Tomás Zerón de Lucio, el amigo de
Enrique Peña Nieto quien compró el malware espía Pegasus a nombre de la PGR en
octubre de 2014, canceló su participación en una mesa de diálogo que se llevó a
cabo esta mañana en el Senado y donde presentaría las razones por las cuales
México requiere una “estrategia nacional de ciberseguridad”.
La cancelación ocurrió apenas un día
después de un nuevo capítulo del caso #GobiernoEspía, el escándalo de espionaje
gubernamental operado contra activistas, periodistas y políticos con el
programa Pegasus: ayer, el Citizen Lab confirmó que los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibieron mensajes
infectados por el malware durante su misión en México, bajo el mandato de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La presencia
de Zerón hubiera sido doblemente
interesante en el foro: mientras dirigía la Agencia de Investigación Criminal
(AIC) fue el hombre clave en la
negociación y la compra de programas espías; además, estuvo a cargo de la
investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
Guerrero, en la que el GIEI coadyuvó con la PGR.
El GIEI señaló directamente a Zerón
por actuar fuera de la ley y “manipular” evidencias: el 24 de abril de 2016, al
presentar su informe final sobre la investigación del caso Ayotzinapa, los
expertos exhibieron un video del 28 de octubre de 2014, en el que aparecía
Zerón, vestido de civil, junto con Agustín García Reyes –presunto integrante
del grupo criminal Guerreros Unidos– a las orillas del río San Juan en el
municipio guerrerense de Cocula.
El video no fue integrado al
expediente, y Zerón aseveró que la diligencia ministerial a ese lugar se llevó
a cabo el día siguiente.
Zerón, ahora
secretario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), fue uno de los artífices de la desacreditada “verdad histórica”, que el
gobierno federal presentó para explicar lo ocurrido en la noche del 26 de
septiembre de 2014 en Iguala.
Según esta
versión, policías municipales de Iguala entregaron a los normalistas al grupo
criminal Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró en el basurero de Cocula y
arrojó sus cenizas al río San Juan.
Sin embargo,
los dos informes que elaboró el GIEI
durante su estancia en México enterraron la “verdad histórica” y obligaron a la
PGR a abrir nuevas líneas de investigación, las cuales abarcaron a la Policía
Federal, Sedena o el trasiego de heroína de Iguala a Estados Unidos.
De acuerdo con el informe que publicó
el Citizen Lab ayer, los integrantes del GIEI recibieron mensajes con enlaces
“infecciosos” los días 1 y 4 de marzo de 2016, en un momento clave de su misión
en México: el 21 de febrero anterior habían denunciado en público que la PGR
obstaculizaba su labor, y apenas un mes y medio después presentaron su reporte
final.
Justo cuando Zerón estaba al frente
de la AIC, compró un paquete de 500 infecciones mediante el sistema Pegasus a
la empresa Grupo Tech Bull, el 29 de octubre de 2014, por un monto total que se
elevó a 32 millones de dólares.
Hasta la
fecha existen evidencias de que la PGR, el Cisen –dependiente de la Secretaría
de Gobernación (Segob)– y Sedena adquirieron la tecnología Pegasus,
desarrollada por la empresa NSO Group, de origen israelí.
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