El empresario Moisés Mansur
Cysneiros, uno de los presuntos prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, compró
miles de metros cuadrados en Lerma, Campeche, hasta en 26 centavos, revelan
informes de autoridades oficiales mexicanas.
La
Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), descubrieron que el complejo sistema de lavado de dinero utilizado por
Duarte de Ochoa y su red de operadores, permitió ingresar millones de pesos al
sistema financiero del país.
“Moisés Mansur Cysneiros adquirió en
los meses de agosto y noviembre de 2011, cinco parcelas con una superficie de
150 hectáreas en la cantidad de un millón 650 mil pesos, lo que representa en promedio
la cantidad de 1.10 pesos por metro cuadrado”, establece la investigación oficial
contra Cysneiros Mansur.
Para poder
vender las mismas, el fedatario público
de la Correduría Pública Número 35 de la Ciudad de México, Salomón Vargas
García, le otorgó un valor de mercado de 253 millones 300 mil 963.47 pesos a
las primeras parcelas que éste compró.
En resumen, Cysneiros Mansur compró en su primera
adquisición a 1.10 pesos el metro cuadrado y el corredor público lo tasó con
valor de 168 pesos, que equivale a un incremento del 15 mil 250 por ciento
desde su precio original.
El 22 de
octubre y 11 de noviembre de 2013, dos
años más tarde, el mismo personaje adquirió otras 150 hectáreas, divididas en
cuatro parcelas, pero en esta ocasión sólo pago 400 mil pesos, lo que significa
que en su segunda compra el precio por metro cuadrado fue de 26 centavos.
Junto con
Duarte de Ochoa se encuentran acusados
además de Mansur Cysneiros, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez,
Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Javier Nava Soria.
Las hermanas Elia y Nadia Isabel
Arzate Peralta, que fungían como secretarias de Moisés Mansur, fueron
condenadas ya a tres años de prisión al haber aceptado tratos y declararse
culpables del delito de lavado de dinero.
Las
autoridades mexicanas fundamentan su caso principalmente en cuatro ejes
rectores que han ido presentando en los casos ya sentenciados, pero también en
el que utilizarán ya con Duarte en suelo nacional.
Para juzgar
a Duarte de Ochoa y sus cómplices supuestos, la UIF, la SHCP y la PGR
fundamentaron la acusación en la adquisición de 21 parcelas ejidales en Lerma, Campeche.
Esas mismas
fueron, según reportes de la UIF, sobreevaluadas para vender en un precio mucho
mayor, para concentrar recursos de procedencia ilícita, algunos de los cuales
provienen del Gobierno de Veracruz, mediante el uso de “empresas fantasma” y
operaciones simuladas.
El cuarto
eje que utilizarán las autoridades que enjuiciarán a Duarte y sus supuestos
colaboradores, es la operación de compra y venta de los mismos, para de esta
forma introducir los recursos financieros en las cuentas bancarias de uno de
los sujetos denunciados en la investigación.
El origen de la investigación de las
autoridades mexicanas en torno a los terrenos adquiridos por los operadores de
Duarte establece en primer término que de las 21 parcelas José Juan Janeiro
Rodríguez adquirió el 22 de agosto y 28 de noviembre de 2011, los derechos de
tres parcelas.
Alfonso Ortega López, en las mismas
fechas, pero además en una segunda operación el 22 de octubre y 11 de noviembre
de 2013, fue autorizado para adquirir los derechos parcelarios de cuatro
parcelas.
Moisés Mansur Cysneiros, ubicado como
el principal socio y operador financiero de Duarte de Ochoa, adquirió el 22 de
agosto, el 28 de noviembre de 2011, el 22 de octubre y el 11 de noviembre de
2013 un total de nueve parcelas.
El cuarto comprador fue Rafael Gerardo
Rosas Bocardo. Él adquirió cinco parcelas en las mismas fechas del año 2011.
En un primer
momento los cuatro implicados pugnaron
por lograr el reconocimiento como miembros de la comunidad ejidal y una vez
reconocida esa calidad, se hicieron de los terrenos con el fin de venderlos en
un breve lapso, manifiesta el informe de la UIF.
Este proceso
vulneró los principios que rigen a la propiedad social del Ejido, entre las que
se encuentran las de otorgar medios de subsistencia a las personas que integran
estos núcleos sociales y quienes generalmente, dice el informe de la UIF, en
condiciones de pobreza e ignorancia.
Un claro ejemplo de que, es que ninguno de los compradores vivió en el Ejido Lerma por más de un
año tiempo completo, ya que todos ellos contrataron instrumentos financieros en
ese periodo de tiempo, registrando ante instituciones crediticias diversos
domicilios, que se encuentran, todos, fuera de los límites del Ejido Lerma, en
el estado de Campeche.
Moisés
Mansur Cysneiros, fue señalado por testigos y pruebas, como propietario de
varios inmuebles.
Dentro de las propiedades que se le
han descubierto a Mansur Cysneiros están un rancho con caballos de rejoneo en
Valle de Bravo, una mansión en Ixtapa Zihuatanejo y algunas viviendas en la
Colonia Prado Norte en la Ciudad de México.
Según el
informe de la UIF de la SHCP estas
testimoniales “hacen irracional que esta persona con tan cuantiosas
propiedades, pudiera ser un campesino con residencia habitual en una zona
considerada de bajo nivel económico y en donde el común denominador es la falta
de urbanización e infraestructura”.
El reporte de la UIF en este caso
establece que los involucrados realizaron una serie de acciones para sobre-evaluar
los precios de las parcelas e introducir al Sistema Financiero la mayor
cantidad de recursos posibles.
“Existe una
enorme desproporcionalidad entre el precio de la primera compra-venta celebrada
entre ejidatarios y las realizadas en el ámbito del Derecho Privado a dos
personas morales (empresas)”, explica el documento de 287 páginas.
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