Vergüenza electoral.

Raymundo Riva Palacio.

Las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila trajeron al descubierto lo que quizás durante un largo tiempo no habíamos visto de una manera grotesca: que las prácticas cavernícolas para alterar el resultado de una elección siguen viviendo en este régimen. Los casos que han presentado los partidos de oposición al PRI son contundentes y, en algunos casos, inexplicables, como las juntas distritales en el Estado de México, donde al hacer la compulsa en la que había ganado el priista Alfredo del Mazo, terminó con una clara victoria de Delfina Gómez, de Morena; o la forma como, en la frontera norte de Coahuila, grupos de choque apoyados por la Policía Estatal se robaron paquetes electorales que estaban resguardados por… policías estatales.

El PAN reclama el triunfo en la elección para gobernador en Coahuila, y Morena hace lo propio en el Estado de México. El PRI asegura tener 30 mil votos de diferencia en Coahuila, lo que hace a su candidato, Miguel Riquelme, ganador de la contienda, y sostiene que su ventaja de 2.9 por ciento en las elecciones mexiquenses llevarán sin duda a su candidato, Alfredo del Mazo, a la gubernatura. Los recuentos del voto que se iniciaron el miércoles se contaminaron por lo pueril de las irregularidades que han comenzado a salir a la opinión pública.

Entre los ejemplos más utilizados por el PAN en Coahuila se encuentra lo que sucedió en la Sección Electoral 10, en Ciudad Acuña, donde un grupo de cholos, protegidos por la Policía Estatal, destruyó las urnas la noche de la elección. La bodega en Piedras Negras, donde se resguardaban los paquetes electorales, que es otro de los puntos de mayor tensión postelectoral, fue violada mediante una puerta falsa, para presuntamente alterar las actas computadas. Una funcionaria del Instituto Electoral de Coahuila en uno de los distritos en Saltillo, donde Riquelme ganó por el mayor margen, no contribuyó a atemperar los ánimos, al afirmar que la evidencia de las urnas violadas era irrelevante porque las podían volver a contar. Es decir, volver a sumar el voto de actas alteradas.

Los ejemplos no son menos graves en el Estado de México. En la Junta Distrital 44, en Nicolás Romero, los funcionarios de casilla dieron como votos buenos para el PRI aquellas boletas donde se cruzó la sigla fuera del recuadro, por el hecho de la proximidad, o también en donde se escribieron palomas en cada recuadro y sólo en el del PRI se cruzó. Los funcionarios dijeron que habían decidido así por “la intención del voto”. Este concepto atroz en procesos electorales es lo que hizo que Al Gore perdiera la presidencia de Estados Unidos ante George W. Bush, en 2000, porque los electores en Florida votaron cerca del recuadro de su partido, pero no en él. Los seis medios de comunicación que revisaron meticulosamente las boletas concluyeron que debió haber ganado Gore, pero que legalmente, como falló la Suprema Corte de Justicia, el triunfo era para el republicano.

En el Estado de México, la participación en las regiones donde ganó el PRI superó en más de 10 por ciento la media de 52 por ciento en la jornada electoral. En Valle de Bravo fue de 65 por ciento y en Atlacomulco de 62 por ciento, los municipios más emblemáticos de la abultada votación priista. En cambio, en las regiones donde ganó Morena la participación fue menor al promedio. Este patrón, analizado por la empresa Parametría, es atípico en elecciones en el Estado de México y, en su conjunto, antihistórico que una votación superior a 50 por ciento se haya inclinado por el PRI. La mayor parte de las votaciones atípicas se dieron en las zonas rurales, donde Morena no pudo cubrir con representantes cerca de 30 por ciento de las casillas. Las irregularidades en las elecciones motivaron protestas como no se veían hace muchas elecciones.

Las elecciones en esos dos estados, que se sabía difíciles por la experiencia de los operadores políticos del PRI, se volvieron focos de conflicto ante la forma abierta y sin pudor como se dio un buen número de irregularidades. En Coahuila, todos los partidos de oposición se levantaron de la mesa de cómputos distritales el miércoles en protesta por lo que el PAN llamó “fraude electoral”, para ejercer presión que permita que en los tribunales electorales la elección pueda ser anulada y repuesta en agosto próximo. La dirigencia panista afirma que más de 30 por ciento de las casillas tienen irregularidades, con lo cual habría motivos, de probarse, para anular la elección, que requiere, para ello, que 20 por ciento de las casillas sean eliminadas. En el Estado de México las autoridades electorales soslayaron los comportamientos atípicos en la participación, y ajustaron de 21 a 17 por ciento el número de paquetes electorales que revisarán.

No está claro, con la información disponible hasta ahora, que el PAN y Morena tengan elementos suficientes para que se anulen las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Probablemente por su incapacidad para tener representantes en todas las casillas, o descuidos en la vigilancia de las urnas, carezcan de evidencia suficiente para que sus impugnaciones tengan éxito. Pero la no anulación de las elecciones, si ese fuera el resultado y se mantienen las victorias de los priistas perfilados hasta ahora, no reduce la vergüenza colectiva que, como mexicanos, nos deben dar todas las trampas electorales que se vieron este domingo. Regresamos al pasado más hediondo, pero nos debe alertar sobre el futuro inmediato y su estación presidencial en 2018.