Expulsión amañada.

Raymundo Riva Palacio.

Algo no está bien, aunque parezca correcto. El jueves pasado el gobierno de México declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte, con lo que, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresaba su “absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, que significa una franca y creciente violación del derecho internacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para el mundo”, particularmente para países aliados como Japón y Corea del Sur. El embajador Kim Hyong Gil respondió que la acción era “ignorante” y que el desacuerdo sobre el programa nuclear era un tema de Estados Unidos que “nada tenía que ver con México”. La acción tuvo poca repercusión porque el sismo, horas después del anuncio, atrajo por completo a la opinión pública y a la sociedad política. Pero la duda existe: ¿por qué aprobó el presidente Enrique Peña Nieto su expulsión?

La explicación oficial es tramposa. De haber sido consistente la política exterior mexicana, como explicó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, el gobierno de México se habría mantenido, como hasta el jueves pasado, neutral.

La expulsión del embajador norcoreano rompió la neutralidad y lleva a pensar, cuando menos para efectos de argumentación, que el gobierno peñista le quiso hacer un favor a Estados Unidos, enfrentado directamente con el régimen de Pyongyang, o a China, donde la rebeldía de su aliado le está mermando respeto internacional al no estar pudiendo contenerlo. En este caso, cuando menos, la política exterior es inconsistente e inexplicable.

Desde 2006, el régimen de Pyongyang ha violado siete resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en protesta por las actividades nucleares y lanzamiento de misiles. Cuatro de ellas se dieron durante el gobierno del presidente Peña Nieto: diciembre de 2012, febrero de 2013, en marzo y en noviembre de 2016, y la última en agosto pasado. Cada una condenó a Corea del Norte y le urgió a cesar su actividad ilegal, pero no hizo nada hasta que sucedieron dos eventos que motivaron, coincidentemente o no, el importante cambio en la política exterior mexicana.

El primero fue el 16 de agosto, cuando de visita a Chile, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, urgió a Brasil, Perú, Chile y México a romper relaciones con el gobierno de Kim Jong-un, para incrementar el aislamiento internacional de Corea del Norte. Brasil dijo que acataría las decisiones de las organizaciones multilaterales, lo que significa que no haría caso de una petición bilateral. Perú, que en los últimos meses ha reducido su personal diplomático en Pyongyang, dijo que no planeaba tomar ninguna acción. Chile llegó a un acuerdo conjunto hace cuatro años para restablecer relaciones con Corea del Norte, pero hasta la fecha no han intercambiado embajadores. México sustituyó al embajador José Luis Bernal, quien era embajador concurrente en Corea del Norte, en abril pasado, pero su relevo, Bruno Figueroa, ya no fue nombrado para atender los asuntos en Pyongyang, que lleva un encargado de negocios no mexicano.

El segundo se dio en el marco de la Cumbre de los BRICS, en Xiamen el 4 de septiembre, donde el presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jingping, tras lo cual condenaron la actividad nuclear de Corea del Norte y, de acuerdo con el comunicado de la presidencia mexicana, coincidieron en la necesidad de aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Horas antes de que México declarara persona non grata al embajador norcoreano, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, señaló en una conferencia de prensa que el Consejo de Seguridad de las Naciones debía responder con mayores sanciones ante la última explosión nuclear de Corea del Norte. “Creemos que las sanciones y la presión son sólo la mitad de lo que se necesita para resolver el problema”, agregó. “La otra mitad es el diálogo y la negociación”.

Japón, que no tiene relaciones formales con Corea del Norte, pero mantiene un diálogo permanente, insiste en la necesidad de mantener negociaciones y puertas abiertas con Pyongyang. Corea del Sur tiene relaciones con su vecino del norte, y su nuevo presidente, Moon Jae-in, ha sido criticado en su país por ser proclive a intensificar sus vínculos con Kim Jong-un. No hay ningún país que haya tomado una decisión tan radical, en estos momentos de tensión, como México, que súbitamente se metió en medio de un conflicto con posiciones distintas a las que aquellos que dice, enfrentan sus aliados, están manteniendo.

La postura de México ha sido tensa durante muchos años, pese a las constantes violaciones de Corea del Norte a los acuerdos suscritos por ambos países. México restableció relaciones diplomáticas con Pyongyang en 1980, con un compromiso recíproco de prohibición completa de ensayos nucleares, lo cual marchó bien hasta 2003, cuando Corea del Norte se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear. Tres años después iniciaron sus pruebas con misiles, que impactaron en el Mar de Japón. En 2009 México condenó por primera vez al régimen norcoreano y dijo que sus acciones ponían en riesgo la estabilidad en la región. Pero siempre mantuvo la neutralidad.

Esta posición ha sido rota por el extraño activismo del canciller Luis Videgaray, cuya opacidad para explicar cuáles son las razones de fondo por las que se tomó la decisión, causan inquietud sobre el trasfondo de sus recomendaciones al presidente Peña Nieto. La percepción es entreguismo a las superpotencias nucleares. Si quiere evitar que esa idea se anide como realidad, una justificación menos amañada es lo que procede.