Integrantes de la organización El
Barzón se plantaron frente al palacio de gobierno de esta entidad en apoyo a
los agricultores Francisco Javier y Alejandro Osorio Medina, quienes a través
de diversas instancias han denunciado al secretario general de Gobierno,
Arnoldo Ochoa González, por recurrir a presunto tráfico de influencias para
despojarlos de un rancho.
Fidencio
Hernández Lomelí, líder de El Barzón en el distrito 5 de Jalisco, explicó que
los afectados pidieron el respaldo de su agrupación porque el funcionario
estatal ha aprovechado su puesto para quedarse “de manera ilegal” con una
propiedad, por lo que “pedimos la intervención directa del gobernador José
Ignacio Peralta Sánchez para resolver este asunto”.
El dirigente campesino dijo que
necesitan saber si el mandatario está protegiendo a Ochoa González en esta
situación, en la que los hermanos Osorio Medina ya interpusieron un juicio de
nulidad contra una de las sentencias dictadas por un juez, dado que “por todas
las artimañas que han utilizado no han dado chance de que los campesinos se
defiendan con sus abogados, por lo que tenemos un juicio nuevo, donde tendremos
la oportunidad de demostrar que hay una tendencia”.
De acuerdo con las denuncias de
Francisco Javier y Alejandro Osorio, en 2002 ambos compraron el rancho
denominado “Las Ánimas” o “Los Coyotes”, de 284 hectáreas, en la localidad Los
Ortices del municipio de Colima, y recibieron la posesión legal y material por
parte de “su legítimo dueño”, Salvador Solís Orozco.
Sin embargo,
semanas después se presentaron en el
inmueble un hermano del entonces diputado federal Arnoldo Ochoa y un abogado,
quienes argumentaron que el verdadero dueño era el legislador, el que
supuestamente había comprado la propiedad a Solís.
Los
afectados narraron que, a través de los
años y “utilizando documentos y pruebas falsas y valiéndose de las influencias
que ha tenido en el gobierno por los puestos que ha ocupado”, Arnoldo Ochoa
pretende sacarlos del rancho que “con tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo
hicimos productivo”.
Aunque han recurrido a todas las instancias
legales posibles, dijeron, han topado con “el favoritismo, indiferencia y
parcialidad” a favor del funcionario, además de que en los últimos años Ochoa
“ha utilizado a elementos y patrullas de la Policía Estatal y de la
Procuraduría de Justicia” para intentar intimidarlos y presionarlos para que le
entreguen el rancho.
Horas
después de la instalación del plantón, Hilario Leal Viera y Roberto Castillo,
funcionarios del Poder Ejecutivo, se entrevistaron con los manifestantes, a
quienes pidieron formular por escrito sus demandas para recibir una respuesta
formal.
Durante el diálogo, el abogado
Agustín Díaz Torrejón, representante distrital de Morena, se comprometió a
hacerles llegar el escrito y planteó la necesidad de conformar una mesa de
trabajo para abordar el asunto, en la que no participe el secretario de
Gobierno.
En
entrevista, Fidencio Hernández dijo que
los manifestantes no tienen prisa, que están preparados para un plantón de un
día, una semana, un mes o un año. “Si los señores no tienen voluntad, aquí
estaremos, convocando a los intelectuales, a los abogados para que también
opinen sobre el tema, porque ya basta de que se estén cometiendo estos actos de
arbitrariedad por parte de las autoridades sin que nadie levante la voz”.
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