Peniley Ramírez Fernández.
Es 2014.
Juan Zepeda gobierna el municipio Nezahualcóyotl, una de las concentraciones
urbanas más complejas de México. El alcalde se ha propuesto bajar los índices
de inseguridad. Al final de su gobierno, habrá logrado reducir el 57 por ciento
de los homicidios, según cifras oficiales.
Zepeda se
mueve por el municipio con altos índices de marginalidad saludando a las
mujeres, anunciando programas de limpia de ambulantes, orgulloso de sus logros.
A la gente le gusta porque es sencillo, porque habla con un lenguaje franco y
simple, los mismos atributos que le catapultaron desde la posición de un
desconocido hasta ser el candidato que más creciera en la contienda por la
gubernatura del Estado de México.
Pero hay un
tema que no aparece en la agenda, que no luce cuando uno busca sus informes de
gestión, sus registros hemerográficos. En los archivos públicos de su papel
como alcalde no aparecen datos sobre su
relación con quienes viven al interior del Bordo de Xochiaca, el gran basurero
instalado en Nezahualcóyotl, donde se vierten los residuos sólidos del
municipio, unas mil 200 toneladas diarias de basura.
En 2013, siendo alcalde, Zepeda
anunció a la prensa que el Bordo de Xochiaca ya no recibiría la basura del
municipio que él gobernaba, y que el basurero sólo sería un “centro de
transferencia”.
Cuatro años más tarde, esto no ha
sucedido. Aún la basura llega al bordo en pequeños transportes, movidos por el
pedaleo de hombres en bicicleta o por burros. Afuera del basurero hay carteles
municipales de Nezahualcóyotl, pero adentro el control irrestricto es para las
organizaciones gremiales que agrupan a los recolectores. Es con ellos con
quienes se debe hablar para entrar allí, y fue con ellos con quienes hablamos
en Univisión cuando grabamos en ese lugar, en noviembre de 2016.
Ahí dentro
el silencio seco del basurero solo es cortado por el ruido de la basura, movida
por el viento, por el crujido de los camiones sobre el suelo fangoso, por las
risas de quienes conducen esas grandes moles de metal con emblemas de
Nezahualcóyotl.
Allí
encontramos trabajando a los niños.
Encontramos a los tres hijos de Erica
Herrera, la protagonista de nuestro reportaje, chicos que van a la escuela en
una primaria de Neza, pero antes, cada mañana, trabajan con su madre separando
plástico de otros reciclables, para sobrevivir.
Encontramos familias enteras, que
dejan a sus niños pequeños al borde del camino sin pavimento que separa la
basura de “los campamentos”, unas pequeñas chozas donde los recolectores se
guarecen de la lluvia y el sol durante la jornada.
Los más pequeños, que aún no pueden
ayudar, juegan con lo que encuentran en la basura, mientras su familia llena
grandes bolsas con los residuos de los camiones que antes, en Neza, han sido ya
invadidos por otros recolectores, que separan antes que ellos lo que se puede
reciclar.
El planteamiento de nuestro reportaje
era simple: cuestionamos por qué Coca-Cola era estricta contra el trabajo
infantil en Estados Unidos, mientras en México alimentaba su fábrica de
reciclaje más grande del mundo con la labor de estas familias, a las que les
pagaba el precio más bajo de toda su cadena de acopio, sin que las autoridades
ni la compañía tomaran alguna acción concreta para evitar que los niños
trabajaran.
Para las
familias, los mayores temores son que las
ratas muerdan a los bebés, que los chicos se corten con las agujas mezcladas
con la basura o que queden aplastados, cuando los camiones del municipio
vierten su carga en la gran plancha de desperdicios que se extiende varios
kilómetros a la redonda.
Confieso que
cuando publicamos en Univisión el reportaje sobre el trabajo infantil de estos
chicos en el basurero de Nezahualcóyotl, el Bordo de Xochiaca, no había caído en cuenta en la
responsabilidad del municipio. No había caído en cuenta que, así como podían
gastar algo de dinero en impedir estos peligros desde la fábrica de Petstar,
propiedad de Coca-Cola de México en sociedad con varios embotelladores
mexicanos de la multinacional, también podían haberlo hecho quienes gobernaban
Nezahualcóyotl.
Pero en los últimos días, cuando el
nombre de Juan Zepeda se convirtió en un referente en la prensa de la Ciudad de
México, como la gran revelación de las campañas electorales, como el único
candidato que no había sido cuestionado por una conducta reprochable, por
manejos corruptos, por desvíos de dinero, recordé a estos niños.
Recordé el evento de 2014, cuando Enrique
Peña Nieto y el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, inauguraron la
ampliación de la planta de Petstar, la más grande del mundo. Durante el evento
en la fábrica, Peña Nieto dijo que las inversiones de grandes transnacionales,
como la refresquera, “vienen a detonar empleos y empleos de mayor calidad”.
Juan Zepeda era el alcalde de
Nezahualcóyotl cuando se inauguró la planta, cuando Peña Nieto anunció que el trabajo de esos
recolectores era vital para el desarrollo de Petstar. Y era también alcalde cuando dedicó varios proyectos a mejorar la
vialidad afuera del Bordo mientras adentro estas familias se veían obligadas a
trabajar con sus hijos, porque no tenían donde dejarlos, porque necesitaban su
ayuda.
Mientras
escribo esta columna, aún no se desarrollan las elecciones en el Estado de
México. Sin importar el resultado, la
figura de Zepeda ha quedado ya instalada en la escena política nacional y creo
que este elemento de su trayectoria, desconocido hasta ahora, es un necesario
contraste público con la imagen del rockstar impoluto, del candidato exitoso.
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