El ex Gobernador priista de
Chihuahua, César Duarte Jáquez, no sólo es el único de los ex mandatarios
perseguidos penalmente que todavía continúa prófugo de la justicia. Al mismo
tiempo, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está por cumplir un
año sin resolución una solicitud de expulsión presentada en su contra desde el
22 de julio de 2016.
“Hay negligencia de parte de la
Comisión Nacional de Justicia Partidaria para resolver la suspensión y la
expulsión de César Duarte”, dijo Armando Barajas Ruiz, integrante del actual Consejo Político
Nacional del PRI y autor de la solicitud de expulsión contra el ex mandatario
chihuahuense.
“Se le está dando un trato
preferencial, porque, con los elementos que existen, desde que se presentó la
solicitud de expulsión el 22 de julio del año pasado, a los que existen este
momento –que son públicos y notorios, como las órdenes giradas por los jueces
para su detención, lo mismo que la ficha roja que presentó la Interpol para su
detención–, son suficientes para demostrar la falta de probidad que establecen
los estatutos para su suspensión como militante, y no lo han hecho”, agregó Barajas, también presidente
de la corriente interna denominada Solidaridad.
El abogado
explicó que, de acuerdo con las reglas
del partido, la solicitud de expulsión contra el ex mandatario chihuahuense
prescribirá al cumplir un año el próximo 22 de julio, por lo que, el pasado 5
de julio, presentó un escrito ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
con el fin de denunciar la omisión y advertir que ésta promueve el deterioro de
la imagen del tricolor.
“Como se
puede apreciar, esta H. Comisión Nacional en el presente asunto deja de
observar dichos principios (acceso a la justicia) y, con ello, como ya se ha
manifestado, sólo contribuye a que la imagen del Partido se deteriore día con
día, ya que deja de sancionar las conductas contrarias a los principios y ejes
rectores de nuestro instituto político y del país”, dice Barajas en su carta.
La expulsión de César Duarte fue
parte de una serie de peticiones de procedimientos internos en el partido
contra los entonces todavía mandatarios priistas con las mayores denuncias de
corrupción, como el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y el quintanarroense
Roberto Borge Angulo, ambos ya expulsados del PRI.
Entre sus argumentos para pedir la
expulsión, Barajas mencionó que las prácticas de corrupción atribuidas a los
tres ex mandatarios –que además dejaron las deudas públicas más abultadas del
país– fueron causa de las derrotas del tricolor en junio de 2016.
“Constituyen
un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales
locales en perjuicio de nuestro instituto político”, dice el texto de la
demanda.
El primero
en ser expulsado fue Duarte de Ochoa, cuyo procedimiento concluyó en la
Comisión de Justicia Partidaria desde septiembre, mientras que Borge Angulo fue
expulsado oficialmente el pasado mes de junio.
Cuestionado
desde octubre por la falta de avances en el caso de Duarte Jáquez, el
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo
desde entonces ante los medios que los procedimientos estarían resueltos antes
de que acabara 2016.
CÉSAR DUARTE
SE ESCABULLE.
El ex mandatario, sin embargo, no
sólo ha logrado evadir dos órdenes de aprehensión otorgadas por tribunales
mexicanos –una por peculado solicitada por la Fiscalía General del Estado de
Chihuahua, y otra por probables delitos electorales promovida por la
Procuraduría General de la República (PGR)–, sino que también permanece intocado
en sus derechos como militante priísta.
“Si nosotros
estamos poco a poco librándonos de los malos funcionarios emanados del partido,
y hemos dado un mensaje a la sociedad civil de que se está actuando, pues esto
nos frena de que la sociedad civil en un momento dado tome en cuenta lo que ya
se ha venido realizando con otros personajes”, dijo Barajas.
Luego de
estar al frente del Ejecutivo estatal de Chihuahua entre octubre de 2010 y
octubre de 2016, Duarte Jáquez se
convirtió en prófugo de la justicia desde marzo pasado, cuando el Gobierno
estatal actual, a cargo del panista Javier Corral Jurado, obtuvo una orden de
aprehensión en su contra por el delito de peculado en perjuicio de la
Administración pública que, de acuerdo con la Fiscalía estatal, “le generó
ganancias ilícitas por más de 400 millones de pesos”.
La
investigación del estado es parte de la “Operación Justicia para Chihuahua”,
que ha llevado ante tribunales a diez presuntos cómplices del ex mandatario
estatal. También, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade) de la PGR informó el 30 de junio pasado que había obtenido
otra orden de aprehensión contra el ex mandatario, ante indicios de desvío de
recursos públicos del estado para actividades y campañas del tricolor.
Datos de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), por su parte, indican que el ex mandatario dejó pendiente de
aclarar el destino de más de mil millones de pesos.
Tanto Duarte
de Ochoa como Duarte Jáquez y Roberto Borge fueron elogiados en mayo de 2012
por el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, que los mencionó
como ejemplo del proceso de “renovación interior” que vivía el PRI.
“Tú observas
hoy los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes o actores
de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el
Gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua…”,
dijo Peña Nieto en mayo de 2012, cuando, en una entrevista de televisión, se le
pidió poner “nombres” a su afirmación de que el partido se estaba renovando.
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