Raymundo Riva Palacio.
El 25 de
noviembre de 2008, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
difundió un informe sobre las operaciones tácticas en el mundo, que en 51
páginas proveía una perspectiva para las tendencias futuras de riesgo, los
conflictos, sus contextos e implicaciones. “En términos de los peores
escenarios para el Comando Conjunto, y para el mundo, dos estados importantes y grandes requieren de consideración por un
rápido y súbito colapso: Pakistán y México”, afirmó este informe sobre los
riesgos que enfrentaba Estados Unidos. Desde la aparición de este documento se
comenzó a mencionar que México era un Estado fallido, que a finales de la
década pasada provocó un agitado debate político en México sobre la definición,
y que en los últimos días volvió a resurgir porque el general John Kelly, jefe
de gabinete de la Casa Blanca, lo subrayó durante una reunión privada con los
líderes demócratas en el Capitolio.
Un Estado fallido se refiere a
estados débiles donde no existe un gobierno efectivo ni tiene el uso legítimo
de la fuerza, y donde los poderes fácticos, los poderes de hecho, son quienes
imponen sus decisiones por encima de la ley.
Kelly se refirió a México como “un
narco-estado fallido”, según las descripciones de prensa, durante la reunión en la Casa Blanca,
presidida por el presidente Donald Trump. El mismo día que se publicó la
primera referencia de Kelly en el diario The New York Times, el secretario de
la Defensa, el general Jim Mattis, viajó a México para participar en las conmemoraciones
de la Independencia. En el avión, los periodistas que lo acompañaron le
preguntaron sobre lo dicho por Kelly.
“¿Cree que México está explotando?”,
le preguntó un periodista. “No”, respondió Mattis. “El gobierno (mexicano) está
perfectamente consciente de su problema de criminalidad. Están enfrentándolo.
En el problema de las drogas que están llegando a Estados Unidos, estamos
trabajando conjuntamente. México tiene, como cada nación, los desafíos que
tiene que enfrentar, y está consciente de ellos, y aquí estoy para apoyarlos en
combatirlos”. Mattis fue cuidadoso en
las horas previas a su llegada a México, invitado por los secretarios de la
Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y de la Marina, el almirante Vidal
Soberón. Pero Mattis sabía perfectamente del contexto de lo que había hablado
Kelly. Cuando el Pentágono publicó el documento sobre los riesgos futuros, el
general Mattis firmó la presentación como jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
El gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto sabe desde hace tiempo que las relaciones con Estados Unidos en
materia de seguridad han sido bastante malas y de creciente desconfianza.
Comenzó la tensión durante el gobierno de Barack Obama, porque el diseño de la
política de seguridad peñista partía del principio de cortar de tajo
prácticamente toda la relación diversificada con las agencias de seguridad y de
inteligencia de Estados Unidos. Una de las primeras señales de recelo fue
cuando el gobierno mexicano decidió no participar en el proceso de la doble
certificación, que exigía el estadounidense para poder compartir información de
inteligencia de alta calidad. Sólo la Marina mantuvo la norma, y sólo la Marina
siguió recibiendo esa información. El desmantelamiento de Plataforma México,
que se construyó con los recursos de la Iniciativa Mérida, fue otra señal de
duda. La destrucción de los sistemas y protocolos del sistema penitenciario,
que facilitaron la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, fue síntoma que los
recursos se estaban utilizando para fines poco claros.
El gobierno de Obama, y el del
presidente Donald Trump al relevarlo, vieron como responsable de este retroceso
en materia de seguridad al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong. Nunca le negaron una visita a Washington, pero tampoco le abrieron la
puerta a la Casa Blanca. Incluso, cuando viajó en enero del año pasado el presidente Peña Nieto a
ver a Obama, aceptaron la visita a la Oficina Oval con su comitiva de
secretarios, siempre y cuando no llevara a Osorio Chong. Durante la transición
del gobierno electo de Trump, Luis Videgaray, ministro sin cartera en ese
entonces, se reunió con el yerno del futuro presidente para reencauzar las
maltrechas relaciones bilaterales, y de acuerdo con lo que reportó a Peña
Nieto, tampoco querían a Osorio Chong.
No es
protagonismo el que Videgaray, ahora secretario de Relaciones Exteriores, lleve
la voz del gobierno de México en Washington sobre los temas de seguridad,
desplazando al secretario de Gobernación, quien es el responsable de ella.
Osorio Chong ha dicho que su relación con el equipo de seguridad de Trump es
excelente y que a través de las pláticas que ha sostenido con ellos, les ha
mostrado una realidad que no habían contemplado previamente. Osorio Chong ha
hablado varias veces con el general John Kelly, cuando era su contraparte como
secretario de Seguridad Interna, pues a mediados de julio fue nombrado jefe de
gabinete de la Casa Blanca.
Osorio Chong no persuadió a Kelly, ni
modificó su idea sobre México. Al contrario. En el cuestionario que respondió
al Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado en su
audiencia de confirmación, en enero, Kelly subrayó que el problema de la
seguridad de Estados Unidos no estaba sólo en México, sino “en las junglas de
América Latina y el istmo centroamericano”, y que se necesitaba trabajar con los mexicanos en una
estrategia integral regional. La semana
pasada el mismo general escaló el problema con México. Es un Estado fallido,
como ha descrito antes a los centroamericanos. No hay que trabajar con los
mexicanos, sugirió, sino enfrentarlos.
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