El desastre
natural ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, que enlutó 78 hogares, dejó al descubierto la pobreza, pero
también la incapacidad gubernamental, la
falta de coordinación en la distribución de la ayuda humanitaria, el uso discrecional
de los escasos recursos que han llegado a la zona y, sobre todo, la miseria
humana reflejada en el oportunismo político.
Así lo dio a
conocer la Misión de Observación Humanitaria integrado por el Centro de
Derechos Humanos Tepeyac, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos
Gobixha, Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e
Investigación, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ProDESC), Servicios para una Educación Alternativa y Tequio Jurídico, que coinciden en que las necesidades básicas
urgentes de las personas afectadas por el sismo no han sido cubiertas.
El
coordinador del área de justica trasnacional en ProDESC, Juan Antonio López, reconoció que todos los partidos políticos
sin excepción están lucrando políticamente con la tragedia lo que exhibe lo
ruin y mezquinos que son porque hasta de la desgracia ajena hacen negocio.
El oportunismo político inicia desde
el gobernador, porque a San Francisco del Mar pueblo viejo llegaron apenas 100
despensas que llevó la Secretaría General de Gobierno y al entregarlas hacían
hincapié en que eran “de parte del gobernador Alejandro Murat y su esposa
Ivette Morán”.
En otros lugares sorprendieron
entregas de ayuda a nombre del senador del PT, Benjamín Robles Montoya, del
diputado del PRI, Samuel Gurrión, también hay fotografías de diputados del PRD
donde hasta hacen un puente para entregar los apoyos a nombre de su partido.
En el peor
de los casos, hay presidentes
municipales que confiscan despensas y se las llevan a su domicilio en lugar de
llevarlos a los albergues o como en San Francisco Ixhuatán donde hay tres
albergues, uno del PRI, otro del PRD y el tercero del PAN.
Otra irregularidad que observaron fue
“la danza de las cifras”, que no son congruentes y por eso se mueven de muy
poco hasta mucho. Muestra de ello es que primero decían que eran 600 mil
damnificados, luego subió a 800 mil y hasta un millón y ahora dicen que son
alrededor de 300 mil.
También
tomaron nota de que los secretarios de
Estado hacían un pequeño recorrido, se bajaban en dos o tres lugares, se
tomaban la foto y se regresaban a sus hoteles donde montaron sus oficinas
provisionales, pero en áreas climatizadas, con café a la mano y comida a la
carta.
Mencionaron el caso del secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, que iba un rato a Unión Hidalgo y luego
regresaba al hotel Calli de Tehuantepec donde también se hospedó la Policía Federal.
O el caso del subsecretario de
Gobernación, René Juárez Cisneros, quien ocupó la mitad del Hotel Santo Domingo
y de ese confort hacían cuadrar cifras y “si no las inventamos” comentó uno de
sus subordinados.
La titular de Sedatu, Rosario Robles,
de plano reservó todo un hotel en Salina Cruz para su equipo y al final no
quería pagar las habitaciones que no ocupó, denunciaron.
Juan Antonio
López considera que las cifras oficiales
no son creíbles porque los altos mandos iban a la foto y su personal no tienen
preparación de cómo hacer un censo de viviendas dañadas y menos de
damnificados.
Los gobiernos federal y estatal han
involucrado a diferentes instancias gubernamentales (como las Secretarías de
Energía y de Turismo y a la Comisión Nacional Forestal) que no tienen ni la
capacidad ni la experiencia en este tipo de desastres para realizar
diagnósticos de los inmuebles dañados.
También estaban censando mecánicos de
los Ángeles Verdes o personal de la CFE cuando los que están capacitados son el
INEGI o Sedesol.
La Misión
Humanitaria.
Tras el
sismo del pasado 7 de septiembre, la
Misión de Observación Humanitaria (MOH) recorrió la zona del Istmo de
Tehuantepec en Oaxaca, atestiguando la falta de coordinación gubernamental en
la distribución de la ayuda humanitaria y el uso discrecional de los escasos
recursos que han llegado a la zona.
Las labores
de reconocimiento las realizó en las comunidades de Ixhuatán, Juchitán de
Zaragoza, Matías Romero, Río Pachiñe, San Dionisio del Mar, Pueblo Nuevo
(Agencia Municipal de San Francisco del Mar), San Mateo del Mar, Santa María
Xadani y Unión Hidalgo, afectadas por el sismo de magnitud 8.2.
El objetivo
fue vigilar que la acción humanitaria se implemente bajo los principios de
imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia operacional que dictan
los más altos estándares del derecho internacional humanitario.
Lo que logró documentar es que existe
una falta de coordinación interinstitucional en todas las zonas de desastre y
no se actúa de manera pronta. En contraste, existe amplia presencia militar y
de la Policía Federal en las diferentes comunidades visitadas.
Además, la ayuda humanitaria que ha llegado es
deficiente e insuficiente. Las necesidades básicas urgentes de las personas
afectadas por el sismo como el derecho al agua, a la alimentación y a la salud,
entre otros, no han sido cubiertas. Adicionalmente, los esfuerzos de acopio y
entrega de víveres desde la sociedad civil se han enfrentado a hostigamiento y,
en algunos casos, el acopio ha sido decomisado.
Hizo hincapié
que precandidatos y funcionarios
públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria
entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y los partidos
políticos, algunos incluso recanalizan los víveres que llegan a la zona.
También algunas empresas privadas como las eólicas
están jugando un papel protagónico en la respuesta, situación que no debería
suplir las obligaciones del gobierno.
Y es que varias de estas empresas han
tenido conflictos en algunas de estas comunidades por el desarrollo de
megaproyectos y se desconoce si tienen las capacidades y el conocimiento para
realizar las labores de respuesta bajo los más altos estándares del derecho
internacional humanitario.
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