Javier Risco.
Hoy es un
día importante para la Ciudad de México.
Hoy se vota en el Pleno de la
Asamblea Legislativa local el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
Esto sería una extraordinaria noticia
sino fuera por nuestros diputados locales que el jueves, en menos de una hora,
aprobaron un paquete de once dictámenes que incluye cambios fundamentales a lo
establecido en el Sistema a nivel nacional y en la propia Constitución de la
ciudad. En pocas palabras, tomaron el nombre del Sistema Anticorrupción y lo
adaptaron a su conveniencia, lo destrozaron.
Primero,
hagamos algunas definiciones para conocer la trascendencia de los cambios en
los nombramientos de actores clave del sistema:
Contralor: Parte de la Auditoria Superior de la CDMX y
clave en el comité coordinador, hará la función de un auditor interno.
Titular de
entidad de fiscalización: Hará labores
de auditor externo.
Fiscal
anticorrupción: Investigará y perseguirá
las denuncias. Es quien debe velar por la eficacia del Sistema en materia penal
y procurar la justicia.
Secretario
técnico: Coordinará las diferentes
entidades del Sistema Anticorrupción y ejecutará las decisiones del comité
coordinador. Su papel es clave en el seguimiento de los fenómenos de
corrupción.
Sin embargo,
nuestros diputados locales han decidido que:
-El contralor, el titular de la
entidad de fiscalización, el fiscal anticorrupción y el secretario técnico se
elijan por mayoría simple y no mayoría calificada. ¿Qué significa? Que su designación se aprobará por la mayoría de los diputados
presentes en sesión y no por dos terceras partes del Congreso, como lo exigen el sistema a nivel nacional
y la Constitución. Esto importa si se sabe que la práctica común de la ALDF es la unión del PRI, PVEM, PAN y PRD en
votaciones cuando pactan fuera del Pleno.
-Proponen que para la elección del
fiscal anticorrupción la terna sea elegida por el jefe de Gobierno, y el
candidato electo por la Comisión de Gobierno de la ALDF y no por el consejo
judicial ciudadano, como lo marca el artículo 37 de la Constitución de la CDMX.
-El
contralor y el fiscal anticorrupción podrán durar siete años y pueden
reelegirse. Sólo la ALDF tendrá la
decisión de elegirlos y aprobar su reelección, sin participación del consejo
judicial ciudadano, violando la Carta magna local.
Ayer por la
tarde, un grupo de constituyentes de la CDMX, defensores de derechos humanos,
dirigentes sociales y organizaciones ciudadanas, firmó un pronunciamiento
titulado 'No legislar sobre
anticorrupción de espaldas a la sociedad', donde exhiben lo aprobado por los
diputados locales:
“Una de las principales
características del SNA establecido en la Constitución, es la participación
ciudadana, tanto en su diseño como en su instrumentación, requisito
indispensable para que funciones y tenga la credibilidad necesaria.
“En el diseño del Sistema Anticorrupción de
la Ciudad de México, lo anterior no ha sido tomado en cuenta. La forma en
que las Comisiones Unidas de la Asamblea Legislativa dictaminaron las once
leyes que lo integrarán ha sido totalmente contraria a cualquier idea de
democracia y de Parlamento abierto. La
ciudadanía ha sido totalmente excluida, lo que resultará, de seguir este
camino, en un Sistema sin ninguna confiabilidad”, dice el documento.
He ahí la importancia de que exijamos
a nuestros diputados transparencia y un sistema apegado a la Carta Magna. ¿Por
qué 'adaptar' de manera torpe el Sistema? La única respuesta lógica es la
perpetuidad de la corrupción.
Les
conviene, hay que decirlo con todas sus letras. Nuestros diputados locales están haciendo justo lo que Javier Duarte y
Roberto Borge querían hacer antes de salir de su gobierno, un Sistema
Anticorrupción local a su modo. No lo permitamos. Viene 2018, señalemos a
los legisladores que luchan contra la corrupción y también a los que la
perpetúan.
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