El editorial del diario The New York
Times está dedicado este martes al espionaje en México.
“El abuso tan descarado de esta
tecnología justifica que haya otra investigación internacional. Peña Nieto ha
dicho que recibiría ayuda externa; esta vez realmente debería aceptarla”,
indicó el medio.
Se reproduce
íntegro el editorial:
Cuando los
gobiernos no se resisten a abusar de los programas espía
Por el
Comité Editorial
Primero fue
la revelación de que destacados activistas anticorrupción, anti obesidad y defensores
de los derechos humanos, así como otros críticos del gobierno, fueron blanco de
un programa espía sofisticado vendido a las autoridades mexicanas para luchar
contra el crimen y el terrorismo.
Ahora llega
la información estremecedora de que un equipo internacional encargado de
investigar la desaparición de 43 estudiantes también fue vigilado con el
programa Pegasus, que monitorea un teléfono celular de manera encubierta.
De las revelaciones alarmantes surgen
dos temas. El primero es el abuso por parte del gobierno –o elementos rebeldes
en su interior– de tecnología cibernética altamente sofisticada y cara. El
gobierno ha negado ser responsable del espionaje, pero sí adquirió las
herramientas informáticas, y usarlas en contra de ciudadanos despierta
cuestionamientos legales y éticos fuertes, especialmente cuando se trata de un
gobierno que ya enfrenta críticas severas por la situación de derechos humanos
en el país.
El otro tema es si las empresas que
comercializan estas herramientas de vigilancia masiva, aunque tengan buenas
intenciones, pueden realmente controlar su uso. En este caso, la compañía
israelí NSO Group dijo que vendió Pegasus solo a gobiernos, únicamente después
de revisar sus prácticas en materia de derechos humanos y exclusivamente tras
establecer como condición que se usara para vigilar a criminales y terroristas. Pero NSO reconoció que, después de
la venta, no tiene control sobre cómo se usa el programa espía. Y ya que los
rastros de este son descubiertos en un teléfono, no es posible determinar quién
lo intervino.
Lo que se sabe es que tres agencias
federales mexicanas han gastado unos 80 millones de dólares en el programa
espía creado por NSO desde 2011, y que fue utilizado contra destacados
académicos, abogados, periodistas y sus familiares, además del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los
investigadores tenían la tarea, con el consentimiento de México, de indagar la
desaparición de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014 después de que
fueron detenidos camino a Ciudad de México para una manifestación. El gobierno
arguye que los policías locales y un grupo narcotraficante para el que
trabajaban los oficiales asesinaron a los estudiantes. Después de meses de
protestas, el gobierno fue conminado a solicitar una investigación externa,
pero en cuanto esta puso en duda la versión oficial, el equipo fue víctima de
acoso y de vigilancia. Los investigadores se fueron de México en abril de 2016
y el caso sigue sin resolverse.
La desaparición masiva ya ha hecho
mucho daño a México y a su presidente, Enrique Peña Nieto, quien llegó al cargo
con la promesa de cambiar la imagen del país. Esta solo ha empeorado por las
revelaciones.
El abuso tan descarado de esta
tecnología justifica que haya otra investigación internacional. Peña Nieto ha
dicho que recibiría ayuda externa; esta vez realmente debería aceptarla.
Se puede
hacer mucho más para monitorear y controlar los programas espía comerciales. La
tentación para que los gobiernos le den mal uso es fuerte y las previsiones de
los fabricantes como NSO Group son, claramente, insuficientes.
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