Ricardo Ravelo.
La Comarca
Lagunera es una de las regiones más prósperas del país, pero también es de las
más violentas: grupos del crimen organizado como Los Zetas, el Cártel de Juárez
y del Pacífico mantienen una disputa a sangre y fuego desde hace varios años, en tanto que buena parte de la clase
empresarial ligada al sector agropecuario se ha dedicado, por décadas, al
saqueo de tierras y de pozos de agua en municipios tanto de Durango como de
Coahuila.
Un ejemplo
de este descomunal saqueo ocurre, por ejemplo, en el municipio de Gómez Palacio, uno de los más prósperos del país que
le aporta a Durango el 60 por ciento del PIB estatal. Ahí, entre 132
comunidades rurales y 400 mil habitantes están asentadas las empresas más
acaudaladas de la República, algunas de ellas presuntamente ligadas con capos
de la droga.
En La Laguna opera la boyante “Lala”,
que encabeza Eduardo Tricio Haro, quien a su vez es dueño del 25 por ciento de
las acciones de Aeroméxico; Leche Bell –alguna vez presuntamente ligada con
Ismael “El Mayo Zambada”y cuyo escándalo tronó por el uso de recursos públicos
por parte de esa compañía — así como Chilchota, fundada por
el extinto Carlos Herrera Araluce, cuyo emporio fue heredado a sus hijos y
durante su expansión no estuvo ajena a los escándalos por estar presuntamente
relacionada con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Ocurre que entre las principales
empresas lecheras de esa región existe una abierta disputa, tan férrea como la
del crimen organizado, por el control de los pozos de agua. Y no es para menos.
La Laguna es una región ubicada en pleno desierto.
Un dato estima que el 80 por ciento
de los pozos de agua están controlados por Lala y Chilchota y muy poco han
dejado para los campesinos. Otros datos sostienen que en toda la región lagunera existen unos 3 mil
pozos de agua –unos mil 500 son piratas, pues no tienen concesión –y de ese
total unos mil pozos están ubicados en el municipio de Gómez Palacio, de los
cuales el 97 por ciento pertenecen a los grandes emporios lecheros y sólo el 3 por ciento están en manos de los
campesinos.
Hasta 1988, cuando todavía no era muy
evidente la participación del crimen organizado en el despojo de las tierras y
el agua, el 87 por ciento de los campesinos vivían de la producción agrícola.
Actualmente sólo entre el 4 y el 6 por ciento pueden sobrevivir de esa
actividad, pues han tenido que vender sus propiedades
algunas veces mediante amenazas de muerte por parte de los grupos de poder
vinculados al narcotráfico. Otros grupos sociales vulnerables han sido
desplazados debido a las amenazas del crimen organizado vinculado con las
empresas más poderosas.
Y por encima de la inmensa pobreza
que existe en esa región, en La Laguna se han construido los más importantes
establos del mundo, las empresas más boyantes en la producción de leche, pollo
y huevo. Pero la riqueza se ha quedado en pocas manos.
Quizá esta desigualdad explique la
enorme violencia que azota a la Comarca Lagunera, ya que las bandas del
narcotráfico se han aprovechado del vacío de Estado que existe en esa región,
por décadas controlada por el crimen organizado, una actividad tan boyante como
violenta.
Las cifras
no mienten. Los municipios más violentos, desde el 2010 a la fecha, son Torreón
y Gómez Palacio. En Torreón la disputa por el territorio la protagonizan los
cárteles del Pacífico –también conocido como cártel del Poniente –, Los Zetas y
el cártel de Juárez. En Gómez Palacio sólo opera el cártel del Pacífico.
Las estadísticas establecen que, en
el año 2010 por ejemplo, en Gómez Palacio hubo 437 crímenes y en Torreón 375;
en 2011 la primera demarcación registró 255 asesinatos y la segunda 735; en
2012, 315 y 783, respectivamente; en 2013, 208 contra 299 (Aquí la baja
criminal obedeció a que el ejército entró a la región y desaparecieron los
cuerpos municipales de policía debido a que estaban relacionados con el
narcotráfico). En el año 2014 hubo 109 crímenes frente a 177; en 2015, 62
contra 214; en 2016, 45 por 98 ocurridos en Torreón. Y hasta abril de este año
se contabilizan 67 asesinatos: 7 en Gómez Palacio y 58 en Torreón.
La cifra ha bajado en Gómez Palacio,
según expertos consultados, debido a que en ese municipio la actividad criminal
está controlada por una sola organización –el cártel de Sinaloa –en tanto que
en Torreón la disputa es entre tres grupos.
Los grupos
políticos y empresariales no han estado exentos de violencia. En el año 2013,
por ejemplo, cuando el Ejército disolvió las policías municipales de los
municipios de La Laguna –estaban al servicio del narcotráfico –hubo reacciones
violentas: un grupo armado desató una balacera y rafaguearon la casa de Rocío
Rebollo, exalcaldesa de Gómez Palacio y actual diputada federal.
Algunos
testigos dijeron que los balazos también se escucharon en la residencia de la
familia Herrera Ale –sus vecinos — dueños de Chilchota, la segunda empresa
productora de leche más importante en La Laguna, cuyos dueños han estado
implicado en escándalos relacionados con el narcotráfico.
Una primera versión de estos hechos
apuntó que un grupo del crimen organizado amedrentó a los Rebollo con la balacera,
pero otra sostiene que tuvo que ver con la diputa familiar que existe entre los
Rebollo y los Herrera y que éstos últimos habrían desatado la balacera como una
medida de intimidación, su estilo para someter. No todo quedó ahí: días después
los negocios de madera y pintura de la familia Rebollo fueron incendiados por
desconocidos, según se dijo.
Un dato que no puede soslayarse es que,
en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango, ha regresado por sus
fueros Arturo Hernández González, El Chacky, quien fue sicario del cártel de
Juárez y lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de “El Señor de los
cielos”.
Hernández
González estuvo ligado con Ernesto Herrera Ale, hijo de Carlos Herrera: en el
año 2003, cuando el capo era perseguido por las fuerzas del orden, se refugió
en la casa de la familia Reza, en Gómez Palacio, suegros de Herrera. Aquello
abrió varias investigaciones por parte de la Procuraduría General de la
República que no prosperaron, aunque los antecedentes forman parte de un voluminoso
expediente criminal.
“El Chacky”
después se refugió en Lerdo, Durango, y vivió al amparo de familiares de
algunos políticos de la región, figuras del panismo, hasta que fue detenido.
Poco más de diez años después, este personaje regresó a la Comarca Lagunera y a
él se le atribuye ahora la ola de violencia y de terror en la zona.
Justamente Leticia Herrera Ale,
hermana de Ernesto, construye su proyecto rumbo a la gubernatura de Durango
desde la presidencia municipal de Gómez Palacio, Durango, territorio bajo el
dominio de “El Chacky”.
Ella presume tener el apoyo de Emilio
Gamboa y de Manlio Fabio Beltrones, líder del grupo parlamentario del PRI en el Senado y
expresidente nacional del PRI, respectivamente, pero debido a su carácter
estridente se ha peleado con sus propios correligionarios, entre ellos, el
gobernador José Rosas Aispuro Torres, así como con los exmandatarios Ismael
Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera.
De igual
forma ha enderezado campañas de intimidación en contra de periodistas, entre
ellos Juan Monrreal, quien afirma que desde hace seis meses es blanco de
ataques y descalificaciones por parte de la alcaldesa Herrera debido a las
publicaciones que ha realizado y que exhiben “sus actos de corrupción, su
prepotencia” y los antecedentes de buena parte de sus colaboradores, muchos de
ellos con antecedentes penales.
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