Para no incomodar al gobierno de
Enrique Peña Nieto, el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) ha impedido en
dos ocasiones que el Parlamento Europeo sostenga un debate público y emita una
“resolución de urgencia” contra la impunidad que prevalece ante los casos de
desaparición y asesinato de periodistas en México.
La bancada del PPE –de centroderecha
y primera fuerza política al contar con 215 de los 751 escaños totales– impidió
que tal resolución llegara a la sesión plenaria que tuvo lugar del 12 al 15 de
junio pasado, y tampoco a la siguiente, que se celebró entre el 3 y el 6 de
julio.
En teoría, la resolución puede formularse de nuevo
para la plenaria de septiembre, pero, según diversas fuentes acreditadas a las
que se le consultó al respecto, es “prácticamente imposible” que los populares
cambien de postura.
La
iniciativa para discutir el asunto surgió en el Parlamento Europeo tras el
asesinato del periodista especializado en temas de narcotráfico Javier Valdez,
ocurrido el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, y que generó indignación y
muestras de solidaridad internacionales.
Dos días
después, el 17 de mayo, el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas (APSD) –el segundo grupo más numeroso con 190 escaños– anunció que
promovería una “resolución de urgencia sobre los crímenes contra los
periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en México”.
En ese mismo
boletín, y a nombre de todos los socialistas, el eurodiputado español Ramón
Jáuregui, quien igualmente copreside la Asamblea Eurolatinoamericana, pidió al
gobierno de Enrique Peña Nieto “que frene esta deriva criminal” y hacer “un
esfuerzo mayor para extirpar de una vez por todas la lacra del narcotráfico”.
Como los
socialistas, otros grupos también realizaron consultas internas y decidieron
que México debía ser incluido entre los países con urgencias en derechos
humanos para la sesión plenaria de junio: los Verdes/Alianza Libre Europea (con
51 curules) y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda
Verde Nórdica (con 52).
Pero las propuestas de resolución de
esos partidos fueron paradas desde el inicio del procedimiento.
Como ordenan
los reglamentos europarlamentarios, la semana anterior a la sesión plenaria de
junio se reunieron los “coordinadores” de los grupos políticos para definir los
tres casos de violaciones a los derechos humanos fuera de la UE sobre los
cuales el Parlamento debía discutir y posicionarse “urgentemente”.
En esa
reunión de coordinadores –que se llevó a cabo el 7 de junio– los representantes
de los grupos socialista, verde y de Izquierda Unitaria “pelearon duro” para
que se aceptara discutir la situación de los periodistas mexicanos, relata una
fuente consultada por Proceso.
“Fue una discusión indigna que duró
más de una hora”,
precisó otra fuente favorable a la resolución.
Las narraciones de lo ocurrido
coinciden en afirmar que el representante del grupo popular “defendió
fuertemente” su negativa a incluir la violencia contra los periodistas de
México entre los casos “urgentes”. Argumentó que “había demasiada carga de
trabajo” para la plenaria de junio.
Tres fuentes
familiarizadas con los hechos, entrevistadas por separado, aseguraron a este
semanario que esa reunión terminó con la “promesa” del representante del PPE de
que la resolución saldría para la plenaria de julio porque ellos la apoyarían.
Una semana
antes, el 30 de mayo, la presidenta de la delegación para México del Parlamento
Europeo, la eurodiputada española Teresa Jiménez-Becerril, del grupo del PPE,
aseguró al corresponsal que, “por supuesto”, habría una resolución sobre
México.
Finalmente, los grupos políticos
eligieron como “urgencias” a tratar en junio las situaciones en Azerbaiyán,
Pakistán e Indonesia.
Amenaza.
Resoluciones como las reseñadas
pueden ser instrumentos de presión diplomática del Parlamento Europeo, ya que
abren un espacio de evaluación y crítica en materia de protección de los
derechos humanos de terceros países.
Por eso el gobierno mexicano –a
través de su embajada en Bruselas– suele movilizarse para “informar”
personalmente la versión oficial a eurodiputados influyentes. Así es como en la
última década ha operado para intentar frenar potenciales resoluciones o al
menos dispersar o eludir la responsabilidad del Estado en sus contenidos.
Esta ocasión, la embajada mexicana
parece haber actuado de forma más agresiva, según explican las fuentes
contactadas.
Con el precedente
de que el grupo del PPE prometió aceptar posteriormente la resolución bloqueada
el mes anterior, la oposición volvió a presentar el caso de los periodistas
mexicanos en las propuestas para la sesión plenaria del 3 al 6 de julio.
La semana
previa, el 28 de junio, se reunió la junta de coordinadores para seleccionar
tres nuevas “urgencias”. Para sorpresa de los grupos de oposición, el
representante popular incumplió su palabra y rechazó otra vez someter a México
a una resolución.
Explicó que “no era el momento
conveniente” porque el gobierno peñanietista está en curso de renegociar la
relación comercial de México con la Unión Europea (UE), y pronto comenzará la
negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
“Dijo que lo mejor era no meter ese
elemento (la resolución) porque podría molestar al gobierno mexicano”, narró una fuente.
La
eurodiputada española Estefanía Torres, del Grupo Confederal de la Izquierda
Unitaria, confirmó esa versión a este reportero: “Los populares lo dijeron
literalmente: ‘no queremos interferir (con una resolución) en la próxima ronda
de negociaciones’”.
Correlación
de fuerzas.
Los
populares siempre contaron con el respaldo de Conservadores y Reformistas, el
tercer grupo más fuerte (74 curules) al que pertenecen los tories británicos o
los euroescépticos de países miembros del Este. Igualmente fueron apoyados por
el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (46 asientos y séptima
fuerza política de los nueve existentes), que aglutina a los euroescépticos
radicales británicos e italianos.
Los socialistas habían anunciado que
empujarían una resolución; sin embargo, entre los coordinadores circuló la
versión de que el gobierno mexicano amenazaba con suspender la ronda de negociaciones
sobre diálogo político y cooperación del acuerdo –programada para el 10 de
julio en Bruselas– si el Parlamento Europeo admitía discutir la resolución.
Frente a ese
escenario, los socialistas se dividieron y voltearon la espalda a su
iniciativa. El cuarto grupo más votado, el de la Alianza de Liberales y
Demócratas (70 diputaciones), decidió retirar “de último momento” su apoyo a la
resolución al ver que no había un acuerdo con las fuerzas mayoritarias. De
hecho, los liberales llegaron a la junta de coordinadores del 28 de junio con
una lista de “urgencias” en la que ya no aparecía México.
“En todo
caso –menciona una de las personas entrevistadas–, la amenaza del gobierno mexicano fue el detonante para que la mayoría
de los grupos políticos rechazara incluir a México.”
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.