Han pasado cuatro años desde que el
Ejecutivo federal aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –la denominada “Ley Anti-lavado”-,
sin embargo, en los hechos a quedado a deber ante la falta de capacidad de las
autoridades para armar y sostener los casos, sostienen analistas consultados
por SinEmbargo.
Los resultados oficiales lo
corroboran. Al cierre del año pasado, sólo el 0.1 por ciento de las
averiguaciones previas por delitos financieros terminaron en una sentencia
penal por parte de un juez. Esto es, 0.8 puntos porcentuales menos que en 2013,
refieren datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Atacar la estructura financiera de
los grupos criminales, han alertado especialistas en seguridad, es la manera
más efectiva de enfrentarlos. México lleva casi 11 años sumido en una guerra declarada en
contra de la delincuencia organizada, con más de 180 mil muertos.
Los analistas consultados por este
medio digital concuerdan en algo: la Ley Antilavado es un paso hacia delante,
pero no está exenta de “lagunas y errores” que dificultan la entrega de
resultados positivos, lo que provoca que la persecución de operaciones con
recursos de procedencia Ilícita “se quede corta frente al gran fenómeno que
esto implica”, como
refirió Jorge García Villalobos, abogado y socio de Investigaciones Forenses de
Deloitte.
Hay dos temas esenciales en materia
de prevención e identificación del delito de blanqueo de dinero. Uno es la
capacidad de inteligencia por parte del Gobierno federal para perseguir el
ilícito; y otro es la suficiencia de los ministerios públicos federales para
armar los casos, emitir averiguaciones y turnar el expediente a los tribunales
que sentencian.
En nuestro
país, el Gobierno federal estima que se
lavan alrededor de 10 mil millones de dólares anuales (176.8 mil millones de
pesos al año), monto equivalente al 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) -en la década de los noventa, el blanqueo de dinero no superaba el 0.5
por ciento del PIB-.
Sin embargo,
no se sabe la cantidad exacta de dinero que se blanquea en México. De acuerdo
con la firma TM Sourcing, que se especializa en el combate al lavado de dinero,
la cifra se dispara hasta los 50 mil
millones de dólares (884.7 mil millones de pesos por año).
A pesar del
nuevo marco legal, de la creación en 2004 de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de
que la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con tres unidades para
investigar y analizar las operaciones financieras, de julio de 2013 a julio de 2017, las autoridades sólo han logrado
encontrar 60 presuntos casos de lavado de dinero, de acuerdo con los reportes
del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Inclusive,
Alberto Bazbaz Sacal, titular de la UIF, reconoció hace unos meses que en el
último año no pudieron bloquear más que mil millones de pesos entre personas
físicas y morales. Sólo para combatir al crimen organizado -refirió de manera
pública- haría falta que los aseguramientos o bloqueos de recursos de
procedencia ilícita en el sistema financiero alcanzaran al menos los 5 mil
millones de pesos al año.
La Unidad de
Datos de SinEmbargo le solicitó una entrevista al funcionario público, pero al
cierre de esta edición, no se le localizó.
LA LEY Y LA
UNIDAD DE INTELIGENCIA.
Cuando en
2013 se aprobó la Ley Antilavado, el Gobierno federal atendió las
recomendaciones hechas (en 2008) por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),
organismo internacional dedicado al combate del lavado de activos y financiamiento
del terrorismo.
Entre otras
cuestiones, el GAFI señaló que nuestro país carecía de un adecuado marco
normativo antilavado y que la cantidad de acusaciones penales en la materia era
baja.
Con la Ley
Antilavado, la actual administración buscó establecer mecanismos para detectar
los casos de blanqueo, obtener pruebas y bloquear o asegurar los recursos
ilícitos. Y a partir de su entrada en vigor, las personas físicas y morales
(empresas) que realizan alguna de las actividades consideradas como “vulnerables”
-como los servicios crediticios, los juegos y los sorteos, la comercialización
de monedas y metales, las operaciones en aduanas, entre otros-, tienen la
obligación de reportarse ante el SAT, que se encarga de supervisar y ejecutar
la Ley.
El registro
más actual del SAT, mayo de este año, da cuenta de 72 mil 647 actividades
vulnerables y 64 mil 468 personas físicas y morales obligadas a cumplir con la
Ley Antilavado. Sin embargo, el 28.2 por
ciento de las personas no cumplieron con las obligaciones de Ley y fueron
multadas; y un 23 por ciento fueron omisos parciales. Esto implica que sólo el
49 por ciento de los sujetos obligados cumple con la norma. ¿Por qué?
“Más allá de generar un escenario en
donde los sujetos obligados puedan coadyuvar en la prevención de lavado de
dinero, [la Ley] realmente puso a mucha gente en una situación complicada,
porque no sabían cómo atender las obligaciones. A esto súmale otro factor: muchos
abogados y fiscalizas decidieron hacer negocio aún sin conocer los aspectos más
elementales de la adecuada gestión de riesgos en materia antilavado, y
decidieron comenzar a dar consultoría que está totalmente errada”, explicó
Salvador Mejía, director de Asimetrics, firma de consultoría especializada en
prevención de lavado de dinero.
Además, como
consecuencia de la nueva Ley, las instituciones bancarias, de seguros y fianzas
y de fondos del retiro, deben de reportar al Gobierno federal -supervisadas por
la CNBV, CNSF y CONSAR, respectivamente- cualquier actividad irregular o sospechosa.
Según Mejía, al obligar al sector
económico a detectar operaciones cuestionables, que nunca “había tenido una
obligación como esta, no saben qué hacer”. Ante ello, dice, el sector contrata
consultorías inadecuadas, “o simple y sencillamente les importa muy poco y
cumplen por cumplir”.
En el caso
del sector financiero, el especialista señaló que, aunque “está mucho más
fortalecido, es más sencillo mandar
reportes que analizar las operaciones”.
Lo anterior implica que la UIF tenga
datos, pero no los datos adecuados para poder avanzar en el análisis de las
redes financieras o de las redes de vínculos.
“Lo que realmente está haciendo [la
autoridad] no es otra cosa sino es estar dando golpes de suerte. Y obviamente ya están echando a andar una herramienta muy poderosa que es
el bloqueo de cuentas, aunque también, en un debate más profundo, esto
inclusive puede llegar a considerarse que raya en lo inconstitucional”, explicó
el directivo de Asimetrics.
Que la Unidad de Inteligencia de
Hacienda no reciba la información adecuada para poder realizar una
investigación robusta, explicó, limita su capacidad para presentar casos y
sustentarlos de modo adecuado. Y sin pruebas contundentes, el Ministerio
Público Federal no puede fundamentar los casos, de modo que éstos terminen con
una sentencia penal en los tribunales.
“La UIF se
queda corta porque carece de posibilidad de mediar, de negociar, consignar o de
presentar los casos y de litigar los casos. Ellos se vuelven de una forma
coadyuvantes del Ministerio Público en la carpeta de investigación, si es que
encuentran elementos de pruebas suficientes con que iniciar la carpeta […]. Sí
necesitan más atribuciones y recursos financieros, pero también es cierto que
su función es únicamente de inteligencia”, señaló Jorge García Villalobos de
Deloitte.
De 2013 a 2016, el número de
averiguaciones de la PGR que terminaron en manos de algún juez y que fueron
devueltas por fallas en su integración, aumentó. En 2013, el 17 por ciento eran
regresadas. Tres años después, más de la mitad de las averiguaciones (57 por
ciento) fueron devueltas.
Lo mismo
sucede con las carpetas de investigación que la PGR consigna –o que forman
parte de un proceso penal y que llegan a un juez-: mientras que durante el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa la Procuraduría consignó el 39.2 por ciento de las carpetas iniciadas
por lavado de dinero (mil 520), durante la actual administración sólo ha
logrado consignar el 18 por ciento de ellas (mil 955).
LA PGR Y LAS
SENTENCIAS.
Los datos
oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera refieren que, de 2012 a la
fecha, el número de investigaciones aumentó.
De 2012 a
2016, el número de reportes de operaciones inusuales (actividades con
irregularidades) que recibió la SHCP a través de la UIF se triplicó (pasó de 57
mil 263 a 167 mil 860 reportes). Hasta junio de este año, la Secretaría recibió
85 mil 739 reportes. En el caso de las operaciones preocupantes (actividades
que pueden violar la Ley), de 2012 a junio de este año el incremento fue de
casi el doble (de 157 a 286).
Por su
parte, el número de denuncias registradas por la Secretaría de Hacienda tuvo un
incremento del 220 por ciento (de 35 a 112) entre 2012 y 2016. Hasta junio de
2017, la UIF registró 61 denuncias.
Sólo los
reportes de operaciones relevantes (transacciones que implican riesgo de
lavado) y de operaciones con dólares en efectivo fueron a la baja en ese
periodo de tiempo: 10.2 y 25 por ciento, respectivamente.
A pesar de que hay más investigación,
lo cierto es que hay menos resultados.
“No
necesariamente los ministerios públicos están capacitados para poder demostrar
ante un juez la probable responsabilidad de una persona en el delito contenido”
en la Ley. “Y bajo el nuevo sistema penal acusatorio, van a tener que explicar
de viva voz una red de vínculos”, comentó el directivo de Asimetrics.
En esto concordó Villalobos de
Deloitte, quien aseveró que “a la PGR le falta recurso tecnológico de punta con
la cual puedan hacer sus investigaciones y analizar el cúmulo de información
que se presenta en sistemas financieros y actividades vulnerables que requieren
investigación. Le falta capacitación a su recurso humano en temas de
investigación en este flagelo que es tan complejo; y un sistema de peritos
especializados en todos los temas financieros. Es decir, el tema financiero
enfocado principalmente a la investigación y prevención de lavado de dinero”.
Al cierre del año pasado, la PGR
recibió 116 mil 589 averiguaciones previas. De esas, el 1.7 por ciento (2 mil
026) estuvieron relacionadas con delitos en materia financiera. Sólo el 22 por
ciento (444) de los presuntos casos de delitos financieros fue “despachado”, o
bien, terminó en manos de algún juez.
De las 444
averiguaciones previas despachadas en materia de delitos financieros,
únicamente 98 -el 4.8 por ciento de las 2 mil 026 registradas hasta finales de
2016- fueron consignadas o formaron parte de un proceso penal, refiere la ASF.
Sin embargo,
sólo tres de las 98 averiguaciones
previas consignadas fueron sentenciadas por un juez, lo que representa el 0.1
por ciento de las 2 mil 026 averiguaciones previas por delitos financieros,
recibidas por la PGR en 2016.
Aunado a ello, entre 2013 y 2016, el
despacho de averiguaciones previas se redujo en un 37 por ciento (pasó de 706 a
444); las
consignaciones aumentaron en un 10.1 por ciento (de 89 a 98); las sentencias se
redujeron en un 85 por ciento (de 20 a 3 en tres años); y las averiguaciones
devueltas por los jueces -por falta de pruebas suficientes- se incrementaron de
17 a 57 por cada 100 casos.
En consecuencia, la ASF determinó en
su revisión de la Cuenta Pública 2016 que la investigación y persecución de los
delitos en materia financiera “fueron insuficientes para reducir la impunidad
de esos delitos”. Situación que vulnera al sistema financiero mexicano.
LA INVERSIÓN
EN INTELIGENCIA A LA BAJA.
Para este
año, la Secretaría de Hacienda destinó
196 millones 129 mil 497 pesos para la “detección y prevención de ilícitos
financieros” a través de la UIF, refiere el Presupuesto de Egresos de la
Federación -el año pasado fue de 202 millones, es decir, un 3 por ciento más
que ahora-.
De 2015 al
presente, la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR, que investiga la información necesaria para dar
solución a los presuntos casos de lavado de dinero, tuvo una reducción en su
presupuesto del 42 por ciento (pasó de 65.2 a 37.9 millones de pesos anuales).
Lo mismo le
sucedió a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM)
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), misma que se encarga de investigar los casos de lavado de dinero
relacionados con el crimen organizado. La
reducción de su presupuesto fue del 5 por ciento (pasó de 69.3 a 65.8 millones
de pesos anuales entre 2015 y 2017).
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