La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), pidió al Congreso de Chihuahua adecuar el Código Penal local a
la iniciativa presentada por el ejecutivo estatal para tipificar el delito de
feminicidio.
En un
comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos destacó que la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas
es prioritaria y la dimensión penal del problema es relevante para lograr ese
fin.
No obstante,
consideró que no es suficiente y por
ello “deben fortalecerse los esfuerzos para que cada autoridad del país, desde
el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga frente a la violencia
feminicida” que padecen mujeres y niñas del país y del mundo.
Consideró
que el reconocimiento jurídico del conjunto de prácticas que atentan contra la
vida de las mujeres, en ejercicio de la violencia y discriminación por razones
de género, “contribuye a hacer frente a contextos de violencia extrema”.
En ese
sentido, señaló que la tipificación del
feminicidio en Chihuahua “es un imperativo”, pues es obligación del Estado
mexicano garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las
mujeres y niñas, así como investigar e impartir justicia con perspectiva de
género.
“Incluir el feminicidio como delito
autónomo es el principio para sancionar la privación de la vida de las mujeres
por razones de género”, subrayó.
Además, la
CNDH indicó que es “fundamental” que los
poderes del estado de Chihuahua atiendan lo dispuesto en los instrumentos
internacionales en torno al feminicidio y tengan en cuenta que esa entidad “es
la única que no prevé ese tipo penal”.
Y recordó que la solicitud a Chihuahua para
proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en contextos de violencia extrema
quedó de manifiesto a nivel internacional a través de la sentencia en 2009 de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominada “Caso González y Otras
(“Campo algodonero”) vs. México”.
Añadió que
en 2013, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), realizado por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas al Estado mexicano se concluyó la
importancia de dar solución a varios temas, entre ellos “unificar, sobre la
base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los
códigos penales del país”.
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