“Si el pueblo paga ¡eólicas tienen
que pagar!”, así protestaron regidores y habitantes zapotecos de Juchitán de
Zaragoza al bloquear las entradas del Congreso local para impedir que la 63
legislatura apruebe un dictamen de colaboración administrativa donde se
pretende exentar de impuestos a las empresas de energía eólica porque a los
presidentes municipales “ya les calentaron la mano”.
Así lo denunció la síndica hacendaria
del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, María Cruz Vásquez, quien agregó que
la presidenta municipal Gloria Sánchez López junto con su hermano el cacique
político Héctor Sánchez López, traicionaron a su pueblo y han pactado con los
inversionistas de las empresas eólicas a cambio de dinero.
Portando
camisetas blancas con la consigna “Si el pueblo paga ¡eólicas tienen que
pagar!”, los inconformes tomaron el
Congreso local desde las 06:00 horas y se mantienen en “guardia” durante la
sesión ordinaria porque el acuerdo con los legisladores es que ese dictamen no
será aprobado.
Luego de
calificar a la perredista Gloria Sánchez y al exsenador del PRD Héctor Sánchez
López de comparsas del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de “vendepatrias”,
y de mantener “un cacicazgo político para hacer negocio con los parques
eólicos”, Cruz Vásquez los acusó de tener el control de 65 millones de pesos
que les entregó la empresa Eólica del Sur como pago por el cambio de uso de
suelo y construcción.
Recordó que
el pasado 22 de junio, el gobernador Alejandro Murat firmó un acuerdo “en
materia fiscal, protección civil, registral y social, con el Poder Legislativo
de la entidad, federación y gobiernos municipales de Asunción Ixtaltepec, El
Espinal, Juchitán, Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo.
“El 22 de junio, el gobernador se
encerró con los presidentes municipales y las empresas para que firmaran y la
presidenta de Juchitán dijo que habría que firmar porque iban a dar un dinero y
eso es un argumento pueril e infantil porque lo que nos preocupa y molesta es
que hay un inciso donde se habla que el municipio se compromete a no imponer
ningún tipo de impuesto, más que cuando lleguen a instalarse y paguen su
licencia de construcción”, añadió.
Lo grave es que “Juchitán y los
pueblos del Istmo somos víctimas de un despojo de recursos naturales porque las
empresas eólicas no están cumpliendo con lo que aparece como impuestos
municipales ya que no han aportado ni un quinto, ni han generado empleos, al
contrario, hay deterioro ambiental y ruptura del tejido comunitario”.
Considera que estas acciones en lo
oscurito y a espaldas del pueblo “es una afrenta porque no hay beneficios sino
perjuicios y está englobado en las Zonas Económicas Especiales”.
Explicó que recurrieron
al Congreso porque “son quienes deben defender a nuestra gente, la soberanía y
el territorio, que verifiquen que se apliquen bien los recursos y que haya
transparencia”.
Por lo
pronto, dijo que el cabildo se encuentra
dividido porque en una anterior reunión siete regidores, de los 13 que
conforman el ayuntamiento, votaron que sí se firme ese convenio y el resto se
opone porque “no es justo que a la clase baja se le cargue la mano con el IVA,
el ISR y la persecución del SAT, mientras que a esas empresas se les condonan
impuestos cuando esos recursos pueden utilizarse para el combate de la
inseguridad en la ciudad más violenta del país que es Juchitán, para educación
o llevar medicamentos a hospitales”.
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