En medio de reclamos de los partidos
opositores por una supuesta fiscalización sesgada de Unidad Técnica de
Fiscalización para “blindar” al priista Alfredo del Mazo, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los dictámenes de fiscalización
de las campañas del Estado de México.
El
representante de Morena, Horacio Duarte, reprochó
que los dictámenes protegen al PRI y castiga a los partidos opositores, con un
ánimo de generar un blindaje de impunidad en torno la candidatura de Del Mazo.
“Nos parece que, en el caso del
Estado de México, sí hay un sesgo absoluto en la fiscalización, un sesgo que
busca blindar al candidato del PRI, a Alfredo del Mazo y busca generar una
percepción ciudadana. En este caso, lo que se pretende es generar una
percepción de que las sanciones, todos los partidos, distintos a la coalición
del PRI son los que tienen funciones más altas del propio PRI”, manifestó.
El
representante del PAN, Francisco Gárate, aseveró que es necesario hacer una
revisión de fiscalización con mayor puntualidad y exhaustividad, pues existen
claras diferencias entre los datos del tricolor y los de las otras fuerzas
políticas, lo que llevó a multas desproporcionadas.
Por parte del PRI, Jorge Carlos
Ramírez Marín, aseveró que ante los reclamos de los otros partidos que
pretenden que el INE sea su “nana”, los priistas consideran que todos deben asumir su
responsabilidad.
“Al contrario de lo que dicen algunos
partidos, que el INE debe convertirse en la nana de estos partidos para que no
cometan excesos, lo que urge es que los partidos nos hagamos responsables de lo
que hacemos bien y lo que hacemos mal”, expresó.
Recordó que
las cuentas de Morena registraron múltiples anomalías, como el hecho de que
originalmente reportaba 40 millones de pesos al 27 de mayo y seis días después
reconoció un gasto de 73 millones de pesos, lo que evidenció las
irregularidades en sus gastos.
En lo que
corresponde al Estado de México, los dictámenes originales contemplaban
sanciones para todas las fuerzas políticas por 473.1 millones de pesos;
mientras que en Nayarit –cuyo dictamen también fue aprobado por el Consejo
General–, 123.9 millones de pesos, y en Coahuila 99.4 millones. El global ascendía
a 871.9 millones de pesos, pero estimaron que los montos se reducirán una vez
que se resuelva el procedimiento oficioso sobre los representantes de casilla.
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