Guerrero registró un fin de semana
violento donde 30 personas fueron ejecutadas, entre ellas tres menores de edad
y cinco mujeres.
Los casos más graves se registraron
en Acapulco y Chilpancingo, donde murieron 18 de las víctimas, mientras que el
resto se presentaron en los municipios de Iguala, Taxco y Chilapa de Álvarez,
que también están considerados dentro de los 50 municipios más violentos del
país por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
En Acapulco,
un ataque armado contra una familia en
la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, dejó siete muertos, entre ellos tres
menores de edad y tres mujeres quienes recibieron múltiples impactos de bala de
grueso calibre, por parte de presuntos integrantes de la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que lidera Bruno Placido
Valerio.
De igual
forma, en ataques simultáneos que se registraron el sábado por la tarde, cinco
hombres fueron ejecutados por sujetos que utilizaron rifles de alto poder.
Entre las víctimas se contabilizaron dos taxistas y tres jóvenes que viajaban a
bordo de un automóvil compacto.
En Chilapa
de Álvarez donde la violencia ha dejado más de 50 asesinatos, entre ellos unos
15 desmembrados, dos parejas (hombres y mujeres) fueron ejecutadas en hechos
distintos, mientras que los cuerpos sin vida otros dos hombres fueron
localizados en carreteras cercanas a la cabecera municipal.
En Taxco de
Alarcón, tres hombres fueron ejecutados en la comunidad de Acamixtla que se
localiza a unos 30 minutos de la cabecera municipal. Dos de las víctimas
quedaron tirados sobre la calle, mientras que el tercero murió al tratar de
esconderse en un centro deportivo.
Finalmente,
en Iguala, un grupo de hombres encapuchados asesinaron al propietario del bar
con razón social “El Jardín”, que se localiza al norte de la ciudad. La víctima
quedó tendida en medio de su negocio, mientras los responsables huyeron con
rumbo desconocido.
Con estos
homicidios, suman 850 las muertes violentas que registra Guerrero durante los
primeros cinco meses del presente año, lo que representa un 20 por ciento más
que en 2016, de acuerdo con datos estadísticos, derivado de la disputa que
mantienen grupos de la delincuencia organizada en distintos municipios del
estado, por el control del trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
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