Alejo Sánchez Cano.
Todo un viacrucis es el que un grupo
de representantes de los pueblos originarios de Wixáritari, de los municipios
de Mezquitic y Bolaños, del estado de Jalisco, iniciaron esta semana por
diversas dependencias y órganos de representación públicas, ubicadas en la
Ciudad de México, en defensa de su patrimonio territorial comunal Wixarika
(Huichol), donde denuncian diferentes adversidades e invasiones en perjuicio de
sus comunidades.
Una de las paradas que hicieron fue
en el Senado de la República, donde los representantes indígenas de Jalisco se
pronunciaron enérgicamente por la recuperación de territorios invadidos por
ejidos o pequeños propietarios ajenos a la comunidad de Wixáritari. En el lugar
pidieron la intervención inmediata de las autoridades de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ya que el litigio por la
disputa de aproximadamente 10 mil hectáreas que se ubican en los límites
territoriales de las entidades federativas de Jalisco y Nayarit les ha
ocasionado graves enfrentamientos con los invasores.
Los quejosos
pidieron el auxilio del Poder Legislativo, ya que –señalan– de parte de las autoridades estatales aludidas y de los
representantes de la Sedatu los apoyos han sido nulos y en tanto continúen esas
tierras en estado de indefinición jurídica los problemas de violencia y
carácter social se harán mayores.
No obstante que, de un total de 15
juicios resueltos a su favor, dicen que aún quedan 14 de ellos por ejecutar y
ahí es donde piden la rápida intervención de la Sedatu. Del total de hectáreas
reclamadas, hasta ahora sólo les han obtenido la restitución agraria de un
primer predio de 184 hectáreas, de ahí su reclamo y solicitud de que se agilicen
los trámites respectivos para que les devuelvan los terrenos que históricamente
les pertenecen.
El documento
con demanda territorial de la población Wixarica fue entregado al diputado José
Clemente Castañeda, del partido Movimiento Ciudadano, en el marco del
desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, y lo mismo firman los órganos de representación comunal tradicional como
del agrario.
La problemática expuesta por el
pueblo Huichol de Jalisco es, sin duda, una pequeña muestra del abandono a los
asuntos agrarios que tiene como responsabilidad la dependencia que encabeza
Rosario Robles Berlanga, quien hasta ahora ha dado ejemplos de la rapidez con
que actúa cuando de asuntos políticos se trata o que tienen que ver con su
imagen pública, y
eso quedó evidenciado en la reciente boda del gobernador mexiquense Eruviel
Ávila, donde copa en mano hizo un reclamo por una nota sobre su imagen.
Y es que a la señora Robles es muy
frecuente verla en ceremonias y actividades sociales y políticas, donde dicen
que ya anda promocionándose para ser candidata al gobierno de la Ciudad de
México, pero los asuntos agrarios y de desarrollo urbano, como el de Wixarica,
siguen en el abandono oficial y por eso el viacrucis de poblaciones agraviadas
en oficinas públicas, a quienes con frecuencia se les ve en el Senado, con
diputados, en la Segob, en Derechos Humanos y otras, porque en la Sedatu, nada.
Es tanta la distracción política en
la Sedatu, que incluso en la dependencia tiene observaciones de la Auditoría
Superior de la Federación en el sentido de que ésta no estableció los
lineamientos adecuados para el ordenamiento territorial del país, incumpliendo
así las políticas de desarrollo urbano, lo cual habla de la mala conducción de Rosario
Robles y también de su interés en otros temas, que no son precisamente del área
que encabeza.
Mientras tanto los problemas agrarios y de desarrollo urbano son tan grandes
como el nombre de la dependencia aludida.
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