Salvador Camarena.
El lunes
pasado, un día antes del nuevo terremoto del 19 de septiembre, el gobierno de
la Ciudad de México recibió un conjunto de normas que mejoraban aspectos del
reglamento de obras de la capital. Esa podría ser una buena noticia.
La mala noticia es que desde hace
diez meses Miguel Ángel Mancera permitió la suspensión de partes del mencionado
reglamento, relativas –ni más ni menos– a cómo debe ser la supervisión, por
parte de un perito independiente, del diseño y la seguridad estructural de los
edificios a construirse en la capital de la República.
Según
fuentes con conocimiento de primera mano, la historia es como sigue.
Grupos inmobiliarios llevan años
presionando a las autoridades para que se modifique el reglamento de obras en
lo tocante a la supervisión del diseño estructural de los inmuebles.
Los constructores argumentan, todo
según las fuentes consultadas, que sus costos se elevan dado que el reglamento
de construcción del Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias
obligan a tener a un corresponsable en seguridad estructural, y a contratar,
encima y por fuera, a un supervisor del diseño de esa estructura.
La industria de la construcción
alegaba, además, que el supervisor les generaba costos añadidos pues muchas
veces se iniciaba una obra y para cuando llegaban las observaciones del
supervisor éstas suponían deshacer el camino andado.
(Uno
pensaría que si el proyecto está bien hecho no tendría que haber correcciones
serias, y que, de haberlas si esas correcciones son para el bien de todos, lo
de menos es cuándo lleguen pero vale, ahí está esa queja de nuestros constructores).
El tema es que el gobierno (es un
decir) de Mancera cedió a las presiones de los inmobiliarios y en noviembre
pasado dejó de aplicar el criterio relativo a la supervisión externa para los
proyectos, esto a la espera de las propuestas de un grupo de trabajo, instalado
ex profeso, que redactaría una nueva norma sobre revisión estructural.
Ese grupo de
trabajo fue creado por el Comité Asesor de la Ciudad de México en Seguridad
Estructural, instancia surgida precisamente tras el terremoto de 1985 y que
sería formalizada durante la administración de Oscar Espinosa.
Los ingenieros trabajaron en una
nueva norma, que fue lo que entregaron a Mancera horas antes del nuevo
terremoto. El texto propuesto da al corresponsable contratado por las
inmobiliarias la labor de supervisión estructural (ahorro para las
constructoras, una persona realiza las dos tareas). Asimismo, dispone que la
supervisión sea en paralelo con el desarrollo del diseño, por lo que no
deberían ocurrir graves desfases entre observaciones y corrección, de forma tal
que se evitarían los costos de corregir obra avanzada.
La ciudad ganará porque con la nueva
norma el revisor del diseño deberá rendir cuentas al gobierno de la Ciudad de
México, y porque se especifica claramente el tipo de informes que la autoridad
esperará de ellos.
La única duda es por qué se decidió
suspender el reglamento mientras un grupo redactaba la nueva norma. ¿Cuántos
edificios se habrán colado –nunca mejor dicho- estos meses sin revisar?
Edificios que el reglamento cataloga como del grupo A (escuelas y hospitales),
del B1 (oficinas en inmuebles sobre terreno blando) y del B2 (viviendas en
esquinas). Edificios de ese tipo, de los que ahora se cayeron, sin supervisión
estructural.
Mancera
tenía planeado anunciar la nueva norma el martes en el marco de la
conmemoración del terremoto de 1985. Tenía. Hoy tenemos una ciudad en
emergencia, un reglamento que no se aplica a cabalidad desde noviembre, y una
nueva norma de supervisión estructural guardada en un cajón.
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