que aún les debe 400 millones de pesos.

Uno de esos juicios mercantiles contra su empresa, Flamingos Acqua, se radicó en el Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia (expediente 99/2013), adonde se presentaron como prueba copias simples de unos pagarés.

Tras enterarse de que había perdido parte de su patrimonio, Valencia Castellanos presentó un amparo que fue enviado al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales de Nayarit.

En su alegato, Valencia Castellanos menciona que en todo lo actuado (autos, decretos, sentencias interlocutorias y definitivas, procedimientos de ejecución, remates y adjudicaciones) se falsificó su firma para dar contestación a la demanda en la que actuó “supuestamente como representante legal”. También califica de ilegal la adjudicación de casi un centenar de inmuebles de su propiedad, pues se hizo mediante un pagaré falsificado. Sin embargo, la autoridad federal le negó su protección con el argumento de que aún no se resuelve el juicio biinstancial 1373/2013, derivado del 99/2013.

Subraya que para adquirir un crédito empresarial no sólo se necesitaba su firma, sino también la de su socio estadunidense Robert Albert Hartye Jr., dato que no tomaron en cuenta sus defraudadores. Detalla que los supuestos pagarés por casi 3 millones de dólares fueron signados en 2005, cuando Hartye aún era su socio, con intereses de 8%, los cuales fueron refinanciados a 50 millones de dólares en 2013.

De acuerdo con el folio mercantil 25576 del Registro Público de Comercio, el 17 de marzo de 2005 Valencia Castellanos y Hartye formaron la empresa Flamingos Acqua S. de R.L. En julio siguiente se unió a la sociedad Sierra Madre Investment, LLC, que poseía 40% de las acciones. El 22 de febrero de 2006 se acordó que esta última cedía su capital en partes iguales a Valencia y a José Luis Abunader Espino, que se quedaron como socios únicos.

Según el folio mercantil 9808, el 16 de octubre de 2013 el juez Segundo de Primera Instancia del ramo civil de partido judicial de Bucerías ordenó la adjudicación de las acciones de Valencia Castellanos a Rodrigo Hicks Macías Valadez, mientras que las de Abunader se le otorgaron a Guillermo Robles Zúñiga. Éste último dejó la empresa y su lugar en la gerencia fue ocupado por Jorge Antonio Patrón Pedroza.

En esta situación, enfatiza Valencia Castellanos: “Ya no denuncio esto para recuperar mis bienes, sé que me van acabar matando (…) He conseguido sentencias de amparo; aun con el autoritarismo del PRI he logrado peritajes oficiales donde me conceden que no es mi firma (…) En la época que dicen que estuve aquí firmando los pagarés, yo vivía en Estados Unidos, lo tengo acreditado con documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con tarjetas de crédito, con los vouchers que yo firmaba”.

El resto de las pruebas documentales las subió el propio Valencia Castellanos al sitio http://eduardovalencia.esy.es/ a fin de evidenciar las múltiples irregularidades cometidas por las dependencias a las que señala de complicidad con Veytia.

Presunta complicidad federal.

Por recomendación de un amigo, Valencia Castellanos contrató al abogado Diego Ruiz Durán, socio de Humberto Castillejos Cervantes, actual consejero jurídico de la Presidencia de la República.

Recuerda que en una reunión que sostuvo con Ruiz Durán, en la que también estuvieron Pablo Fernández de Cevallos –sobrino del político panista Diego Fernández de Cevallos–, ambos le pidieron, supuestamente de parte de Aurelio Nuño, del propio Castillejos y de Peña Nieto, que accediera a perder su patrimonio. No aceptó. Por eso considera que en la oficina jurídica de la Presidencia se fraguó el despojo de sus bienes a través “del narco-estado que impera en Nayarit”.

Tras un segundo encuentro con Ruiz Durán en el despacho de Castillejos (CLG Abogados, Consultoría, Litigio, Gobierno), ubicado en Mazatlán 102, colonia Condesa de la Ciudad de México, Valencia fue detenido el 28 de noviembre de 2013.

Para ello se montó un operativo con al menos 30 policías judiciales. Uno de ellos le informó que estaba detenido porque el auto que manejaba tenía reporte de robo. “Yo no me estaba subiendo a mi carro. Le dije: dime cuál de los (autos) que están estacionados, de los que ves aquí enfrente, tiene el reporte de robo. Se quedó callado. Me sujetaron, me dieron unas cachetadas y me subieron a una patrulla a la fuerza”.

Asegura que su aprehensión fue ilegal porque la policía capitalina no contaba con orden de aprehensión ni convenio de colaboración con Nayarit para localizarlo. Al otro día fue trasladado de la procuraduría local a la cárcel Venustiano Carranza de Tepic, pese a que era un juez de Bahía de Banderas quien lo requería.

En Tepic –ciudad donde Veytia inició su carrera policiaca como director de Seguridad Pública cuando el presidente municipal era el actual gobernador Roberto Sandoval–, el recluso Blas Esparza

Leyva, quien tenía el control de la prisión, le advirtió que estaba ahí “por órdenes de Veytia y lo que él ordenara iban hacer conmigo”, refiere Valencia Castellanos.

A los dos días de su detención se presentó en el penal el secretario del Juzgado de Primera Instancia de Bucerías. “Pedí que estuviera presente el juez, pero se rieron. En el Código de Procedimientos Penales de Nayarit, a petición de parte es una obligación que esté en la audiencia el juez (…) Me leyeron brevemente de qué me acusaban (fraude). Pedí tener acceso al expediente para preparar mi defensa, según el artículo b, fracción VIII constitucional… Se rieron y me dijeron: ‘¡Estás en Nayarit!’”.

Indica que al interior de la cárcel lo presionaron para desistirse de los amparos, pero no cedió. Entonces, dice, le dieron una golpiza y a mediados de enero de 2014 lo trasladaron a la cárcel municipal de Bahía de Banderas, donde “para atender más de 20 denuncias penales, me dan 10 minutos con mis abogados”, se queja.

En una búsqueda que realizó este semanario encontró una carta que publicó Giussepe Viola en el portal saboravallarta.com para denunciar el presunto fraude.

Viola se presenta como asesor legal para inversionistas extranjeros y afirma que Valencia Castellanos “no hizo la entrega obligatoria de los títulos de propiedad a los legítimos propietarios que invirtieron en el desarrollo” y que se dio a la fuga cuando se presentaron las querellas contra él.

Dice Viola que ese momento fue aprovechado por Raúl Ruiz y Baccichet, “éste último un canadiense con antecedentes penales en su país (…), quienes pasaron a manejar el desarrollo como un feudo privado”.

Al respecto, Valencia Castellanos asegura que “no se escrituró a Manuel Figueroa”, cliente de Viola, porque “no acreditó el pago del condominio”.