En su peregrinar en busca de
justicia, familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando acudieron
hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) con la esperanza de
reunirse con su titular, Raúl Cervantes, para plantearle la necesidad de abrir
la investigación a fin de conocer el alcance de la misma después de siete años
de la tragedia que enlutó sus hogares.
Sin embargo,
no lograron ver al funcionario federal.
Sólo fueron atendidos por personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos
durante escasos 30 minutos.
“No podemos ayudar, somos
intermediarios”, les dijeron, según narró Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Delgadillo
representa legalmente a nueve familias que perdieron a sus hijos y hermanos en
el rancho El Huizachal, ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas,
donde perdieron la vida 72 migrantes –58 hombres y 14 mujeres– en el 2010 a
manos de presuntos sicarios al servicio del crimen organizado.
La
representante acompaña a las familias que provienen de Guatemala y El Salvador,
quienes ayer denunciaron en conferencia de prensa que, a siete años de
distancia, no está claro aún quiénes son los responsables de la matanza y si
alguna línea apunta a la participación u omisión de agentes estatales.
También aseguraron que viven en la
incertidumbre por no saber si los restos que les entregaron pertenecen
realmente a sus familiares que se dirigían a Estados Unidos. Recordaron que
todavía siguen sin ser identificados 10 de los 72 cadáveres.
Todas esas dudas querían
planteárselas al titular de la PGR, pero los servidores públicos de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos les dijeron que les entregaran por escrito
sus cuestionamientos.
“Esto es una falta de respeto, los
familiares vienen desde lejos para poder hablar con el procurador y nos salen
con esto. Es una grosería para los migrantes y para los mexicanos”, dijo, molesta, Berenice Valdez
Rivera, del colectivo Migración para las Américas, otra de las acompañantes de
las familias centroamericanas.
Ana Lorena Delgadillo demandó la
intervención de la diplomacia para que coadyuve con las familias que también
pretenden solicitar a las autoridades mexicanas exhumar y practicar análisis de
ADN a los restos de las víctimas.
Antes de partir con las manos vacías,
la directora de FJEDD subrayó: “No estamos pidiendo imposibles, pedimos que se
identifiquen los restos, copias de los expedientes, que los mecanismos
funcionen y funcionen bien. Pedimos justicia y nada más.
“La masacre
de los 72 representa y es el inicio de una de las peores tragedias que ha
vivido la población migrante. Queremos
que se investigue, se sancione y se repare el daño”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.