Grandes empresas como Grupo Higa,
Monsanto y Energía Eólica del Sur han violentado los derechos humanos de
diversas poblaciones en México.
Lo anterior se desprende del “Informe
del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas”, presentado este jueves ante el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo
con Elena Villafuerte Mata, integrante del área de Justicia Transnacional en la
organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC
(ProDESC), quien estuvo presente en Ginebra, Suiza, durante la presentación del
estudio, el gobierno de Enrique Peña
Nieto habría privilegiado garantizar las obras a grandes empresas, por encima
de los derechos humanos. Y la Reforma Energética, dijo, ha propiciado el
aumento de atropellos a los derechos humanos por parte de las empresas.
“La realidad es que los temas de la
consulta indígena, y el derecho a la libre determinación de los pueblos
indígenas, están pendientes en la agenda del Estado mexicano, pero
específicamente en lo que se refiere a la Reforma Energética”, puntualizó.
Y señaló que la respuesta del gobierno
federal ante el Informe “no ha despejado dudas de que empresas sigan
involucrándose en nuevos atropellos”.
“El Estado mexicano hizo una
intervención acotada, pero definitivamente no abordando de manera crítica o
propositiva los temas que vienen en el informe, ni las recomendaciones del
Grupo de Trabajo”,
sostuvo.
El gobierno federal, agregó, se ha
visto comprometido en diversas ocasiones con estas mismas empresas. Este podría
ser el caso de los atropellos, detallados en el Informe, de Grupo Higa para la construcción
de la autopista Toluca-Naucalpan que ha expropiado terrenos de comunidades
indígenas en Xochicuatla, Estado de México.
Más de cien organizaciones civiles
que colaboraron con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas documentaron en su
etapa preliminar: 32 abusos al derecho a la tierra y el territorio por parte de
empresas, 28 casos de falta de acceso de información sobre trabajos, 22 abusos
al derecho a un medio ambiente sano, 17 de impactos a la salud de la población,
17 de falta de cumplimiento a derechos indígenas.
Oponerse a los proyectos de las
empresas puede resultar contraproducente en México. El Informe, en su etapa
preliminar, documentó 32 casos de agresiones contra personas que se resistían a
esos proyectos.
“Incluso en el propio informe se
habla de que existe una ansiedad del gobierno mexicano de atraer inversiones. Y
que eso combinado con esa dinámica de corrupción e impunidad da un marco para
que se cometan abusos en el marco de las actividades empresariales”, dijo la representante de ProDESC.
El Informe
destaca el caso del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de
Zaragoza, de la empresa Energía Eólica, que se detuvo después de que una
resolución de un Tribunal Federal decidió en 2015 conceder un amparo a las
comunidades locales.
Y pese a que pueblos indígenas fueron
consultados durante dos años con el fin de ganar su consentimiento para la
obra, finalmente parte de los locales no terminaron por concederlo. Aun así, en
2016 un Tribunal volvió a darle luz verde al proyecto.
Las consultas en ocasiones han debido
de ser ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Yucatán y
Campeche. Sólo después de que las autoridades aprobaron a Monsanto cultivar
soja transgénica sin consultar con los pueblos originarios afectados.
“Las
comunidades locales señalaron entre
otros agravios, la contaminación de las fuentes de agua con herbicidas, la
deforestación y las repercusiones del proyecto en la apicultura tradicional de
la comunidad maya eran causa de preocupación”, destaca el informe.
Dolores
Rojas, coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll, expresó que uno
de los puntos a resaltar sobre el trabajo presentado en Suiza es el llamado que
se hizo al gobierno federal sobre las consultas populares en el emprendimiento
de proyectos.
“Un tema que a mí me parece
importante como es el de la consulta previa, libre, informada y culturalmente
adecuada, conforme
el Convenio 169 OIT, se reitera que las
consultas deben de realizarse lo antes posible y han de dejar abierta la
posibilidad de que algunos proyectos no sean viables. Es decir, si en la
comunidad dice no, pues las empresas tendrán que aceptarlo. En México pasa
justamente lo contrario”, sostuvo Rojas.
Los derechos ambientales de la
población también han sido vulnerados por empresas transnacionales, dice el
informe, destaca el derramamiento de sulfato de
cobre por parte de la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, en
el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014.
El informe recuerda que ese ha sido
el mayor desastre ambiental de la industria minera en México, ya que afectó
directamente a cerca de 22 mil personas, con efectos también en el ganado y los
cultivos, y de manera indirecta a 250 mil personas de siete municipios situados
a orillas del río Sonora: Arizpe, Banamachi, Huepac, Aconchi, San Felipe,
Baviácora y Ures”, cita el trabajo.
En otros
casos las empresas detrás del desastre son más numerosas. El Grupo de Trabajo
de la ONU visitó el Río Santiago, Jalisco, “el más contaminado de México”, cita
el trabajo.
El Informe del Grupo de Trabajo
detalla que desde 2002 van a dar al río los vertidos de más de 300 empresas
instaladas en el corredor industrial de Ocotlán-El Salto.
Este río
corre por los municipios de Juanacatlán y El Salto, afectando así a 300 mil
personas, sin embargo, la población de la cuenca fluvial podría ascender a 7.5
millones.
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