Mientras que la violencia atribuida
al crimen organizado va en aumento, la investigación de los delitos financieros
que cometen estas agrupaciones criminales, como el lavado de dinero, va en
descenso.
Así lo establece el más reciente
análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Procuraduría
General de la República (PGR), cuyas áreas especializadas en delitos
financieros inician y consignan cada vez menos casos por este tipo de ilícitos
y, también, reciben menos sentencias.
“En 2016, la Procuraduría General de
la República no avanzó en el fortalecimiento de la persecución de los delitos
de carácter financiero, ya que mientras en 2013, de cada 100 averiguaciones
previas consignadas ante los órganos jurisdiccionales se sentenciaban 22, para
2016 esta cifra fue de tres casos”, dice la auditoría 106-GB, difundida en días pasados.
“Aunado a ello, las devueltas por el juez se
incrementaron de 17 en 2013 a 57 en 2016 por cada 100 casos, por lo que, de
mantenerse este comportamiento, no se estaría en posibilidades de que la acción
realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la
impunidad de los delitos financieros y, con ello, en mejorar las condiciones de
seguridad pública, evitando que sea vulnerado el sistema financiero mexicano,
en favor de la población en general”, agrega la revisión.
La ASF recuerda que la estimación
oficial es que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al
año, lo que representa el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
También, que
la economía mexicana es vulnerable a este ilícitos producto del tráfico y
producción de narcóticos y dada la vecindad con Estados Unidos, que es el mayor
mercado de drogas del mundo.
“La sociedad mexicana se encuentra
profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de
coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y
violencia. El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica por el embate
del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado
de intereses y complicidades que trasciende fronteras”, menciona el documento.
Ante esta
situación, agrega, el Gobierno federal definió mecanismos de investigación a
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR, así como del
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia (Cenapi), al cual se asignó la función de generar información de
inteligencia para sistematizar datos relaciones con el crimen organizado.
El trabajo del Cenapi, sin embargo,
es cada vez de menor relevancia para la investigación de este tipo de ilícitos,
debido a que, como encontró la ASF, sus productos no se vinculan con resultados
concretos.
En ese
sentido, la estadística documenta que,
de los 519 productos de información generados por el Cenapi, sólo un 21 por
ciento sirvió para la definición de estrategias destinadas a desarticular
bandas del crimen organizado, mientras que la mayor parte, o un 78.8 por ciento
(409) de estos productos, carecieron de utilidad probada.
“Se observó
que mientras que. en 2016, de los 519 productos elaborados, 21.2 por ciento
(110) contuvo ese tipo de información, durante 2013, de los 325 análisis
generados el 98.2 por ciento (319) incluyó conclusiones que proporcionaban
información estratégica para la toma de decisiones, lo que representó una
reducción en la información de inteligencia que proporciona insumos que
favorecen la definición de estrategias de contención y desarticulación de
organizaciones y blancos vinculados a la delincuencia organizada”, advierte la
ASF.
La PGR
durante el 2016 sufrió un cambio de titular. En agosto de ese año, Arely Gomez
González dejó la dependencia que ocupó desde marzo de 2015 y fue sustituida por
Raúl Cervantes Andrade, quien actualmente sigue en el puesto.
Otros datos presentados en la
revisión muestran que, en total, la PGR inició en 2016 dos mil 26
averiguaciones previas o carpetas de investigación por delitos en materia
financiera, de los cuales sólo 98, o un 4.8 por ciento, fueron consignadas ante
el Poder Judicial.
“Por lo que respecta a las sentencias
otorgadas por los órganos jurisdiccionales, como resultado de los juicios
seguidos por delitos en materia financiera, de las 98 averiguaciones previas
consignadas, el 3.1 por ciento (tres) fue sentenciado, el 36.7 por ciento (36)
se registró como pendiente de sentencia; el 2.0 por ciento (2) se encontró en
proceso de impugnación; y el 58.2 por ciento (57) fue devuelto por el juez, sin
que se acreditara que no se debió a problemas en su integración”, dice la ASF.
“En opinión de la ASF, la
investigación y persecución de los delitos en materia financiera fueron
insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos (…) aspecto que denota que la PGR debe
analizar las causas por las que el índice de averiguaciones devueltas por el
Juez superó la mitad de las consignadas, ya que de incrementarse el número o
confirmar que se debe a deficiencias en su integración, la PGR no contribuirá a
resolver el problema de la impunidad de éstos delitos y, por tanto, la
vulnerabilidad del sistema financiero”, agrega.
La violencia en México alcanzó el mes
de mayo pasado un récord en el número de homicidios dolosos: 2 mil 186 carpetas
de investigación se abrieron por este delito, una cifra superior a los momentos
más cruentos de la “guerra contra el narcotráfico” en la época de Felipe
Calderón Hinojosa y que no había visto en los 20 años que la Secretaría de
Gobernación tiene registro.
Lo mismo sucedió con el cúmulo de los
primeros cinco meses del año. Entre enero y mayo se han reportado 9 mil 916
averiguaciones por asesinato intencional, cifra que superó la tasa más alta
hasta el momento de este periodo, registrada en el 2011, con 9 mil 466
averiguaciones.
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