Duarte, ¿inocente?

Raymundo Riva Palacio.

Javier Duarte llegó a México extraditado por Guatemala para enfrentar acusaciones que tienen que ver con corrupción. Sin embargo, no hay que dar de brincos porque alguien al que se le adjudica saqueo de las arcas por cientos de millones de pesos, tenga que rendir cuentas. De hecho, las acusaciones que formularon la PGR y la Fiscalía de Veracruz ante el Tribunal guatemalteco para que autorizara su entrega, están llenas de errores y no prueban de manera contundente las acusaciones en su contra. Es decir, en las condiciones jurídicas actuales, las posibilidades de que Duarte derrote en tribunales a sus acusadores son mucho más elevadas frente a la posibilidad de que sea sentenciado.

La extradición de Duarte se fincó en tres acusaciones, una de ellas federal, que es la de la PGR que lo acusa por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos locales radicadas en Veracruz, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, y por tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. Un análisis sobre las acusaciones, publicado por la edición impresa de Eje Central, establece errores en los documentos entregados a los tribunales guatemaltecos y contradicciones en las cifras del presunto daño que causó al erario.

De acuerdo con la explicación, la PGR presentó peritajes que no demuestran la ruta del dinero del presupuesto veracruzano presuntamente desviado por el exgobernador, ni soportan los testimonios que acrediten el delito de delincuencia organizada. En el caso de la Fiscalía de Veracruz, sólo aportaron dos documentos y un par de testimonios, con las que pretende probarle al exgobernador cinco delitos. La debilidad del caso contra Duarte fue sintetizado en tres campos por Eje Central:

1.- Al no establecer que existía una estructura criminal para delinquir, no se podrán demostrar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que exige comprobar que tres o más personas se organizaron para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

2.- En el caso de los delitos del fuero común, los documentos que integran las dos carpetas, las 38/2017 y 56/2017, en las que se basan las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, tienen su origen en las denuncias de un líder partidista, y en una de las auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) en 2014 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que apenas cubren un pequeño monto de los presuntos desvíos que se atribuyen al gobierno de Javier Duarte, y que Orfis calculó en 24 mil millones de pesos en ese ejercicio fiscal.

3.- En la carpeta 56/2017 se vincula a Duarte por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), originado por la denuncia presentada el 13 de diciembre de 2016 por el Orfis. El expediente está tan mal integrado que ni siquiera los montos del presunto peculado coinciden con las auditorías federales. Y en el caso de la segunda carpeta, en la que se le acusa de tráfico de influencias por utilizar un helicóptero del gobierno del estado cuando ya era gobernador con licencia, la autoridad ni siquiera prueba que utilizó sus influencias para beneficiarse del helicóptero, y tampoco acredita que como gobernador con licencia ya no tenía derecho a usar la aeronave.

La debilidad de la acusación y el hecho de que no haya sido deportado en automático, levantan suspicacias sobre una entrega pactada. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente el gobierno de Guatemala si había violado sus leyes migratorias al ingresar al país con pasaporte falso? La respuesta, dicha en un principio por los guatemaltecos, es que Duarte entró con uno real. Si fue el suyo, se puede alegar que la Secretaría de Gobernación, que era la responsable de dar este seguimiento, no lo estaba buscando. Si fue un pasaporte real, con nombre apócrifo, tampoco hay investigación conocida de cómo lo obtuvo en la Cancillería mexicana.

La razón por la que no lo deportaron la explicó –sin abundar por qué no fue un proceso mecánico sino hablado con México– el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como una medida para evitar que Duarte pudiera quedar libre, lo que es incorrecto, pues al fincársele el presunto delito de delincuencia organizada no sería sujeto a fianza. De habérsele deportado, se podrían haber añadido delitos a las causas penales que se le siguen. Al ser extraditado, sólo lo pueden juzgar por los delitos establecidos en el documento entregado al Tribunal. Para que se le puedan añadir delitos en México, tendrían que volver a hacer un trámite en Guatemala para ver si el Tribunal acepta que se le añadan.

La extradición es benéfica para Duarte, que parece más un reo protegido por las autoridades mexicanas que perseguido con total cabalidad.

Ciertamente, esta hipótesis podrá ser desmontada por la realidad de un juicio expedito y de acusaciones sólidas, en lugar de los que nos tienen acostumbrados, llenos de fuegos pirotécnicos y acciones cosméticas que ganan tiempo y desgastan a la opinión pública; procesos políticos, no legales, donde pagar las cuentas que deben no es el objetivo, sino apagar el incendio de la coyuntura.