La Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas de Sinaloa dio a conocer que detectó el uso irregular de 2
mil 164 millones de pesos en la administración de Mario López Valdez, hecho por
el que se investiga a nueve ex servidores públicos, pero no hay un solo
procedimiento administrativo ni posibles denuncias penales contra el
exgobernador.
Así lo
admitió esta mañana la titular de esa dependencia, Guadalupe Yan Rubio, quien se negó a proporcionar los nombres de
los exfuncionarios que son investigados, pero fue enfática al señalar que el
nombre de López Valdez no se encuentra entre los probables responsables por
daño al erario.
A seis meses
de que Quirino Ordaz Coppel asumió la gubernatura de Sinaloa, Yan Rubio informó que sólo encontró 421
millones de pesos en las cuentas bancarias, sin embargo, al terminar su sexenio
López Valdez aseguró que había dejado un saldo de mil 088 millones de pesos.
Lo anterior forma parte del informe
de resultados que presentó esta mañana la funcionaria estatal, quien anunció la
apertura de tres expedientes para iniciar procedimientos de responsabilidades
administrativas en contra de los nueve exfuncionarios señalados, y en caso de
proceder presentarán denuncias penales.
De acuerdo
con información publicada por Ríodoce, esa decisión quedará en el área jurídica
de la Secretaría General de Gobierno.
Yan Rubio explicó que los primeros tres expedientes
son por el uso irregular de mil 021 millones de pesos, aunque en los próximos
días se abrirían otros más por irregularidades en mil 143 millones de pesos,
dando un total de 2 mil 164 millones de pesos que se utilizaron violentando la
ley durante el sexenio de López Valdez.
Según lo
informado, el gobierno de Ordaz Coppel revisó en los últimos seis meses los
saldos de 841 cuentas de cheques, 16 mil 724 partidas de aplicación
presupuestal, 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de gasto
federalizado y no federalizado y 115 convenios con la Federación
correspondiente a mil 137 obras.
Se encontró que existe una deuda de
mil 934 millones de pesos de cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores
no enteradas, principalmente al Instituto de Pensiones del estado de Sinaloa y
al ISSSTESIN.
Esta práctica se observa desde 2012,
registrándose un incremento importante del 47% en el ejercicio de 2016, de
acuerdo con la nota de Ríodoce.
De los recursos que envió el gobierno
federal para la obra pública, el gobierno de López Valdez realizó traspasos no
justificados a otras cuentas estatales por 563 millones de pesos.
Además, en una revisión de 4 mil 800 pólizas por
830 millones de pesos se detectaron pagos con factura apócrifa o editada,
servicios facturados sin que exista proceso de contratación, ni contrato de
prestación de servicio y alteración de documentos soporte del gasto.
En la obra
pública también se encontraron convenios
para modificar el presupuesto fuera del margen permitido por la ley.
De 115
convenios de obra pública revisados se
encontraron 23 contratos en donde el convenio de ampliación superó el 25% que
permite la ley. También se entregaron contratos de obra pública sin contar con
derechos de propiedad de los terrenos y sin autorizaciones para los
presupuestos.
El gobierno de Mario López Valdez
también contrató a proveedores que han sido sancionados por la Secretaría de la
Función Pública y del Sistema de Administración Tributaria.
Sin embargo,
Rogelio Aviña Martínez, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad,
reiteró a la prensa que el exmandatario no estaba en la lista de los nueve ex servidores
públicos a quienes se han llamado a rendir cuentas.
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