La complicidad se lleva bien con el
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Al menos, con quienes lo controlan: los
representantes de los tres poderes formales del Estado y sus comparsas de
entidades autónomas.
Si ni siquiera quisieron hacer un
exhorto al Ejecutivo federal para que les diera un informe sobre las denuncias
de espionaje a ciudadanos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, mucho
menos querrán investigar los muy probables actos de corrupción que hay detrás
de la compra de los equipos y software de intrusión.
A pesar de
las pocas evidencias que se han podido conocer sobre los arreglos de
funcionarios públicos para el cobro de comisiones y la intensa terciarización
de esas compras gubernamentales, el
Comité Coordinador del SNA rechazó la propuesta de la única representante
ciudadana en esa instancia, Jacqueline Peschard, para pedir un informe sobre
las denuncias.
Con el argumento de que no está
probado que en efecto se haya espiado a los periodistas y activistas que
denunciaron el acoso, los coordinadores del SNA decidieron que no hay tema que
requiera una aclaración pública, como lo establece la ley del propio sistema.
La propuesta
de Peschard fue rechazada de forma
unánime por los integrantes del Comité que representan a los poderes formales.
En primer lugar, Arely Gómez, la secretaria de la Función Pública. Es decir, la
encargada del Ejecutivo federal para combatir la corrupción.
A ella se sumó el titular de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, encargado en el
Legislativo de revisar las cuentas públicas, y el representante del opaco
Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza.
Como representantes del Estado
mexicano, tuvieron el apoyo del presidente del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(INAI), Francisco Acuña, y del presidente del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, Carlos Chaurán, quien de senador del PRI se convirtió por
gracia presidencial en magistrado.
Arely Gómez
debió excusarse de esa votación. Las disputas al interior del gobierno de Peña
para atribuir la adquisición y operación del sistema Pegasus la pusieron la
semana pasada en el centro de las filtraciones periodísticas.
Fue durante su gestión en la
Procuraduría General de la República (PGR) que operó Pegasus. Aunque lo heredó
de Jesús Murillo Karam, y no ha sido solamente durante su gestión que se ha
usado ese malware, Arely Gómez tiene un claro conflicto de interés para
pronunciarse desde el SNA sobre la idoneidad de pedirle cuentas, aunque sea por
exhorto, al Ejecutivo al que sirvió.
El Comité Coordinador que controla el
SNA menos querrá desentrañar la manera en que funcionarios civiles y militares
han usado los recursos públicos para la compra de esos equipos.
La Secretaría de la Defensa Nacional,
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que depende de la
Secretaría de Gobernación (Segob), la PGR y la Policía Federal, también en
manos del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, han designado a
funcionarios de nivel para negociar la adquisición de esos equipos.
De ellos sólo sabemos lo que el hackeo a la empresa
italiana Hacking Team y las filtraciones periodísticas han dejado ver. Con el
pretexto de la seguridad nacional, esa información se mantendrá reservada.
Los ciudadanos mexicanos son espiados
con equipo que se compra con el pago de sus impuestos. Pero no tienen el
derecho a saber quién y cómo negoció esas compras. Tampoco, gracias al Comité
Coordinador del SNA, a hacer apenas un exhorto a Peña Nieto para que informe
sobre las actividades de espionaje que han sido exhibidas por la prensa
internacional.
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