Georgina Morett.
Imposible pensar que el
encarcelamiento de Javier Duarte vaya a significar un fortalecimiento para el
priismo, más bien significa reforzar la idea de la corrupción en la que se ha
visto envuelto este partido político.
Cómo olvidar
al nuevo PRI que dio a conocer Enrique Peña Nieto, cuando estaba en campaña,
quien calificó a Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Fernando Ortega
Bernés como la nueva generación política del tricolor.
Javier Duarte se ha convertido en el
prototipo de la corrupción, en la persona que encarna las peores prácticas, en
el hombre del cinismo, sí, casi en la vergüenza nacional, pero en definitiva
irradia hacia su partido este halo de perversidad y atraco, que puede tener
repercusiones en la elección de 2018.
De los cuatro
políticos mencionados por EPN, el único que pasó a la historia sin pena y sin
gloria es el exgobernador de Campeche, Fernando Ortega, ya que los otros tres
serán inolvidables por el daño que hicieron al erario.
Pero
volvamos a Duarte, quien por cierto regresó a México con bombo y platillo,
después de haber recuperado casi por completo el peso perdido, a enfrentar su
proceso penal al ser acusado de los delitos de abuso de autoridad, peculado,
incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias y coalición.
De acuerdo
con información tiene 145 denuncias penales interpuestas por la Auditoría
Superior de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría
General de Veracruz.
En el
ejercicio fiscal de 2015, su administración desvió 52 millones de pesos al día,
ya que el monto total llegó a los 19 mil 800 millones de pesos.
De su
gabinete, cinco exfuncionarios han sido detenidos:
Arturo
Bermúdez, quien fue su secretario de Seguridad Pública, acusado de presunto
enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias; Francisco Valencia García
fungió como secretario de Comunicaciones, acusado por su presunta participación
en los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber
legal, tráfico de influencias y coalición.
Además,
Mauricio Martín Audirac, exsecretario de Finanzas y Planeación, y Flavino Ríos
Alvarado, quien fungió como gobernador interino de Veracruz cuando Javier
Duarte pidió licencia, es acusado de tráfico de influencias y abuso de
autoridad por encubrir y ayudar a escapar al exgobernador. Pagó 5 millones de
pesos para enfrentar su proceso en libertad.
Y su ex vocera,
Gina Domínguez, a quien un juez le dictó un año de prisión preventiva por los
delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en
contra del servicio público.
Además de
las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta, detenidas como parte de la red
de lavado de dinero que creó Javier Duarte.
En esta terrible historia hay
demasiadas anécdotas, como la de las 19 casas que adquirió en Miami entre 2012
y 2013 que, de acuerdo con su entonces abogado y hoy testigo de la PGR, Alfonso
Ortega, eran para su retiro.
Pero en toda
esta historia de derroche, los veracruzanos esperan que alguien acompañe en el
juicio a Javier Duarte, y es su esposa, quien ya solicitó el divorcio, Karime
Macías, y será recordada por la inolvidable frase que escribió en aquel diario
en el que repitió: “sí merezco la abundancia”.
El juicio apenas comienza, y si no se
lleva a cabo con absoluta trasparencia los costos electorales para el PRI serán
muy altos, porque si algo ha llevado al hartazgo a los mexicanos es la
corrupción de las autoridades.
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