Diputados del Congreso de San Luis
Potosí y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) han
extorsionado a presidentes municipales de la entidad, entre ellos el de
Ahualulco, Federico Monsivais Rojas, y de Tamazunchale, Baldemar Orta López. A
cambio de entre un 10 y 20 por ciento del monto observado en sus cuentas
públicas, “limpian” las posibles irregularidades, reveló este lunes el diario
local Pulso San Luis.
Ante este
presunto esquema de corrupción entre legisladores y el órgano autónomo
encargado de vigilar y fiscalizar el uso de recursos públicos, especialistas en
transparencia y rendición de cuentas destacaron que, ante la ausencia del nombramiento del Fiscal Estatal Anticorrupción,
el Procurador General de Justicia Estatal, Federico Garza Herrera, debe
investigar y en su caso sancionar penalmente. Si no lo hace, Luis Alejandro
Padrón Moncada, Contralor General del Estado, debe actuar respecto a la función
del Procurador, insistieron.
El Procurador Garza Herrera también
enfrenta señalamientos. El abogado Agustín Castillo Guevara solicitó en abril
al Congreso del Estado un juicio político en su contra por inconsistencias en
el seguimiento de las carpetas de investigación. En mayo ratificó su denuncia.
Al involucrar a partidos políticos y
al Congreso Estatal, el caso tiene los “méritos” para ser denunciado ante
instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR) y ante
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dijeron los especialistas. Además, al tratarse de diputados, se tendría que solicitar al Congreso estatal
su desafuero si se comprueba el delito de extorsión a los alcaldes. En el caso
de los auditores, es al Sistema Nacional de Fiscalización a quien deben rendir
cuentas.
La red en
San Luis Potosí está integrada por Óscar
Bautista Villegas, legislador priista y vocal de la Comisión de Vigilancia del
Congreso estatal; José Guadalupe Sánchez Torres, perredista y presidente de esa
Comisión; Manuel Barrera Guillén, del Partido Verde Ecologista de México y el
presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Enrique Flores Flores, panista y
el presidente de la Junta de Coordinación Política, así como funcionarios de la
ASE, entre ellos, Manuel Abraham Reinhardt Guerrero, coordinador General de
Auditorías Especiales, de acuerdo con una reunión filmada entre el Diputado
Flores Flores y el Edil de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo.
“Si se verificara y el video fuera
verídico, es un ejemplo clarísimo de la captura del órgano autónomo que es la
Auditoría Superior del Estado y la falta de autonomía del Congreso estatal, lo
cual permite que ciertos funcionarios como los propios integrantes de los
supuestos órganos autónomos puedan crear redes de corrupción como la que nos
describe esta historia en San Luis Potosí para extorsionar a alcaldes con
cuentas públicas”,
aseguró María Amparo Casar, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción.
El titular
de la Auditoría Superior estatal, José de Jesús Martínez Loredo, aseguró que “ni el Diputado Enrique Flores ni ningún
otro tienen injerencia sobre el trabajo que realiza la Auditoría Superior”.
Por su
parte, el Diputado Enrique Flores, quien
es protagonista en el video de referencia, afirmó en una rueda de prensa que “a
todas luces el video está editado” y puso en duda la credibilidad del alcalde
Crispín Ordaz –quién filtró el video– ya que, recordó, ha estado en la cárcel
por malversación de fondos de su municipio. Ordaz, aseguró, acudió a su oficina
para pedirle que lo contactara con los diputados para que limpiaran sus cuentas
públicas. Busca que se le “tape” una deuda de 38 millones de pesos, así como
transferencias bancarias a una cuenta de inversión a su nombre.
“Hablé a
título personal de una percepción política que se observa en el Congreso, sin
embargo [quiero] también dejar en claro que ninguno de los 27 diputados tiene
acceso a remediar cuentas públicas. Quien hace ese trabajo de subsanar cuentas
públicas es la Auditoría Superior del Estado, lo que hacemos nosotros como
diputados es únicamente avalar si esta auditoría fue hecha de forma correcta o
no”, dijo Flores Flores.
El alcalde involucrado, Crispín Ordaz
Trujillo, presentó una denuncia por extorsión ante la Procuraduría General de
Justicia de San Luis Potosí contra el Diputado Enrique Flores Flores y contra
quienes resulten responsables.
Ordaz Trujillo ya había gobernado el
municipio de Ébano entre 2007 y 2009 –periodo en que también recibió
observaciones por la ASE– y en 2012 fue encarcelado durante siete meses por
asociación delictuosa en modalidad de pandillerismo, según reportes de la
prensa local.
MANEJO DE
CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
El Sistema
Nacional Anticorrupción está integrado por el Comité Coordinador, el Comité de
Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización
y los Sistemas locales. Estos últimos tienen hasta el 18 de julio para
establecerse. De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción del Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO), San Luis Potosí cuenta con una reforma constitucional
“satisfactoria” y una iniciativa de Ley del Sistema Local Anticorrupción
“regular”. Pero el Fiscal Estatal
Anticorrupción no ha sido asignado.
Alejandro
González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación, dijo que el Sistema
Nacional Anticorrupción establece un sistema de coordinación y contrapeso. Pero
si hay colusión entre dos de estos contrapesos, “es un pésimo comienzo y una
pésima señal que pone un antecedente muy complejo para que el SNA nazca con el
pie derecho”.
Sin embargo,
el Comité compuesto por ciudadanos “debe
ser el incómodo”, ya que tiene la capacidad de solicitar la intervención del
Fiscal Estatal Anticorrupción para que investigue y persiga el delito de
extorsión. Si el Comité considera que el Fiscal está cayendo en una omisión,
para eso está el equivalente a la Secretaría de la Función Pública de cada
estado; es decir, el Contralor General, quien evalúa la labor del Procurador.
La otra vía complementaria, dijo
González Arreola, es acudir al Sistema Nacional de Fiscalización, presidido por
el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, y por la secretaría
de la Función Pública, Arely Gómez. A esa entidad las auditorías estatales le
deben de rendir cuentas.
María Amparo
Casar, investigadora de mexicanos contra la Corrupción, destacó que la falta de contrapesos en el ejercicio del
poder de los funcionarios públicos es uno de los principales problemas del
federalismo mexicano, lo que deja “indefenso” al ciudadano.
La Auditoría
Superior de la Federación y estatales fiscalizan la Cuenta Pública mediante
auditorías realizadas a los tres poderes de la Unión (legislativo, ejecutivo y
judicial), a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades
federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos
públicos federales, incluyendo a los particulares.
El propósito
es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y
programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas,
y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.
Pero en San Luis Potosí, de acuerdo
con el video, legisladores estatales de diversos partidos “hacen negocio” con
la Auditoría Superior estatal.
En el caso
del alcalde Crispín Ordaz, con quien dialoga el Diputado panista Enrique Flores
Flores, la Auditoría Superior estatal hizo a su municipio de Ébano
observaciones por 40 millones de pesos, por lo que debía entregar el 10 por
ciento de esa cantidad, es decir, cuatro millones de pesos “para limpiar el
cagadero”.
La investigadora Amparo Casar evaluó
que este caso evidencia la necesidad de “nombramientos transparentes” de los
auditores estatales con participación de los ciudadanos y “un mejor manejo de
la cuenta pública municipal”.
Para ello,
llamó, debe haber capacitación de la gestión gubernamental. Hay cerca de dos
mil municipios en donde no hay preparación ni recursos para llevar una cuenta
pública como se debe, destacó.
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