Javier Duarte y Roberto Borge Angulo,
dos de los cuatro exmandatarios priistas que actualmente enfrentan problemas
con la justicia mexicana aquí y en Estados Unidos, comenzaron a mover sus
piezas legales en busca de echar abajo o al menos atenuar los delitos que les
imputa la Federación y las autoridades de los estados que gobernaron hasta hace
poco.
Por lo
pronto, el mandatario veracruzano, que
desde ayer se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte,
gestionó y obtuvo la protección provisional de la justicia contra dos órdenes
de aprehensión del fuero común promovidas por la Fiscalía General de Veracruz.
La juez
primera de distrito en materia de amparo con sede en esta capital, Sandra Robledo Magaña, concedió a Duarte de
Ochoa una suspensión provisional contra cinco delitos: peculado, tráfico de
influencias, incumplimiento del deber legal, coalición de servidores públicos y
abuso de autoridad.
El próximo 3
de agosto se celebrará la audiencia constitucional en la que se determinará si
concede la suspensión definitiva o se niega el amparo al exmandatario
veracruzano.
Desde
Panamá, donde se encuentra detenido desde el 5 de junio, sujeto a un juicio de
extradición con base en una orden de captura de un juez de control federal del
Estado de México por el delito de lavado de dinero, Roberto Borge también comenzó a hacer su juego en el tablero de la
justicia y presentó su primera demanda de amparo en contra de cualquier orden
de aprehensión o comparecencia girada en su contra.
El viernes
14 el juez quinto de distrito de Quintana Roo, con sede en Cancún, Ciro Carrera Santiago, dio entrada al
juicio de garantías promovido por el exgobernador priista, y por default le
concedió la suspensión provisional contra los actos que reclama, de acuerdo con
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Borge tuvo que desembolsar como
garantía la suma de 59 mil pesos, según consta en los acuerdos publicados por
el Juzgado en relación con el amparo 1096/2017.
La acusación
contra Borge Angulo surge de la venta a sus familiares de 25 terrenos de las
reservas del gobierno estatal a precios inferiores a los del mercado.
Sin embargo,
hay seis denuncias en su contra, cuatro en la Procuraduría General de la
República (PGR) y dos en la Fiscalía General del Estado (FGE).
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